La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más profundo repudio a la decisión tomada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) mediante la Resolución Nº RESFG2018-251-APN-AABE#JGM en la que solicita la asignación en uso de un sector perteneciente a la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN para otorgárselo a la empresa NUEVO CENTRAL ARGENTINO S.A. (NCA) con el objeto de darle al inmueble un uso ferroviario en el marco del Plan Integral de Transporte Ferroviario del AMBA.

Señor presidente:

A raíz de un comunicado institucional de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN (UNSAM), que lleva la firma de su Rector Carlos Greco, hemos tomado conocimiento de una Resolución de la AABE, la Nº RESFG2018-251-APN-AABE#JGM, cuyo contenido entraña una polémica decisión que se suma al ajuste que vive la universidad pública, y cuyo objetivo responde a la concreción de un fabuloso negocio inmobiliario en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que amenaza dejar a dicha Universidad sin su campus universitario.

La resolución de fecha 13 de agosto de 2018 determina la desafectación de un sector del Campus Miguelete, perteneciente a la UNSAM, con una superficie aproximada de 12.000 mts2, ubicada en las cercanías de la estación Miguelete del Ferrocarril Mitre, para destinarlo a “reestructurar y relocalizar las actividades correspondientes a los servicios de cargas” que la empresa Nuevo Central Argentino S.A. operaba en terrenos adyacentes a la estación Colegiales, que serán subastados para su adquisición por grandes desarrolladores inmobiliarios.

Cabe destacar que el Campus Miguelete es un anexo donde durante los últimos 15 años la UNSAM realizó una fuerte inversión en infraestructura, con más de 60.000 metros cuadrados construidos o reacondicionados para actividades de enseñanza, investigación y gestión. En dicho sector cuyo uso la AABE pretende desafectar funciona el Centro de Vinculación Tecnológica, con importantes proyectos de emprendedores, y próximamente iba a comenzar la construcción de la sede Miguelete de la Escuela Secundaria Técnica, el Centro de Prototipado Integral de Viviendas Económicas y Sustentables y el Laboratorio de Ciencia y Nanosistemas, entre otras iniciativas, todas con financiamiento propio de la UNSAM y también externo.

Según lo consignado por las autoridades de la UNSAM, la medida unilateral tomada por la AABE pretende sustentarse en la potestad del organismo para “desafectar aquellos bienes inmuebles del Estado Nacional… cuando de su previa fiscalización resultare la falta de afectación específica, uso indebido o estado de innecesariedad”, circunstancias que no se cumplen en este caso.

Por su parte también se resalta el esfuerzo que realiza la UNSAM “para poner en valor un terreno largamente postergado que se ha visto muchas veces entorpecido por la desidia de los organismos que deberían haber, entre otras medidas, retirado el material ferroviario de rezago existente en un vasto sector del campus, el cual genera condiciones de perjuicio ambiental e inseguridad”.

Señor Presidente, en un escenario donde la universidad pública viene siendo objeto de constantes ataques por parte de los más altos funcionarios de la Alianza Cambiemos, no extraña una resolución como la que origina ésta iniciativa.

Debe concitar nuestra atención saber que la desafectación que propone la resolución Nº RESFG2018-251-APN-AABE#JGM se realiza a los fines de posibilitar que la empresa NCA reestructure y relocalice las actividades correspondientes a los servicios de cargas, esto es, se pondera el uso ferroviario a que se destinará el predio por sobre aquellas actividades de enseñanza, investigación y gestión que se llevan a cabo en una universidad pública cuyos terrenos le pertenecen legítimamente conforme lo dispone la Resolución AABE Nº 54/13.

Como también advierten, desde la propia universidad, la operatoria que se pretende desarrollar, en el predio que ocupa la UNSAM, impactará negativamente sobre todas las actividades que desarrollan en el Campus Miguelete los estudiantes, los docentes y el personal no docente, además de afectar el medio ambiente y el entorno arquitectónico y urbanístico de la casa de estudios.

Esta decisión política que se plasma en la citada resolución y coloca en situación de riesgo los terrenos afectados, obedece a un proyecto edilicio que beneficiará a desarrolladores inmobiliarios después de una cesión del predio que la Nación le hizo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En efecto, el predio de 9 hectáreas está ubicado entre las vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, desde la calle Juramento hasta Santos Dumont y los frentes de las calles Benjamín Matienzo, Santos Dumont, Concepción Arenal y Dorrego, desde Crámer hasta Av. Álvarez Thomas.

A través de un Concurso Nacional de Ideas organizado por la Sociedad Central de Arquitectos se recibieron numerosas propuestas para intervenir este espacio de la ciudad, planteando garantizar el equilibrio urbano entre la vida pública y la privada. El proyecto ganador del Concurso Nacional de Ideas pertenece a los arquitectos Marcelo D’Andrea y Oliverio Najmias. Proponen sumar espacios verdes, promover el desarrollo urbano e integrar el tejido urbano en un nuevo paisaje contemporáneo. La idea paisajística incluiría parquización, forestación y apertura de espacio público del 78% de la superficie total. El 22% del área restante se destinaría a desarrollos inmobiliarios y servicios para borrar las fronteras de la estructura ferroviaria.

Señor Presidente, no es posible admitir que el objetivo que se propone la AABE desde su sitio institucional, en cuanto a “promover desarrollos urbanísticos sustentables sobre predios abandonados o subutilizados”, y para “agregar valor a las comunidades donde están emplazados para generar espacios públicos y recreativos” lo sea en desmedro de afectar terrenos –como en el caso que nos ocupa- donde actualmente se encuentran emplazadas dependencias de una universidad pública, en abierta violación a lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 24.521 cuando establece que “El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”

En una nota que le efectuara el diario “La Nación” de fecha 25 de enero de 2018, Ramón Lanús, titular de la AABE afirmaba “No estamos reventando activos del Estado, estamos transformando bienes”

Sin embargo, el organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros vino desplegando una política agresiva de venta de terrenos en manos del Estado que fue noticia constante en 2017. Edificios y predios en Retiro, San Telmo o Núñez, además de campos del Ejército en Córdoba, integran un amplio listado de bienes subastados en el marco de un proceso que despertó el apetito de grandes desarrolladores inmobiliarios -Consultatio, de Eduardo Costantini; Rahgsa, de Moisés Khafif; TGLT; Argencons- así como variadas críticas de quienes ven en esas operaciones la entrega de terrenos públicos a negocios privados.

No nos sorprende que, en el marco de un brutal ajuste del presupuesto respecto de las universidades nacionales, aparezcan situaciones como las que originan esta iniciativa en las que la supuesta “transformación de bienes” lo es en perjuicio de una universidad pública.

Señor Presidente, el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario en terrenos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no puede llevarse a cabo sacrificando legítimos espacios que desde hace muchos años se encuentran destinados a la formación de saberes con una lógica inclusiva y solidaria tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 4º del Estatuto de la UNSAM: “Art. 4º: La Universidad Nacional de General San Martín se define como una comunidad de estudio, enseñanza, investigación y extensión, comprometida en la búsqueda universal de la verdad”.

Las autoridades de la Universidad han decidido llevar adelante todas las acciones legales, en el ámbito administrativo y judicial, en defensa de los intereses de la comunidad universitaria, para que se revoque la Resolución de la AABE. En ese sentido, se ha solicitado la suspensión de la medida y se ha interpuesto un recurso administrativo de reconsideración para que se deje sin efecto la resolución.

A su vez, se han propuesto realizar gestiones al más alto nivel del Estado Nacional para alertar a las autoridades competentes sobre la inconveniencia y falta de mérito de la resolución adoptada por el mencionado organismo descentralizado.

La Ley de Educación Nacional establece que la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social que deben ser garantizados por el Estado. Por ende, la educación es entendida como una prioridad que debe quedar plasmada en una política de Estado que reafirme la soberanía e identidad cultural, profundice el ejercicio de la ciudadanía democrática, respete los derechos humanos y libertades fundamentales, promoviendo el desarrollo económico-social de la Nación.

Como legisladores nacionales comprometidos con el Sistema de Educación Pública, no podemos permitir este atropello a la universidad pública fundado en la preponderancia de intereses que se orientan a privilegiar el lucro y la especulación inmobiliaria por sobre el estudio, la enseñanza y la investigación.

Desde esta profunda convicción repudiamos esta decisión de la AABE y nos sumamos desde esta casa del pueblo a generar los mecanismos institucionales necesarios para que la misma sea revocada.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares, Señores Diputados de la Nación, a que me acompañen en el presente proyecto de Resolución, con su tratamiento y aprobación.