La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Rechazar, por confiscatorio, el Decreto PEN 756/2018 que deroga el Fondo Federal Solidario (Decreto 206/2009)|; hecho que se traduce en un grave ajuste a la economía de las provincias, e importa para la Provincia de Entre Ríos, una afectación de más de 1.719 millones de pesos, privándola de la prestación de servicios sociales esenciales, como obras de saneamiento, de suministro de agua potable, de infraestructura vial (instrucción de rutas y caminos), y de servicios educativos.

Solicitar a Poder Ejecutivo Nacional se sirva rever la medida adoptada, y se abstenga de consumar un acto inconstitucional, que importa un flagrante atropello a la autonomía y bienestar de cada una de las jurisdicciones provinciales.

Señor presidente:

El Fondo Federal Solidario está compuesto por el 30% de los montos efectivamente recaudados en concepto de derechos de exportación de las exportaciones de granos de soja y el 27% de harinas y aceites de soja, que serán transferidos a las provincias, a los municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que a éste adhieran. La finalidad solidaria proviene del reparto de recursos de origen nacional para reforzar los presupuestos destinados a infraestructura en cada una de las Provincias y Municipios adherentes.

La provincia de Entre Ríos, una vez más debe sufrir un ajuste injusto y autoritario, de más de 1.719 millones de pesos, que coloca al pueblo trabajador y a nuestros productores en un estado de permanente crisis; y la única salida que se propone es someternos a una situación, cada día, de mayor vulnerabilidad.

En el caso de la Provincia de Entre Ríos, se transfiere el 30% de lo que se percibe por Fondo Federal Solidario, a cada uno de los municipios; por lo cual su confiscación por parte de las autoridades nacionales, creará mayor recesión, y tornará aún más inviable las ya alicaídas economías regionales.

A través de su establecimiento, en el año 2009, se persigue atenuar los principales desequilibrios regionales dentro de la Argentina, a través del fortalecimiento de las capacidades financieras provinciales y municipales para la gestión del desarrollo, para la formalización de las actividades productivas, la creación y el fortalecimiento de empresas privadas y el aumento del empleo privado sustentable.

Sin hesitación podemos afirmar que, de consumarse esta medida, ello importa avasallar la autonomía de cada jurisdicción, imponiendo una construcción unitaria del Estado, desconociendo la identidad de las provincias como ente político e institucional, lo cual atenta contra el principio de organización federal país. La esencia espiritual de los pueblos es tener identidad y su fines ejercer sus derechos libremente, desde su integridad.

Por lo expresado, y en función de atribución constitucional del Artículo 75, inciso 18, ello es: “Corresponde al Congreso.-…Proveer lo conducente a l prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las Provincias…”, corresponde pronunciemos un enfático rechazo a un acto que importa una grave lesión al principio de progreso económico con justicia social.

Por lo expresado, solicito el acompañamiento de los Sres. Legisladores al presente Proyecto de Resolución, en los términos referidos.

Atentamente