La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su repudio a los sumarios que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Ministerio de Educación, ha ordenado contra 24 docentes nucleados en los gremios Ademys y UTE por defender el cumplimiento del Estatuto del Docente en los actos públicos de traslado.

Su rechazo al intento del jefe de gobierno de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, y la Ministra María Soledad Acuña, de aleccionar, amedrentar y quebrar la lucha de la docencia en defensa de sus condiciones laborales y salariales, para poder violentar el Estatuto Docente contra derechos conquistados.

Su plena solidaridad con los docentes sumariados, su reclamo por el inmediato retiro de los sumarios administrativos y su defensa incondicional del derecho a la protesta.

Señor presidente:

El mismo día en que la docencia de todo el país realizaba un paro nacional en repudio a la represión a docentes en Chubut, el jefe de gobierno porteño Rodríguez Larreta y su ministra Acuña decidieron sumariar masivamente a docentes de Ademys y UTE en la Ciudad de Buenos Aires, en represalia por defender el cumplimiento del Estatuto del Docente en los actos públicos de traslado.

La medida fue dispuesta este viernes 8 de noviembre por el Ministerio de Educación porteño, que inició sumarios administrativos contra 24 docentes pertenecientes a entidades sindicales que se manifestaron a favor de los concursos de traslado por orden de mérito como establece el Estatuto que regula la actividad. Como informaron en un comunicado conjunto las entidades gremiales Ademys y UTE “En el expediente se les acusa sin fundamentos de supuestos actos violentos por plantear que el Acto Público de Traslado del Área Primaria se lleve a cabo respetando el orden de mérito”.

Los gremios rechazaron las acusaciones y denuncian que “el carácter público de los actos para la toma de cargos docentes tiene precisamente el fin de que su transparencia impida cometer irregularidades. Más de 1000 docentes fueron testigos de la ilegalidad que pretendía perpetrar el Ministerio de Educación a través de la COREAP al violar el Estatuto del Docente en el Polo Educativo de Saavedra, donde de manera autoritaria se negaron a atender las solicitudes de impugnación de un Acto viciado de nulidad. La prueba irrefutable es que tras el paro masivo de la docencia porteña las autoridades debieron reconocer la posición de los representantes docentes y se comprometieron a respetar las normas. De hecho, en los siguientes actos públicos para traslados en las Áreas de Educación de Jóvenes y Adultos y Educación Especial, realizados en los días 6 y 7 de noviembre, el Ministerio de Educación cambió la modalidad de toma de cargos acercándose a lo que reclamamos los docentes”.

Estamos ante una ofensiva persecutoria por parte del gobierno de la Ciudad contra el derecho a la protesta que busca golpear a la organización y la lucha docente para habilitar una mayor vulneración de sus derechos conquistados. La reforma laboral que la clase capitalista tiene en agenda incrementar la tasa de explotación sobre los trabajadores, en el ámbito docente implica, entre otros aspectos, liquidar el Estatuto, y allanar el camino para una mayor precarización laboral y el avasallamiento de todo tipo de conquistas. Este es el telón de fondo de los sumarios y las intenciones que persigue el gobierno del PRO en CABA.

En un cuadro de ataques crecientes al trabajo y al salario, la defensa del derecho a la protesta se vuelve central para que la crisis no la paguen los trabajadores. Está en juego la defensa no solo de la lucha en defensa de la educación pública, sino de los derechos laborales del pueblo trabajador argentino en su conjunto.

Por estos motivos, llamamos a los Diputados y Diputadas a acompañar este repudio y solidaridad con los docentes en lucha.