La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su profunda preocupación y su más enérgico repudio a las veladas amenazas dirigidas por distintos actores políticos contra el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio, quienes investigan la causa conocida como “Los Cuadernos de la Corrupción”.

A su vez insta, en función de la historia reciente de amenazas a miembros del poder judicial con consecuencias trágicas a quien corresponda, a agudizar las acciones tendientes a garantizar su protección para que puedan desarrollar su investigación con todas las garantías que les corresponden como funcionarios del poder judicial.

Señor presidente:

Días pasados se divulgaron en distintos medios periodísticos, por parte de actores políticos formales, amenazas contra los magistrados a cargo de la causa conocida como “De los cuadernos”. Lo que se escuchaba con una tolerancia social alarmante y que conlleva preocupación es: “La van a pagar, los jueces y los fiscales que están en esto la van a pagar”.

Este tipo de amenazas toman aún más relevancia si se tiene en cuenta el contexto en el que se han llevado a cabo. Es importante recordar los antecedentes de casos en los que el Poder Judicial investigó a quienes ocuparon cargos dentro de otros poderes y fueron perseguidos, amenazados y hostigados.

El 12 de diciembre de 2013 fue suspendido el Fiscal nacional José María Campagnoli a pedido de la Procuradora General de la Nación de ese momento por investigar los negocios del Sr. Lázaro Báez en el marco de una causa por corrupción y lavado de activos por parte de funcionarios de aquel Poder Ejecutivo. Fueron muchos los diputados entre miembros de otros poderes que profirieron presiones variadas, despectivas y amenazantes para con el fiscal Campagnoli en ese entonces. Paradójicamente quien está acusada hoy de corrupción es la ex Procuradora Nacional y quien está preso es el Sr. Báez. El fiscal Campagnoli aún hoy relata aquellas presiones como indignas en un Estado de derecho por miembros de otros poderes del estado.

Dos años después, el día 18 de enero de 2015, luego de haber denunciado a la ex presidente y ex funcionarios de su gobierno por encubrimiento al atentado de la AMIA, y un día antes de presentarse a declarar en el Congreso, apareció sin vida en su departamento el Fiscal nacional, Natalio Alberto Nisman con un tiro en la cabeza, y un día antes de su muerte, una integrante de la comisión de Legislación Penal de ese momento, manifestó que irían contra el Fiscal "Con los tapones de punta, como corresponde".

Relatar las presiones sufridas por el Fiscal Nisman y su familia, más allá de que la investigación de su muerte sigue en curso sería materia de una bibliografía completa, pero solo a título de muestra es sabido que funcionarios del Estado lo siguieron con cámaras en el aeropuerto de Ezeiza el día de su regreso y le hicieron inteligencia interna durante toda su investigación que terminó en encumbrados ex funcionarios hoy procesados por encubrimiento del atentado a la AMIA y el Fiscal, muerto.

Ya en esta misma cámara fue hostigado y amenazado por Cadena Nacional el Fiscal Ricardo Sáenz, el día 1 de marzo de 2015 en ocasión de aquella apertura de sesiones ordinarias por parte de la por aquel entonces Presidenta en la que además exhibió su fotografía y lo llamó golpista mientras bloques enteros aplaudían en este recinto a brazo partido semejante atropello a la independencia de los poderes y la libertad de acción por parte de un miembro de otro poder del Estado.

Que en esta honorable Cámara se dio, en junio de 2015, un hecho inédito. Diputados constituyeron una comisión que debía investigar el estado de salud del por entonces Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Santiago Fayt, cuestionando su idoneidad mental solamente porque tenía 97 años de edad, siendo un hombre respetado por su integridad moral por todos los sectores.

Son estas solo algunas expresiones de las múltiples que se han registrado en esta Honorable Cámara avasallando la independencia de poderes y el espíritu de tolerancia y respeto hacia otros poderes del Estado por parte de algunos de sus miembros y están exhibidos en estos fundamentos solo a título de ejemplos y ayuda memoria de lo que ocurre cuando no se prenden las luces amarillas que deberían llamarnos a reflexionar respecto de nuestra noble y fundamental tarea de colaborar en garantizar la independencia de los poderes y la tranquilidad con que sus integrantes deben llevar a cabo su tarea.

El presente repudio está basado en el rechazo a toda manifestación violenta, amenazante, intimidante, colectiva o grupal, inspirada en tratar de obstaculizar y/o condicionar la tarea de todo funcionario público, y en especial si es un Fiscal o Juez de la Nación.

Es doblemente preocupante cuando dichas amenazas son proferidas por parte de uno o varios integrantes de uno de los poderes del Estado, quienes deberían predicar con el ejemplo del respeto por las instituciones y terminan por hacer todo lo contrario.

En función de estos antecedentes aquí enumerados es que entendemos estas amenazas no pueden ser naturalizadas, toleradas ni tomadas a la ligera, y por ello instamos a los encargados de velar por la seguridad de estos y todos los funcionarios judiciales que investigan causas relacionadas con quienes ocuparon u ocupan cargos en algunos de los poderes del Estado y hoy están siendo juzgados por delitos a que redoblen las acciones para garantizarles seguridad y tranquilidad a ellos y sus familias. El relato en medios periodísticos por parte del Fiscal Stornelli en el día de ayer considerando la sola posibilidad de ser objeto de un homicidio por haber tenido entre sus manos la información que ostenta debe llamarnos a alzar enérgicamente la voz como parte de la república.

Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento de los distintos bloques en la sanción de la presente declaración para que nunca más esta Honorable Cámara se transforme en caja de resonancia de acciones intimidantes para los ciudadanos y mucho menos para los miembros del Poder Judicial cuya misión, entre otras, es investigar las irregularidades cometidas desde el poder.