La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más honda preocupación por la violación de los derechos humanos en la hermana República de Nicaragua.

Señor presidente:

La República de Nicaragua sufre de una clara falta de voluntad del Estado para garantizar la rendición de cuentas y una consolidación de la impunidad por la violación de los derechos humanos.

Así lo sostiene un informe de la Naciones Unidas publicado el 6 de septiembre de 2019.

Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto a el grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; aseguran que se les ha negado a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación tras las graves violaciones reportadas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas.

Las autoridades Nicaragüenses han negado cualquier responsabilidad culpando a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los derechos humanos y a los manifestantes de lo que ellos llaman la “violencia golpista” y de la repercusión negativa en la economía del país.

Además existe represión contra los sectores críticos con el Gobierno recurriendo este a la retórica para desacreditar y atacar a los defensores de derechos humanos, los periodistas y las personas críticas con el Gobierno. Esta situación ha conducido a una reducción continua y notable del espacio cívico.

A esto se suman los arrestos y detenciones arbitrarios que son un medio de represión de la expresión de la disidencia, habiendo denuncias de tortura y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas.

Se ha utilizado la Justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo.

La OACNUDH también denunció abusos cometidos por las personas involucradas en protestas, entre ellos la muerte de agentes de policía y miembros del partido Sandinista y las lesiones a los mismos, así como la destrucción de infraestructura pública.

Es por ello que se solicita que el Gobierno Nicaragüense tome medidas inmediatas para poner fin a la tortura y las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas de su libertad por manifestar opiniones críticas con el Gobierno; que se modifique la legislación penal para que sea congruente con las normas y estándares internacionales; y que se asegure la pronta aplicación de las reformas electorales e instituciones destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes.

Por todo lo anterior, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.