PROYECTO DE RESOLUCION


Expediente 4900-D-2018
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL "PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL INTEGRAL" DURANTE EL AÑO 2018, Y OTRAS CUESTIONES CONEXAS.
Fecha: 15/08/2018
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación, para que a través del organismo que corresponda o estime pertinente, sepa brindar la información solicitada respecto a los siguientes programas:
1.- Estado de ejecución presupuestaria del Programa Nacional de Salud Sexual Integral durante el año 2018 hasta la actualidad y en relación a:
i. Modalidad de incorporación de los lineamientos curriculares de educación sexual integral en los sistemas educativos provinciales y CABA de acuerdo a lo establecido en la ley 26.150.
ii. Cantidad de escuelas por jurisdicciones provinciales que reciben materiales, cursos y recursos para la implementación de acciones en las instituciones educativas y en las aulas.
iii. Informe sobre cumplimiento de metas presupuestarias en relación a cantidad de beneficiarios discriminado por nivel educativo.
iv. Incorpore a este informe sobre el programa citado toda información que considere pertinente.
2.- Estado de ejecución presupuestaria del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable durante el año 2018 hasta la actualidad y en relación a:
i. Cantidad de beneficiarios.
ii. Estrategias de comunicación, campañas y acciones desarrolladas del programa.
iii. Aportes y contribuciones desde el programa hacia las jurisdicciones provinciales para el presente período.
iv. Informe cumplimiento de objetivos establecidos en el Decreto 1282/2003 en relación a morbimortalidad materno infantil y a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/Sida y patologías genitales y mamarias.
v. Incorpore a este informe sobre el programa citado toda información que considere pertinente.
3- Estado de ejecución presupuestaria del Plan Nacional de Prevención y Reducción del Embarazo no Intencional en la Adolescencia durante el año 2018 hasta la actualidad y en relación a:
I. Actividades programadas para desarrollar esta Campaña en las jurisdicciones provinciales y CABA .
II. Cumplimiento de la Resolución 322/17 sobre Campaña nacional sobre embarazo no intencional en la adolescencia a cargo del Programa Nacional de Educación Sexual Integral.
III. Número de Consejerías en Salud Sexual y Salud Reproductiva constituidas en cada jurisdicción provincial y CABA
IV. Estrategias de distribución y cumplimiento en la entrega de Métodos anticonceptivos y acceso gratuito en hospitales y centros de salud, obras sociales y prepagas de los incluidos en el Plan Médico Obligatorio: preservativos, pastillas, inyectables, DIU, anticoncepción de emergencia y anticoncepción quirúrgica (ligadura tubaria y vasectomía). Especifique cantidades por Provincias y CABA.
V. Incorpore a este informe sobre el programa citado toda información que considere pertinente.
4- Estado de ejecución presupuestaria del Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia durante el año 2018 hasta la actualidad y en relación a:
I. Distribución de materiales para la población en general.
II. Distribución de materiales para equipos de profesionales.
III. Acciones promovidas para la prevención del embarazo adolescente no intencional.
IV. Incorpore a este informe sobre el programa citado toda información que considere pertinente.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El tratamiento parlamentario sobre la interrupción voluntaria del embarazo ha instalado definitivamente la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, y necesitan de una acción estatal para garantizarlos, involucrando un amplio espectro públicas, principalmente desde las carteras de educación y salud.
Las últimas manifestaciones sociales, protagonizadas principalmente por mujeres en todo el territorio nacional, lejos de haber representado una manifestación limitada al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, han dejado plasmado un completo reclamo por parte de la sociedad de acciones legislativas y políticas públicas destinadas a garantizar los derechos sexuales y reproductivos, en íntima relación con los derechos de la mujer y a la igualdad de género.
Un primer paso en el camino de la consolidación de estos derechos, se dio en nuestro país en 1985 al ratificar la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y en 1994 al dotar estos derechos de jerarquía constitucional, incorporándolos a la Carta Magna mediante el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional.
Pero fue durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner que se llevaron adelante los mayores avances en las políticas públicas sobre la materia. Sólo a modo de ejemplo se pueden citar la Ley Nacional 26.130 de Anticoncepción Quirúrgica, que incorporó la posibilidad de acceder de manera gratuita a la ligadura tubaria y la vasectomía, la Ley Nacional 25.929 de Derechos de madres, padres y de las personas recién nacidas durante el Proceso de Nacimiento o de Parto, la Ley Nacional 26.743 de Identidad de Género, y la Ley Nacional 26.618 de Matrimonio Igualitario.
El presente informe se relaciona con la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley Nacional de Educación Sexual Integral.
La Ley Nacional 25.673, de 2002, creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable en el Ámbito del Ministerio de Salud, cuyas dos funciones primordiales son las de prescribir y suministrar los métodos y elementos anticonceptivos, y establecer un adecuado sistema de control de salud para la detección temprana de enfermedades de transmisión sexual, VIH/SIDA y cáncer genital y mamario.
Este programa tiene especial importancia en nuestro país donde la edad de inicio de relaciones sexuales es en promedio de 15 años y la edad del primer embarazo de la población adolescente es, en promedio, de 16 años. Además se ha observado en los últimos años un ascenso en la fecundidad adolescente, especialmente en los menores de 14 años. Asimismo, según la Organización Panamericana de la Salud, uno de cada veinte jóvenes en la región tiene una infección de transmisión sexual.
Como complemento al Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, el 4 de octubre de 2006, mediante Ley Nacional 26.150, se creó el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, con el fin de garantizar a todos los estudiantes que asistan a establecimientos públicos de gestión estatal o privada el derecho a recibir educación sexual integral.
No hace falta explicar la trascendencia de la salud sexual integral para la salud pública de un país, tema que fue destacado por la mayoría de los legisladores en sus alocuciones en torno al proyecto de ley sobre interrupción voluntaria del embarazo. Pero además de la prevención en materia de embarazos indeseados o enfermedades sexuales, la educación sexual brinda a los adolescentes la posibilidad de comprender la sexualidad y el respeto del otro, incluyendo también la orientación en la identidad sexual, cuestión vital para erradicar el machismo y la homofobia de las generaciones venideras.
Lamentablemente las políticas de ajuste y desarticulación del Estado implementadas por Mauricio Macri también están alcanzando a esta temática que pareciera tan unánimemente defendida por la mayoría de los partidos políticos, y reclamada por la sociedad civil. Esto sumado a que su Pacto con el FMI lo obliga a paralizar la ejecución presupuestaria para lo que resta del año.
En el caso del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, en el año 2015 se había ejecutado en más de un 90 % del presupuesto anual, en el año 2016 se ejecutó sólo el 78 % y el año pasado ese porcentaje no llegó al 70%. En lo que va del año 2018 no se lleva ejecutado ni un cuarto de lo presupuestado para todo el año.
Las cifras de ejecución presupuestaria también son preocupantes respecto al Programa de Educación Sexual Integral. Según el Observatorio de Derechos Humanos las capacitaciones masivas presenciales para docentes en todo el país sufrieron una fuerte caída: de 55.000 capacitaciones en 2015 se pasó a 1050 en 2017. Mientras en 2015 se capacitó a personal de 14.000 escuelas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Corrientes y Catamarca, en 2017 el número se redujo a 500 escuelas, pertenecientes a Corrientes y Mendoza. La misma lógica apareció en los cursos de dictados online, donde de los 16.914 docentes capacitados en 2015 se pasó a 4450 en 2017.
Teniendo en cuenta toda lo antedicho es que creemos fundamental saber cuál es el estado de implementación y avance – o retroceso - de estos programas y, por las razones expuestas, es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
RODENAS, ALEJANDRA SANTA FE NUEVO ESPACIO SANTAFESINO
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
EDUCACION (Primera Competencia)
PRESUPUESTO Y HACIENDA
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
RODENAS, ALEJANDRA SANTA FE NUEVO ESPACIO SANTAFESINO
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
EDUCACION (Primera Competencia)
PRESUPUESTO Y HACIENDA
Trámite en comisión (Cámara de Diputados)
Fecha Movimiento Resultado
06/11/2018 INICIACIÓN DE ESTUDIO

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