La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Su repudio a la política que llevó a la muerte evitable de la vicedirectora Sandra Calamaro y del auxiliar Rubén Rodríguez, en la escuela N° 49 primaria de jornada completa “Nicolás Avellaneda” de Moreno, Provincia de Buenos Aires, producto de un escape de gas. El hecho configura un crimen de Estado porque fueron ignoradas las reiteradas denuncias de todo el equipo directivo que dieron origen a seis expedientes que fueron desoídos por las autoridades del gobierno de María Eugenia Vidal y su Director General de Cultura y Educación Gabriel Sánchez Zinny, cuya responsabilidad es indelegable.

Adherir a los pedidos de los docentes y la comunidad educativa de declarar la Emergencia Edilicia en la provincia de Buenos Aires y la realización de inspecciones en todos los establecimientos educativos.

Sumarse al reclamo de justicia y reparación de las familias, de los padres de los/as alumnos/as y de toda la comunidad educativa y el pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Señor presidente:

El fallecimiento de la vicedirectora Sandra Calamaro y el auxiliar de la educación Rubén Rodríguez, luego de la explosión de una garrafa en la Escuela Primaria 49 de Moreno, son el emergente trágico de una larga crisis edilicia que afecta a la enorme mayoría de los establecimientos educativos.

La gravedad del hecho pone en evidencia que esta escuela era una bomba de tiempo. Se trata de un accidente que hubiese sido evitable si las escuelas estuvieran en condiciones. Sin embargo, los trabajadores de la educación vienen denunciando que desde hace años estamos asistiendo a un desfinanciamiento severo que tiene su expresión en el ataque salarial a los docentes, en la reducción de los comedores escolares, y en las terribles condiciones edilicias en las que estas se encuentran. Tampoco esta situación es privativa de la Provincia de Buenos Aires, sino que es la realidad con la que docentes y estudiantes deben lidiar a diario en todo el país. El ataque presupuestario es la contracara de una política de privatización y mercantilización educativa que han sostenido y sostienen todos los gobiernos –sean del signo político que sean. El memorándum con el FMI no hará más que agravar esta ofensiva.

El ataque de Vidal a la escuela pública es la continuidad y profundización de la política anti-educativa del gobierno de Scioli. Nuestro bloque (Partido Obrero en el Frente de Izquierda) ha presentado ya en 2016, a través del legislador Guillermo Kane, un proyecto que exigía se declare la emergencia edilicia, cajoneado por todos los bloques políticos mayoritarios.

Existe una clara responsabilidad política por este hecho que no se puede soslayar. La política de ajuste y desidia impulsada por el gobierno nacional y ejecutada por la Dirección General de Escuelas, el Consejo Escolar, la intendencia de Moreno y la gobernadora provincial, María Eugenia Vidal y su Director General de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, que han profundizado el vaciamiento y desfinanciamiento de la educación pública del gobierno de Scioli.

A fines del año pasado, Sánchez Zinny anunció la disolución de la Unidad Ejecutora Provincia (UEP) despidiendo a sus 380 trabajadores, la mayoría de ellos profesionales a cargo de la planificación de las obras de construcción y refacción de escuelas. Más cerca en el tiempo, se viralizó un audio del titular de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar, donde pedía a su secretaria que dibuje los presupuestos para la construcción de 79 cocinas de forma de obtener un sobreprecio de más de 20 millones de pesos. Ello, en medio de la persecución a los trabajadores de la DPI que pelean por el pase a planta y sus condiciones laborales. Mientras los trabajadores encargados de refaccionar escuelas no tienen presupuesto, ni obras asignadas, el presupuesto educativo es embolsado por los funcionarios de Vidal y Sánchez Zinny.

La gestión de Vidal se ha destacado por atacar a los docentes y colocarlos como enemigos para tapar su política de recortes, destrucción y descalificación de la escuela pública.

Hoy estamos lamentando la muerte de dos trabajadores que, como dicen los familiares de las víctimas, fueron dos muertes evitables y cuya responsabilidad política recae directamente sobre Vidal y Sánchez Zinny.

Llamamos a los/as señores/as diputados/as a acompañar este proyecto para que no quede impune el crimen contra los trabajadores de la educación y a poner sobre la mesa la grave situación de ajuste que vive la educación en nuestro país.