La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Repudiar el Decreto N°1115 del 08/10/19 del gobernador de la Provincia de Chubut, Mariano Arcioni, por el cual faculta al Ministro Coordinador de Gabinete, Federico Massoni, a reforzar las políticas para seguir con la criminalización de la protesta social contra trabajadores que no vienen cobrando en tiempo y forma sus salarios y ya fueron reprimidos por una patota. A su vez, se insta a dar respuesta al sentido reclamo salarial de los trabajadores estatales, docentes y de otros gremios disponiéndose las partidas necesarias a tal fin.

Señor presidente:

El Decreto N° 1115 emitido por el gobernador Mariano Arcioni, faculta al Ministro Coordinador de Gabinete, Federico Massoni, “a la formulación de las denuncias y/o la interposición de las acciones judiciales, por ante la autoridad administrativa y/o judicial que corresponda, cualquiera sea su competencia, fuero o jurisdicción;pudiendo demandar y contra demandar, denunciar hechos nuevos, contestar todo tipo de traslados, solicitar toda clase de mieddas cautelares, recusar, decir de nulidad, prestar cauciones y uramentes, oponer y contestar toda clase de recusros, y toda otra gestión o trámite judicial o extra judicial que fuera necesario ejercer”.

El decreto dice buscar la conquista del “mantenimiento de la paz y el orden público” en la provincia, tratando de encuadrar las medidas de protesta realizadas por los trabajadores estatales y docentes como “incidentes”. Lo cierto es que en defensa al derecho al salario y el cumplimiento con las paritarias convenidas por el propio gobierno provincial, trabajadores están haciendo uso de su derecho a la protesta. Y que la violencia por el contrario fue ejercida contra ellos en diversas ocasiones, por caso, con la intromisión de patotas guiadas por dirigentes sindicales afines al gobierno provincial, como sucedió el 4/9 cuando bajo comando de Jorge “Loma” Ávila, y en presencia del propio Massoni.

A todas luces lo que se necesita es una respuesta favorable al reclamo de los trabajadores y no el otorgamiento de facultades anticonstitucionales a funcionarios para agravar la violencia institucional en la provincia. En rigor, por los artículos 195 y 215 de la Constitución provincial, las facultades de querella y demanda corresponden al Fiscal del Estado y al Procurador.

Desde nuestra bancada hemos ido personalmente a solidarizarnos con la justa lucha chubutense y reclamamos que se dispongan las partidas necesarias para regularizar la situación, igual que el funcionamiento de la Obra Social, tomando medidas de emergencias provinciales y nacionales a

tal fin. No puede ser que Chubut, una provincia rica, los fondos se destinan a financiar las ganancias de las multinacionales y grandes empresarios, y en pagar una deuda usurera que el pueblo no vio, en vez de satisfacer los salarios de docentes y demás gremios en lucha. Lo mismo vale para el gobierno nacional, que prioriza pagar una deuda externa ilegítima y fraudulenta en vez de destinar los fondos necesarios para tal fin.

Por todo esto, señor presidente, desde la banca de Izquierda Socialista -Frente de Izquierda Unidad, instamos a la cámara a pronunciar en función de lo señalado en el presente proyecto, en repudio a la escalda de represión y criminalización de la protesta que prepara el gobernador Arcioni, y en completa solidaridad con el reclamo de los trabajadores estatales y docentes de la provincia.