El Senado y Cámara de Diputados...

Derogación del Decreto N° 703/2018

Artículo 1°. - Derógase el decreto N° 703/2018, denominado Directiva de Política de Defensa Nacional.

Artículo 2°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Señor presidente:

El gobierno Nacional amparándose en el reclamo de mayor seguridad que exige la ciudadanía, impulsa a través del decreto 703/2018, un supuesto proceso de reconvención que lo único que hace es promover el desmantelamiento de las Fuerzas armadas, dejando al descubierto su interés por los bienes de la misma y el negocio inmobiliario.

En el capítulo III punto 9 del mismo, establece la necesidad de un plan de reestructuración de las mismas, reduciendo las estructuras administrativas y la supresión de comandos intermedios carentes de finalidad practica dándole lugar a las nuevas tecnologías de comunicación e información.

A su vez en el capítulo III título II párrafo segundo, instrucciones para la reforma del sistema de Defensa Nacional, establece que las organizaciones y capacidades del Sistema de Defensa Nacional no involucradas en tareas prioritarias y responsabilidades en tiempos de paz deberá n reducir sus estructuras de personal. Asimismo, plantea que, frente a situaciones de crisis o cambios en el contexto estratégico, deberán contar con la capacidad de incrementar su tamaño mediante la incorporación planificada de reservas.

De esta manera pretende no solo reducir sus estructuras de personal, sino que establece el cierre de las instalaciones “no necesarias” desde el punto de vista de la Defensa Nacional contrastando la supuesta intención de un plan de modernización institucional dirigido a racionalizar las estructuras administrativas y burocráticas de la jurisdicción, con la reducción de sus estructuras materiales y humanas.

En el mismo capítulo, Despliegue militar, plantea que el plan de reestructuración del instrumento militar adecuara el despliegue territorial a las necesidades de la actual coyuntura estratégica y las exigencias de su preparación para el empleo, abandonando el criterio de “ocupación territorial”, punto sobre el cual no brindan definición alguna sobre “la actual coyuntura estratégica”.

Uno de los fundamentos de la modificación es contar con la capacidad de anticipar, disuadir y superar las amenazas, riesgos y desafíos del siglo XXI que afectarían la seguridad estratégica nacional.

Sostiene que fenómenos tales como el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, el terrorismo, la permeabilidad de las fronteras, los vínculos con otras organizaciones del crimen organizado, la corrupción de los órganos de control gubernamental y las deficiencias de los sistemas de justicia penal exigen una mayor cooperación del Ministerio de Defensa.

El decreto 703/2018 contempla entre las modalidades de empleo de instrumento militar una serie de responsabilidades, como parte del Sistema de Defensa Nacional o en colaboración con otras áreas del Estado, contribuyentes a dichos objetivos: operaciones en apoyo a la seguridad, conformidad con la ley 24.059 de Seguridad Interior, operaciones de apoyo a la comunidad y operaciones de apoyo a política exterior de la Nación.

Mediante este decreto ni la Nación se va a encontrar mejor defendida ni los ciudadanos tendrán mejor seguridad.

Nuestro país es el octavo en extensión territorial por lo cual, no hay dudas que la única finalidad del decreto 703/2018 es el desmantelamiento y loteo de bienes inmobiliarios pertenecientes a las Fuerzas Armadas. Sin ir muy lejos el 23 de abril del corriente año, a través del decreto 355/18, se procedió a autorizar la subasta pública de un terreno perteneciente al Ejército, en la zona céntrica de la capital neuquina bajo el fundamento de que una racional administración de recursos conlleva desprenderse de aquellos que no resultan de utilidad, permitiendo que los fondos generados a través de la disposición y/o enajenación de los mismos, se orienten a cubrir necesidades de infraestructura de las entidades que tienen a cargo su custodia, directivas que no hacen más que seguir demostrando que la lucha contra el narcotráfico, el tráfico de personas, el lavado de dinero, el terrorismo, la permeabilidad de las fronteras son las ultimas intenciones de este Gobierno.

Sostenemos que es la Cámara de Diputados, la que debe iniciar el tratamiento de la legislación sobre esta temática y no el Presidente de la Nación que se apodera, de manera institucional de una competencia exclusiva y excluyente del órgano legislativo en tanto creador de la norma primigenia en la materia.

Que por lo expuesto es que el solicito a mis pares que me acompañen con la presente iniciativa.