La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rechazar y expresar nuestro repudio ante los graves acontecimientos que se viven en la República de Chile, en particular las reiteradas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado chileno y sus fuerzas policiales y militares que desde el inicio de las masivas movilizaciones han violado las más elementales libertades democráticas. Según datos recabados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH) desde el 18 de octubre se contabiliza en el país trasandino una cifra de 20 muertos, 1.305 personas heridas en hospitales, 4.271 detenidas, entre quienes se encuentran niños niñas y adolescentes, y múltiples denuncias de violencia sexual y torturas. Asimismo, los registros refieren que las más de 1.300 personas heridas atendidas en hospitales lo fueron por disparos de balas, perdigones, balines y armas de fuego no identificadas, 146 de las cuales presentan heridas oculares. Junto con esto se han constatado decenas de casos de torturas, muchas de ellas con connotación sexual, así como denuncias por violaciones y abusos sexuales a detenidas y detenidos. A estos graves hechos hay que sumar las brutales y diarias represiones a los manifestantes que incluyen detenciones arbitrarias, así como el hostigamiento permanente con gases lacrimógenos y la presencia de carabineros y militares sin identificación. Asimismo, la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile afirma haber recibido más de 600 denuncias asociadas a casos que van desde detenciones ilegales y faltas al debido proceso hasta impactos de proyectil y golpes con lesiones graves. Entre las personas heridas se encuentran incluso veedores del propio INDH.

Señalar que si bien estas son las cifras recabadas por dichos organismos, al haberse encontrado la población de Chile sometida al estado de excepción son miles los casos que no han sido denunciados, por lo que las cifras referidas de detenciones ilegales, muertes e incluso desapariciones irá en aumento, debido a que entre los hechos relatados por cientos de denunciantes figuran reiteradamente detenciones ilegales en autos civiles, retenciones sin motivo de detención y la omisión en el registro de personas detenidas que evidenciaría, como señalamos, que las cifras superarán las mencionadas ut supra.

Exigir la libertad de todos los detenidos y detenidas y el juicio y castigo a los responsables políticos y de las fuerzas armadas y de seguridad, así como el inmediato cese de la represión y que el gobierno de la República de Chile garantice el derecho a manifestarse del pueblo sin restricciones de ninguna índole.

Señor presidente:

Desde el pasado 18 de octubre la rebelión del pueblo chileno contra el ajuste llevó a que el presidente Sebastián Piñera declarara el estado de excepción en comunas de siete regiones de Chile, que luego fue extendido en todas las regiones y finalmente dejado sin efecto. No obstante, desde entonces y en forma ininterrumpida y sistemática miles de integrantes de fuerzas represivas militares y policiales han generado todo tipo de violaciones a los derechos humanos más elementales contra el pueblo chileno movilizado.

Sabido es que lo que comenzó como protestas frente al aumento del transporte público, terminó desnudando el rechazo a un régimen de 30 años, heredero de la dictadura pinochetista, donde el pueblo pobre y trabajador sufre la carestía de los servicios de educación y salud pública, salarios mínimos de miseria, sistema de AFP (pensiones), trabajos precarios, altos alquileres de vivienda y falta de acceso a viviendas para el conjunto de la población.

Con el correr de los días las denuncias por violaciones a los derechos humanos se acumularon y las imágenes de las distintas represiones a lo largo del país dejaron en evidencia que el accionar de las fuerzas armadas y de seguridad chilenas contra el pueblo se halla en la misma línea que la dictadura pinochetista. Como señalamos en el resolutorio de este proyecto queremos repudiar y rechazar fuertemente el saldo que a la fecha deja dicha represión, del cual tenemos referencia en virtud de las denuncias que organismos como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile se encuentran recabando, al igual que Amnistía Internacional y otros organismos.

Como mencionamos la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile hizo un relevamiento de datos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) según el cual, desde el estallido social del 18 de octubre hasta este martes, se contabilizaban en el país trasandino una cifra estimada de 20 muertos, 1.305 personas heridas en hospitales, 4.271 detenidas y múltiples denuncias de violencia sexual. A su vez, la misma defensoría afirma haber recibido “más de 600 denuncias asociadas a casos que van desde detenciones ilegales y faltas al debido proceso hasta impactos de proyectil, golpes con lesiones graves”. Entre las personas heridas se encuentran incluso veedores del propio INDH.

En todos los casos, Carabineros, las Fuerzas Armadas y el Gobierno aparecen como los principales responsables de estas y otras vulneraciones de derechos fundamentales realizadas principalmente durante el establecimiento del estado de excepción.

También un equipo internacional de Amnistía Internacional arribó en las últimas horas a Chile para investigar las múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos. La investigadora Pilar San Martín, integrante de la delegación, señaló que “vemos indicios de graves violaciones a los derechos

humanos (…), pero lo más importante, es que lo vemos a un nivel masivo, y lo vemos durante una cantidad de tiempo muy mantenido con consecuencias muy graves para la población”.

También Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), denunció “un nivel represivo de gran magnitud por parte de los Carabineros. Sabíamos lo que son, pero hasta que no ves y presenciás su monstruosidad no dimensionás lo que son. Vimos cómo tiraban balines sobre las multitudes, gases a la altura de las cabezas, sin el más mínimo reparo en el daño ocasionado, es decir queriendo provocarlo”.

Resulta muy grave que a la fecha el número de muertos a mano del Estado resulte indeterminado, como así las denuncias de miles de personas detenidas, torturadas en comisarías y centros convertidos en centros de detención y asimismo, decenas de denuncias de abusos sexuales por parte de carabineros y policías y hasta de desapariciones.

Reiterando nuestra solidaridad con el pueblo chileno movilizado, exigimos la libertad de todos los detenidos y detenidas y el juicio y castigo a los responsables políticos y de las fuerzas armadas y de seguridad, así como el inmediato cese de la represión y que el gobierno de la República de Chile garantice el derecho a manifestarse del pueblo sin restricciones de ninguna índole.

Por las razones expuestas y las que expondremos durante su tratamiento es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.