El Senado y Cámara de Diputados...

EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE AGUA, LUZ Y GAS PARA CASAS PARTICULARES Y PYMES

Artículo 1°. EXENCIÓN. Se exime del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios públicos de agua, luz y gas, respecto de los beneficiarios definidos en el artículo 2 de la presente ley.

Artículo 2°. BENEFICIARIOS. Son beneficiarios de la presente ley los siguientes:

a. Consumidores finales destinados a vivienda única.

b. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, según los términos del artículo 1° de la ley 25.300 y sus normas modificatorias y complementarias, cuyos domicilios estén destinados al desarrollo de la actividad económica principal.

Artículo 3°. DURACIÓN. La presente exención regirá a partir del momento de la publicación en el Boletín Oficial por el plazo de un año.

Artículo 4°. PRORROGA. El Poder Ejecutivo Nacional podrá extender los plazos del beneficio si así lo considere.

Artículo 5°. PRESUPUESTO. Autorizase al Poder Ejecutivo Nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cubrir los recursos que no percibirán las provincias durante la vigencia de la presente ley.

Artículo 6°. VIGENCIA. La presente ley regirá desde la fecha de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 7°. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

Desde 2016 el conjunto de los argentinos venimos sufriendo desmesurados aumentos en las boletas de agua, luz y gas. Dichos aumentos, no solo han tenido impacto en millones de hogares, sino que han afectado los costos de producción de millones de pymes y comercios. En un contexto de caída de ventas sostenida, muchos se vieron forzados a cerrar sus puertas.

Según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda desde 2015 los incrementos acumulados promedio de las tarifas son: 3.624% en energía eléctrica, de 2.401% en gas natural, y de 1.025% en agua potable de red. En materia de transporte se registraron aumentos del 1.118% en peajes, 601% en el boleto del tren, 494% en colectivos de corta distancia y un 322% en subtes, para el acumulado trianual.

Este descomunal aumento ante una pérdida del poder adquisitivo de los hogares ha hecho que el peso de los principales servicios públicos (energía, gas, agua y transporte) sobre el salario mínimo, lleve un incremento acumulado de casi 20 puntos porcentuales, siendo el de mayor incidencia en los últimos tres años. Se pasó de una afección muy baja del costo tarifario, cercana al 6,1% en 2015, a una de 26%. Así, Argentina pasó a la segunda posición en el ranking de ocho países de la región, sólo por detrás de Venezuela (41,5%).

El aumento de las tarifas de los servicios públicos no se detendrá en 2020. El Gobierno Nacional sólo postergó parte del aumento programado por el ex Ministro de Energía, Juan José Aranguren. En un año electoral el Gobierno Nacional quiere esconder los problemas bajo la alfombra y por eso demoró para enero el aumento de la tarifa de gas programado para octubre. Dejando así el problema para la próxima administración. La medida dispone que el financiamiento del aplazamiento corra por cuenta de las empresas, pero no a través de su flujo de caja sino a partir de la rebaja en el plan de inversiones. Si continuara el esquema tarifario construido por el actual gobierno, el próximo ajuste sería muy importante a raíz de la devaluación del peso que impacta sobre el gas en boca de pozo y la inflación mayorista que mueve los ingresos de transportistas y distribuidoras.

A través de la resolución 521/2019, la Secretaría de Energía dispuso “diferir” el ajuste semestral de los cuadros tarifarios del gas, que estaba previsto para el 1 de octubre. El Gobierno justificó las subas para los usuarios "en las actuales circunstancias macroeconómicas podrían generarse efectos adversos en materia de reactivación del consumo y de la actividad económica en general”. Por eso resolvió diferir “el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir del 1º de octubre de 2019, para el 1° de enero de 2020, oportunidad en la cual se aplicará el valor correspondiente al índice de actualización inmediato anterior disponible”.

Desde 2016 el valor de los salarios, jubilaciones y asignaciones sufrió una caída en torno al 20% acompañado con un nivel de desempleo de los más alto en los últimos 13 años, ubicándose en 10,1% para el segundo semestre de 2019.

Por otro lado, las Pymes son centrales en la generación de empleo y creación de valor nacional, las mismas representan al 95% de las empresas y generan el 70% de los puestos de trabajo. Desde que se desato la crisis en mayo de 2018 vienen cerrando 50 pymes por día. Una situación más que apremiante y dolorosa.

En contraposición, las empresas productoras, transportistas y distribuidoras de los servicios públicos han mostrado ganancias extraordinarias en el mismo período que se les hacían impagables las facturas a los hogares y a las pymes. Según los datos de los ejercicios que presentaron las empresas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires durante las últimas semanas, Edenor obtuvo una ganancia de $4.250 millones. En 2017, sus ganancias habían sido de $682 millones y en 2016 la empresa había registrado pérdidas por $1.188 millones.

En el caso de Edesur, la ganancia integral del ejercicio fue de $3.087 millones. En 2017 y 2016 había sido de $998 millones y $258 millones respectivamente. Para Transener, principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión, el resultado del ejercicio 2018 fue de $3.176 millones. Los ingresos de la empresa aumentaron un 36%por la aplicación de los nuevos cuadros tarifarios con vigencia a partir del 1° de febrero de 2017.

Para Naturgy, que brinda servicios en 30 partidos al Norte y al Oeste de la ciudad de Buenos Aires, hubo una ganancia de $2.317 millones. Mientras que para las transportadoras TGN (Transportadora Gas del Norte) y TGS (Transportadora Gas del Sur) las ganancias fueron de $3.721 millones y $11.415 millones. En 2017 en el caso de TGS había sido de $5.751 millones, casi la mitad. Son solo algunos ejemplos de cómo les fue a las empresas de servicios públicos en estos últimos 3 años.

Las perspectivas a futuro no son mejores. La evaluación de la economía argentina en el Panorama Económico Mundial del FMI la ubica como la séptima recesión más profunda del mundo, con una caída del PBI de 3%, y la tercera con más inflación, con una inflación proyectada para 2019 al rededor del 57%. El pesimismo del Fondo se extiende a 2020, con un retroceso del Producto de 1,3 por ciento.

Ante esta lamentable coyuntura económica y social es necesario generar una medida transitoria mientras el nuevo gobierno defina cuadros tarifarios para los servicios públicos acorde a los intereses de desarrollo del país, pero teniendo en cuenta el nivel de ingreso de los hogares y la capacidad productiva del entramado pymes.

Suspender el pago del IVA en la factura de los servicios públicos en el contexto de la corriente crisis social y económica será un aliciente importante para las familias y las pymes. En el caso del IVA, el impuesto genera un impacto negativo adicional en los ingresos de las familias y pymes, ya que merman sus ingresos no sólo en proporción a la quita de subsidios y el ajuste tarifario sino que además deben sumarle el impacto del aumento en el total del impuesto.

Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe la carga impositiva sobre servicios en la Capital representa un 24% de la factura de Aguas Santafesinas, un 27% de la factura de Litoral Gas y un 30% de la factura de EPE (Empresa Provincial de la Energía). El mayor impuesto que recae sobre los servicios públicos en Santa Fe es el IVA. Si se quitara el IVA de los servicios, los usuarios verían reducidos los montos de sus facturas de gas, luz y agua un 16%. Con la quita del IVA una familia rosarina que reciba una boleta de Aguas Santafesinas de $928, verá disminuir su factura $148. Un usuario de Litoral Gas que reciba una factura de $1.130, disminuiría $180. Un usuario residencial rosarino que reciba una boleta emitida por la EPE de $2.845, disminuiría $457.

Por ello es que la exención del IVA a estos contribuyentes significa, para el caso de las familias, una reducción automática en el total a pagar por los servicios de luz y gas en torno al 16% del valor de la factura según cuál sea la ubicación de su domicilio y el impacto de impuestos provinciales y municipales. Para las pymes y pequeños comercios (con un IVA del 27%), el alivio puede llegar a significar una baja del 20% en el monto de la factura.

Por las razones aquí expuestas, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de Ley.