La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación por la muerte de tres mujeres en Pacheco, Pilar y Santiago del Estero, tras practicarse abortos clandestinos, causadas por la falta de aplicación del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo promocionado desde el año 2015, exigiéndole al Ministerio de Salud de la Nación que fiscalice que todas las provincias del país adhieran a dicho Protocolo.

Señor presidente:

Desde 1921, el artículo 86 del Código Penal estableció excepciones a la punibilidad del aborto. Esto implica que es legal en casos de violación o cuando se encuentre en peligro la salud y/o la vida de la mujer.

Como reafirmación de este derecho, en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció en un fallo histórico para la salud pública en el que ratificó el derecho al acceso al aborto en todas las circunstancias especificadas en la ley, al tiempo que ordenó que el poder judicial se abstenga de judicializar el acceso al aborto legal, con el fin de agilizar la interrupción legal del embarazo. Y finalmente, ordenó a las autoridades gubernamentales la confección de protocolos sanitarios que garanticen la realización de la ILE. Bajo esa normativa, en el 2015 el Ministerio de Salud de la Nación publicó el “Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”.

El objetivo principal del protocolo es asegurar que el personal efector de salud (incluido el administrativo y de seguridad) comprenda que es responsable de garantizar y no obstruir el derecho a interrumpir un embarazo cuando éste ponga en riesgo la vida o la salud de la persona o cuando sea producto de una violación.

Según indica el documento, los equipos de salud “son los primeros responsables por la provisión de ILEs y de prevenir y buscar evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud, ya sea que se trate de los subsistemas público, de obras sociales o privado”.

Nos encontramos profundamente preocupados/as por la situación de criminalizar el aborto que vivimos como sociedad. Recuperamos tres casos solamente que ocurrieron durante el último tiempo y que el Estado Nacional podría haber prevenido. Necesitamos de manera urgente que se reglamente el Protocolo de ILE del Ministerio de Salud de la Nación para prevenir abortos no punibles, sumado a la aplicación de la educación sexual integral en todas las instituciones educativas.

El día 5 de Agosto del presente año falleció en el Hospital Regional de la capital provincial de Santiago del Estero, Liliana Herrera como consecuencia de una infección generalizada: tenía 22 años y era madre de dos hijas de 3 y 6 años. La operaron para sacarle el útero, sufrió paros cardiorrespiratorios durante la cirugía, y en terapia intensiva falleció. En el mismo hospital y este mismo año fallecieron tres mujeres por practicar aborto clandestino. Liliana perteneció a la escuela de Lomitas, un lugar donde habitan familias muy pobres, quienes no tienen acceso al agua potable y a la luz, tampoco a Internet. Hoy en día, servicios básicos para todos/as.

¿Es incorrecta nuestra preocupación por la Salud Sexual Integral sabiendo que para Liliana era la escuela el lugar donde podía informarse y accedía a los servicios? ¿Es incorrecto asociar a quienes tienen recursos con la capacidad de realizarse un aborto? Si la provincia tuviese el Protocolo funcionando correctamente, este caso podría haberse prevenido, y nuestra sociedad no lamentaría una muerte.

El 13 Agosto otra mujer fallecía por practicarse un aborto de manera insegura y por sus propios medios sin la asistencia del Estado. Aida Nuñez Rodas ingresaba al Hospital San Martín de la provincia de Buenos Aires este mismo día por la noche, pero por falta de una unidad de terapia intensiva, se la trasladaba de urgencia al Hospital General de Pacheco en Tigre. Llegaba al hospital de San Martín con un cuadro de spticemia post aborto y se le realizó una histerectomía de urgencia; se la traslado y falleció. Un aborto clandestino practicado con el tallo de un perejil generó otra muerte.

La cantidad de mujeres internadas por abortos clandestinos debe ser tenida en cuenta por las autoridades del Estado Nacional y de las Provincias. Entendemos que la aplicación del Protocolo de ILE es una necesidad. No podemos desde nuestro sistema de salud empujar a las mujeres a realizarse un aborto con herramientas, métodos, y en ámbitos precarios.

El lunes 13 de Agosto en Pilar enterraron a Romina Fernández. La misma había llegado con un aborto incompleto al hospital Sanguinetti el día 8 de este mes, falleciendo el sábado 11. El mismo día que Romina entraba al hospital nuestro Parlamento se encontraba discutiendo el proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo. La preocupación es tal que mientras debatimos al interior de nuestras instituciones, afuera nuestras mujeres se mueren.

Nuestro sistema de salud tiene la capacidad para prevenir estas muertes que suceden cotidianamente en nuestro país. Las provincias no pueden mirar a un costado. Tenemos la capacidad institucional y científica de poseer un Protocolo de ILE desde el año 2015.

Consideramos que su aplicación genera justicia social en nuestro país, construye un Estado más responsable, y cuida a nuestras mujeres. Por lo tanto, le exigimos al Ministerio de Salud de la Nación que fiscalice para que todas las provincias adhieran al mismo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.