La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación por los dichos de la Ministra de Comunicación del gobierno de transición del Estado Plurinacional de Bolivia, Sra. Roxana Lizárraga, quien acusó a los equipos periodísticos que se encuentran en el país vecino cubriendo los sucesos de los últimos días, de haber cometido actos de “sedición”; y asimismo, reafirma su compromiso con la libertad de expresión y la defensa del trabajo de los comunicadores sociales.

Señor presidente:

Durante los últimos días, los equipos periodísticos argentinos, como también los de otras nacionalidades, que se encuentran cubriendo la terrible crisis institucional que afecta al Estado Plurinacional de Bolivia, fueron agredidos durante las manifestaciones que se llevaban a cabo en la Ciudad de La Paz.

Periodistas y camarógrafos de los Canales de noticias TN, América 24, Crónica TV y Telefé, fueron insultados y atacados violentamente, debiendo resguardarse en sus hoteles debido a la creciente inseguridad que reina en las calles de dicha Ciudad.

Asimismo, los Equipos de Prensa fueron acusados de realizar actos de “sedición” por parte del gobierno de transición de Jeanine Añez. La Ministra interina de Comunicación, Roxana Lizarraga, señaló “Lo que hacen algunos periodistas que son en algunos casos, bolivianos o extranjeros que están causando sedición en nuestro país, tienen que responder a la ley boliviana”, y al responder a una pregunta de un comunicador, aseveró que estas personas, a quienes calificó de “pseudoperiodistas”, están identificadas y el Ministerio de Gobierno tomará las acciones pertinentes.

Cabe destacar que el código penal de Bolivia en el artículo 123° trata el delito de sedición. El mismo reza: “Serán sancionados con reclusión de uno a tres años los que sin desconocer la autoridad del Gobierno legalmente constituido, se alzaren públicamente y en abierta hostilidad, para deponer a algún funcionario o empleado público, impedir su posesión u oponerse al cumplimiento de leyes, decretos o resoluciones judiciales o administrativos, ejercer algún acto de odio o de venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de los particulares o trastornar o turbar de cualquier modo el orden público.”

De ningún modo consideramos que los periodistas realizando sus labores de comunicadores, puedan estar actuando bajo este tipo penal, sino que entendemos que la imputación que realizó la Ministra podría encuadrarse en un intento de censura, dado que uno de los mecanismos más directos para amenazar la libertad de prensa es a través de la censura previa, que consiste en prohibir la difusión de cierta información, bajo amenazas o cualquier tipo de agresión.

A raíz de los hechos desatados, la Cancillería argentina solicitó a las autoridades en ejercicio del poder en Bolivia, velar por la seguridad e integridad física de los medios argentinos presentes en dicho país.

Asimismo, las declaraciones de la Sra. Lizarraga y las agresiones a periodistas, también fueron repudiadas por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), a través de un comunicado.

Como legisladores, instamos al inmediato restablecimiento del Estado de Derecho en nuestro país hermano, y repudiamos el quiebre institucional que lo afecta en la actualidad, así como todo acto que haga peligrar la libertad de prensa, requisito ineludible para asegurar la democracia.

Cabe destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general quienes deseen influir sobre la colectividad, puedan desarrollarse plenamente”.

En el mismo sentido, entendemos que la libertad de prensa es fundamental en los sistemas democráticos, ya que permite a los ciudadanos formarse opiniones y criterios en relación con la realidad en que viven. Por ello, instamos a las autoridades bolivianas a que tomen las medidas pertinentes para asegurar la labor de los comunicadores tanto nacionales como extranjeros, garantizando el ejercicio de la libertad de prensa sin ningún tipo de obstáculo o censura.

Creemos que es nuestra responsabilidad condenar hechos de esta magnitud, y reafirmar nuestro compromiso con la libertad de expresión y el trabajo que realizan los comunicadores sociales, y es por este motivo es que solicito a mis colegas que me acompañen en el presente Proyecto de Resolución.