La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Excluir al Diputado de la Nación Luis Rodolfo Tailhade del seno de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación por inhabilidad moral de acuerdo a lo que dispone el artículo 66 de la Constitución Nacional.

Señor presidente:

Conforme lo reportan diversos medios periodísticos, ante la consulta referida a la causa penal y detenciones a que dieron lugar las revelaciones derivadas de la aparición de cuadernos en los cuales el chofer de Roberto Baratta -ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante la gestión de Julio de Vido-, asentaba los detalles del trasiego de bolsos con millones de dólares que diversas empresas contratistas del Estado pagaban como sobornos para ser en-tregados en despachos públicos, en la propia Residencia Presidencial de Olivos y en el depar-tamento personal de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el diputado nacio-nal Luis Rodolfo Tailhade expresó: “La van a pagar, los jueces y los fiscales que están en esto la van a pagar”.

Estas manifestaciones fueron publicadas, entre otros medios, por los diarios Clarín e Infobae el día 3 de agosto del corriente año, y reproducidas ampliamente por otros medios gráficos, digitales y audiovisuales.

Tales dichos no pueden sino calificarse como una amenaza explí-cita, que por provenir de un diputado de la Nación y estar dirigidas a jueces y fiscales con mo-tivo y en el marco de una causa abierta por hechos de corrupción que no registran antecedentes en la historia argentina, tienen una gravedad inusitada.

El tenor de la expresión –“la van a pagar”- admite tanto una lec-tura de consecuencias que van desde represalias para con la carrera de los magistrados hasta aquellas vinculadas con la integridad física y la propia vida.

Más allá de la calificación legal de los dichos y las acciones que seguramente desplegará el Ministerio Público Fiscal a su respecto, esta Cámara de Diputados no puede consentir que uno de sus integrantes apele a la amenaza y la coerción sobre miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

En un país en el que se investiga si un Fiscal de la Nación fue víctima de un homicidio, como consecuencia de investigar la actuación del poder político por intentar encubrir la participación de una potencia extranjera en la ejecución del mayor atentado terrorista perpetrado en su historia, la intimidación expresa con promesa de consecuencias para quienes están investigando los sobornos que registró el chofer Centeno –“la van a pagar”-, co-bra un sentido tenebroso y cierto.

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Los propios términos empleados por el diputado Tailhade para dar forma a su amenaza evocan más la actuación de un sicario de una banda criminal que las expresiones propias de quien ejerce una magistratura de representación del pueblo de la Na-ción.

Lo acontecido con el Fiscal Nisman nos obliga a estar prevenidos y generar los anticuerpos adecuados para condenar y aislar a aquellos dirigentes que convocan a la violencia política. Mucho más si se trata de un integrante de este Cuerpo.

Resulta inevitable también que los dichos del diputado Tailhade traigan a la memoria los proferidos por el entonces diputado Ángel Luque, cuando en 1991, en un reportaje periodístico sostuvo que si su hijo -acusado de ser uno de los autores del homici-dio de María Soledad Morales en la provincia de Catamarca-, hubiese sido el homicida, el cuerpo de la niña asesinada yacería bajo toneladas de concreto.

La consecuencia fue que esta Cámara dispusiera su remoción con fundamento en lo que dispone el artículo 66 de la Constitución Nacional.

En el mismo orden, evocan también las manifestaciones de la diputada Hilda Norma Ancarani de Godoy, expulsada de este Cuerpo en 2002 por expresar que había que terminar con el flagelo del periodismo echando mano a una Itaka.

El artículo 66 de la Constitución Nacional habilita al pleno de la Cámara a corregir los desórdenes de conducta de un legislador en el ejercicio de sus funciones e incluso removerlo y excluirle de su seno por razones de inhabilidad moral.

Es este sin duda el caso, ya que no puede tolerarse que un repre-sentante del pueblo se valga de su cargo para obstruir la acción de la justicia, y mucho menos hacerlo acudiendo a amenazas explícitas que contienen además expresiones de violencia verbal.

Y ello con el agravante de que el diputado Tailhade integra ade-más del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en representación de esta Cámara, todo lo cual lo dota de un poder adicional para hacer efectivas sus amenazas por vía de vindicta disciplinaria de aquellos jueces que no obren según sus designios o con apego al direccionamiento del Poder Judicial que pretende según sus dichos.

Así las cosas, su proceder encuadra en la situación de inhabilidad moral sobreviniente que menta el artículo 66 de la Constitución Nacional y lo descalifica para continuar en el ejercicio de su función de representación popular, pues de otra forma el mensaje que estaría dando la Cámara de Diputados al pueblo de la Nación es que está dispuesta a cobi-jar en su seno a personas dispuestas a echar mano a su poder y su cargo para obrar de un modo

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mafioso y con ello desbaratar toda posibilidad de esclarecimiento del mayor caso de corrup-ción registrado en nuestro país.