La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

SOLICITAR INFORMES AL JEFE DE GABINETE DE LA NACIÓN Y AL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE ADMINISTRACION DE BIENES DEL ESTADO

Solicitar informes al señor Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al Presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Ramón María Lanús, para que respondan sobre las siguientes cuestiones respecto a los predios de Estación Colegiales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

- La situación legal, explicando en qué leyes vigentes se basan los intentos de enajenación en que se encuentran los predios de propiedad nacional conocidos como Estación Colegiales, en la CABA. Estos están delimitados por el eje de la calle Virrey Avilés, eje de la calle Vidal, deslinde con Distrito UP, línea divisoria de las Fracciones A y B de la Manzana 119, sección 37, Circunscripción 17, eje de la calle Moldes, eje de la Av. Federico Lacroze y deslinde con el área operativa del FFCC General Bartolomé Mitre.

- Si este predio es de propiedad de la Nación argentina.

- Si se ha cumplido con la norma constitucional (art. 75, inciso 5 de la Constitución Nacional aprobado en 1994) que plantea que solo el Congreso está autorizado a “disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”.

- Con qué criterio y autoridad se habría eventualmente tomado la decisión de transferir al gobierno de la CABA, la zonificación y avance de las medidas que preparan la venta y privatización de las tierras (en su totalidad o parcialmente) para que posteriormente el Poder Ejecutivo Nacional las enajene.

- Si conoce la resolución de la jueza Andrea Danas, del Juzgado N° 9 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA, que ha dado lugar al Amparo N° 1992/2018-0, que declara “la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley N° 5875” que avanza en tareas de privatización de estas tierras nacionales, plantea “la suspensión de la vigencia y los efectos de la Ley N° 5875 en su integralidad” e íntima a realizar “Audiencia Pública obligatoria”.

- Si esta metodología es igualmente utilizada para otros predios de propiedad del Estado nacional que estarían siendo vendidos en forma ejecutiva, sin pasar, previamente por la autorización del Congreso Nacional: San Isidro, Campo de Mayo, etc., etc.

Solicitamos estas respuestas a la mayor brevedad, dada la emergencia y agitación pública que está asumiendo estas sospechas de negociados realizadas a espaldas de los vecinos.

Señor presidente:

El gobierno nacional viene desarrollando una ofensiva de liquidación de tierras, propiedad del Estado nacional, desde su asunción. Pero ahora, ante la envergadura de la crisis económica y social del país, la está acelerando. Parecería que estamos ante una foto de final de fiesta. Y que hubiera una carrera por adjudicar-rapiñar un “botín” con las propiedades estatales.

Esta enajenación de propiedades nacionales (que se calculan en 80 mil) se hace vulnerando normas, incluso constitucionales. Ya que es sabido que tanto en la Constitución de 1853, como en la reforma constitucional de 1994 se ha planteado que la autorización para venta de la propiedad estatal, debe ser autorizada por el Congreso Nacional (artículo 75, inciso 5). Hacemos este señalamiento para mostrar al conjunto de la población que cuando se trata de acelerar negocios -como en este caso la disposición de tierras públicas para la especulación inmobiliaria, la clase social que nos gobierna no tiene ningún reparo en violentar las mismas leyes y “el texto madre” que ella misma ha elaborado para gobernar. Sabemos bien que “saltearse el trámite parlamentario” solo tiene por objetivo sustraer de la opinión y el debate público una discusión respecto del destino de tierras que pertenecen al Estado nacional. También denunciamos la política general de privatización de tierras que defienden tanto el oficialismo, como la pseudo ‘oposición’, de lo cual ha dado sobrada muestra la acción privatizadora desarrollada en la Legislatura porteña, donde el voto de macristas, radicales, kirchneristas y peronistas, ha acompañado negociados inmobiliarios de todo tipo, sistemáticamente denunciados por el Frente de Izquierda.

En el 2012, el kirchnerismo creó la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que cuenta con plena independencia y autarquía para disponer de los bienes y propiedades del Estado, autorizando su enajenación y ha sido de este modo un instrumento de la privatización del suelo urbano por parte de las corporaciones de la especulación inmobiliaria. El macrismo se vale de este instrumento para profundizar ahora esa política. En este punto, como se ve, no hay grieta.

En este pedido de informes, estamos discutiendo un caso que es emblemático: el de las tierras fiscales del llamado playón de Colegiales, en la CABA. Se trata de un gran predio –el último gran predio existente en la CABA- de 6,9 hectáreas, de las cuales se quieren disponer pasándolas al Gobierno CABA para su libre disposición y venta, 4,6 hectáreas. Se trata de una zona superurbanizada y la más carente de espacios verdes de la Ciudad. Más de 6000 vecinos de Colegiales han elevado un petitorio que reclama la parquización de toda esa zona, (respetando algunos edificios históricos, transformándolos en talleres y museos artísticos-culturales) con acceso público y gratuito.

En su lugar, se está implementando, ya incluso con avisos públicos en medios periodísticos, proyectos de construcción de viviendas de lujo. Los vecinos denuncian que se trata de negocios inmobiliarios especulativos.

Por tal motivo, es urgente que se responda a este Pedido de Informes. Porque como dicen los vecinos: “Lo que perdemos hoy, no lo vamos a poder recuperar. El proceso será irreversible”.

Solicitamos a las señoras y los señores diputados acompañen este Pedido de Informes al Poder Ejecutivo y su Agencia de Administración de Bienes del Estado.