La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su apoyo y beneplácito por la colaboración que la Comisión Provincial de la Memoria, presidida por el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, está prestando al Juzgado Federal de Dolores, ya que esta contribución coadyuva en evitar un daño a las instituciones democráticas y una afectación a los derechos y garantías de todos los ciudadanos.

Señor presidente:

En los primeros meses de este año se conoció la existencia de una red ilegal de espionaje que no tiene precedentes en la vida democrática de la Argentina. Esto dio motivo a una investigación, encabezada por el Juez Federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Hasta el presente ese proceso judicial recogió indicios más que suficientes para confirmar e identificar la existencia de un entramado que reúne personal de la Agencia Federal de Inteligencia, agentes inorgánicos de la misma dependencia, jueces, fiscales, legisladores y, hasta aquí, un periodista, que integrarían esta asociación ilícita entre cuyos fines ha estado la extorsión económica, la persecución política y la manipulación de la opinión pública.

Precisamente, la manipulación de la opinión pública requería de periodistas y medios que actuaran en consonancia y articulados con el resto de los elementos de esta organización delictiva.

De acuerdo a los informes que son de dominio público, el Juez Federal de Dolores tuvo que realizar, con escasos recursos técnicos y humanos, una gigantesca tarea de investigación y peritaje, emanada de la abundante documentación con la que se encontró en sus diversas diligencias procesales.

La circunstancia de tener que investigar a servicios de inteligencia limitaba el margen de acción del Juzgado, precisamente porque determinados peritajes, hubiera resultado ingenuo ponerlos en manos de esos denominados servicios de inteligencia.

De allí que la autoridad judicial apeló a la Comisión Provincial de la Memoria para que cumpliera con esa intrincada tarea. Cabe acotar que la Comisión Provincial de la Memoria, creada por ley hace más de una década, está habilitada para actuar como auxiliar de la Justicia., no sólo porque ya lo ha hecho en innumerables casos en el pasado, sino porque además se dedicó específicamente a develar la forma de accionar de este tipo de organizaciones, específicamente en el caso denominado “El circuito Camps”, uno de los más nefastos grupos de tareas de la última dictadura militar.

Llama la atención que los que ponen el grito en el cielo por el informe de la Comisión Provincial de la Memoria mantengan un silencio cómplice sobre la red de espionaje ilegal que involucra a la AFI, D´Alessio, Bonadío, Stornelli, el periodista Daniel Santoro y otros elementos.

Tal vez los que se abstuvieron de repudiar a este entramado mafioso, en algún momento hayan creído que podían sacar provecho político de estas acciones.

Esta afirmación no es aventurada ya que queda claro que la investigación independiente del Juez Alejo Ramos Padilla, su histórico informe al Parlamento y la seriedad jurídica de sus resoluciones, desnudó como fue el Lawfare en nuestro país.

El informe de la Comisión Provincial de la Memoria no indaga, como falsamente se ha querido hacer creer, el contenido de notas periodísticas. Simplemente lo que hace es tratar de establecer si un periodista utilizó su condición de tal para facilitar acciones criminales.

Ninguna profesión u ocupación puede servir de justificativo para embarcarse en actividades reñidas con el orden constitucional y la legislación vigente.

Por esa razón creemos que tanto la investigación del Juez Alejo Ramos Padilla como la colaboración de la Comisión Provincial de la Memoria hacen una enorme contribución a la transparencia democrática y que la política debe respaldarlos con firmeza.

Por todo ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de la presente iniciativa.