El Senado y Cámara de Diputados...

SUSPENSION DE LOS DESMONTES DE LOS BOSQUES NATIVOS

Artículo 1°: Se prohíben y suspenden los desmontes y cambios de uso del suelo por un período de 24 meses a partir de la sanción de la presente Ley. La suspensión incluye a los desmontes y cambios de uso del suelo, que hayan sido autorizados previamente, en virtud del principio precautorio que debe regir en cuestiones ambientales.

Artículo 2°: La suspensión de desmontes establecida en el artículo 1 podrá ser prorrogada por similares períodos, cuantas veces hiciera falta hasta que se considere superados los motivos que la fundamentan.

Artículo 3°: Deróguese toda norma que permita la re-categorización de toda zona de mayor grado de protección a una de menor grado de protección.

Artículo 4°: Se reconoce poder de veto y de control y seguimiento del cumplimiento de la presente ley, a las Asambleas Populares Ambientales -que serán constituidas en forma directa por los trabajadores, las comunidades originarias y los pueblos de cada zona en que estén asentados los Bosques Nativos- para cualquier modificación del status de dichos Bosques. Y con pleno mandato de que se garantice el cumplimiento de esta ley.

Artículo 5°: De forma.

Señor presidente:

Debemos partir de reconocer que la Ley N° 26331, ley de Presupuestos mínimos de protección ambiental, más conocida como la Ley de Bosques, ha encontrado sus límites en la clase propietaria de las tierras donde están asentados dichos bosques. Estas oligarquías terratenientes hasta han transformado la ley en una nueva fuente para esquilmar los fondos fiscales con los subsidios que el Estado debe pagar en las llamadas “zonas rojas” y “zonas amarillas” donde están prohibidos los desmontes. Terrenos donde no se puede producir (por su carácter pedregoso, etc.) productos agropecuarios reciben subsidios estatales. Lo concreto, es que luego de haber disminuido en una primera etapa el ritmo de los desmontes, en los últimos años ha vuelto a aumentar de una manera alarmante.

Son los gobiernos provinciales los que permiten la recategorización desde una zona de mayor protección a otra de menor, con el fin de autorizar desmontes. Evidencian así su carácter corrupto y están violando el principio precautorio establecido -incluso- en la ley general del ambiente.

Estos desmontes se deben principalmente al avance del cultivo de soja y de la ganadería. Es el gobierno nacional y los gobiernos provinciales los que han llamado a extender sin límite alguno las fronteras agropecuarias. Más allá de las ‘recategorizaciones’ se han incrementado notablemente los desmontes ilegales y ‘accidentales’ (incendios, etc.).

El avance de estos desmontes se hizo -en muchos casos- a costa del desalojo de comunidades originarias y campesinos criollos, muchos de cuales han pasado a formar parte de las periferias de poblados cercanos a las capitales provinciales aumentando el pauperismo de un sector de la población condenado a condiciones de precariedad y miseria crecientes. Un informe (parcial) de organizaciones ambientalistas señala que en el último año se han deforestado ilegalmente el equivalente a dos veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires, con la pérdida de 40.965 hectáreas de bosques nativos solo en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa.

El motor de estos desmontes es el afán de lucro de monopolios y terratenientes que solo se interesan por aumentar sus ganancias. Estos desmontes tienen incidencia directa en los problemas ambientales y sociales: inundaciones, etc.

Un reconocido ambientalista ha planteado: “Es hora de que la Argentina debata el desmonte ilegal, el otorgamiento de los permisos para deforestar en zonas protegidas y el incendio intencional como delitos penales ambientales y que se obligue a los responsables a restaurar los bosques nativos".

Mientras se desarrolla este debate es necesario dictar de manera urgente una ley que establezca la prohibición taxativa de los desmontes, porque lo que se desmonte en el interín es relativamente hecho consumado (dadas las dificultades existentes para la reforestación). Es imperiosa la suspensión total de desmontes ‘legales’ por recategorizaciones, como los ilegales de hecho o por ‘accidentes’ (incendios, etc.). Hay que parar los desmontes antes que sus consecuencias se transformen -en gran medida ya lo son- en trágicas.

Hemos planteado también un papel extraordinario a la constitución de Asambleas Populares Ambientales. Sólo éstas pueden superar la corrupción de gobiernos provinciales que alientan los desmontes y pueden ejercer un control efectivo del cumplimiento de esta resolución.

La armonía entre la naturaleza y las necesidades productivas de la sociedad solo podrá darse sobre la base de otro régimen social que no establezca como patrón productivo el lucro de los capitalistas, sino el de satisfacer las necesidades de la población. Un gobierno de trabajadores hará realidad una planificación económica integral. Mientras tanto, como transición, proponemos esta Ley para contener la barbarie productiva capitalista contra la floresta y los bosques nativos.

Por estos motivos, llamamos a los diputados y diputadas nacionales a suscribir al presente proyecto de ley.