La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su apoyo y solidaridad con la lucha de los docentes universitarios, que están de paro en todo el país, reclamando un 30% de recomposición salarial con cláusula gatillo, actualización periódica de los salarios según la evolución de la inflación y el pago de todas las deudas salariales; el salario para los docentes ad honorem; la aplicación del Convenio Colectivo de Trabajo; y la devolución de los 4.000 millones de pesos recortados del presupuesto universitario. Se trata de una causa popular en defensa de la educación pública, contra el ajuste presupuestario que impulsan el gobierno y el FMI, y que forma parte de una política de mercantilización educativa y degradación de la formación académica de los trabajadores y la juventud.

La defensa de la universidad pública es una causa que involucra no sólo a los docenes, sino también a los estudiantes y no docentes, que sufren a diario las consecuencias del derrumbe edilicio, la falta de presupuesto y la degradación de la formación académica a través de los recortes de los planes de estudio que buscan pasar contenidos a posgrados pagos.

Señor presidente:

La docencia universitaria se encuentra protagonizando una verdadera rebelión en defensa de la educación y la universidad pública. Llevan semanas de paro y movilizaciones en todo el país que están sumando un apoyo cada vez más masivo de la población en distintas provincias y localidades en defensa del salario docente y el presupuesto educativo.

La defensa de la universidad pública es una causa que involucra no sólo a los docenes, sino también a los estudiantes y no docentes, que sufren a diario las consecuencias del derrumbe edilicio, la falta de presupuesto y la degradación de la formación académica a través de los recortes de los planes de estudio que buscan pasar contenidos a posgrados pagos. Lo mismo sucede en los distintos niveles educativos. En materia de planes de estudio, las reformas de las últimas décadas en la escuela secundaria han sido verdaderamente ilustrativas. Con esta política -que vienen aplicando hace décadas los distintos gobiernos en sintonía con los planes del Banco Mundial- no sólo buscan favorecer el negocio de la privatización educativa, sino devaluar la formación educativa de los futuros trabajadores para adaptarlos a un mercado laboral cada más precarizado.

Desde noviembre del año pasado los docentes universitarios sólo han cobrado un 5% de incremento en mayo y se impondrá un cobro de un 5,8% en agosto, ambos en forma unilateral ante el rechazo a tal despojo por parte de los docentes. Un docente de hasta cinco años de antigüedad cobra por cargo la ínfima suma de 6.000 pesos.

La defensa de esta “pauta salarial” de miseria es inseparable de los planes fondomonetaristas de supuesta “reducción del gasto”. Cada peso arrancado a los docentes alimenta otro gasto -el del pago de la creciente deuda usuraria. En la universidad, el 90% del presupuesto se dedica a los salarios docentes y no docentes. El derrumbe salarial que pretende el gobierno nacional y provincial le significa un ahorro de más de 15.000 millones de pesos. Un aporte directo de los trabajadores al ajuste del FMI, Macri y los gobernadores. Pero los organismos multilaterales imperialistas y la burguesía exigen más. La gobernadora Vidal manifestó que sobran universidades en la provincia de Buenos Aires. Al igual que con Atucha II, Conicet, Arsat y otros, piden el desmantelamiento del complejo científico tecnológico y su privatización. En la universidad se realiza alrededor de dos tercios de la investigación del país y, contrariamente a lo que sucede en Chille o Brasil, el 70% de los estudiantes cursa en la universidad estatal, que es no arancelada. El recorte presupuestario de más de 4.000 millones de pesos y el atraso de más de tres meses en el pago de insumos médicos de investigación, de becas o incluso del gas y luz completan el cuadro de ataque al sistema universitario.

Con el atraso en los pagos a los proveedores y el corte de los convenios con el Estado Nacional, las “camarillas” vieron el peligro de su propia continuidad. En la universidad Arturo Jauretche del rector pejotista Villanueva, la deuda salarial llega a seis meses para los docentes contratados y el presupuesto aguanta hasta octubre. En la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA se produjeron 400 despidos de no docentes contratados, al terminarse los denominados fondos propios con los que se pagaban sus salarios. El Ministerio de Educación plantea terminar con la paritaria nacional en las universidades y concretar todos los despidos.

El paro de la docencia y la crisis de las camarillas han provocado una irrupción popular que lleva la huelga universitaria al centro de la situación política y que contrapone los intereses de los trabajadores con el acuerdo con el FMI pactado por el gobierno nacional.

Esta ofensiva contra el salario docente universitario, el presupuesto de la universidad y las condiciones de trabajo y enseñanza en las Universidades Nacionales, que forma parte de un conjunto de medidas impulsadas por los gobiernos nacional y provinciales que profundizan las políticas de desfinanciamiento en la educación impulsada por gobiernos anteriores, en pos de recortar el presupuesto mediante la reducción del mismo, el detrimento de los salarios, la eliminación de derechos históricos de la docencia en general, la implementación de nuevas reformas educativas que apuntan al beneficio de la educación privada, sirven para cumplir con los requerimientos del FMI que apuntan a un ajuste en regla para los trabajadores y estudiantes.

Los docentes universitarios junto a estudiantes y con apoyo de la comunidad se han puesto en pie para defender los intereses de los trabajadores y la defensa de educación pública y gratuita.

Por todo lo expuesto, solicito a los Señores Diputados de la Nación que acompañen el presente Proyecto de declaración.