El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1°- Se anula el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 669/19, de modificación de la Ley N° 24.557 de Riesgos de Trabajo y sus modificatorias, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional el 27 de septiembre de 2019, y publicado en el Boletín Oficial el día 30 de septiembre del corriente.

Art. 2°- De forma.

Señor presidente:

Por medio de un DNU, el gobierno modificó, reduciéndolo, el monto de indemnizaciones por incapacidad laboral definitiva o muerte del trabajador, establecido por la ley de riesgos del trabajo (Ley N° 24.557). El gobierno sostiene que “resulta razonable sustituir la tasa de interés prevista en el artículo 12 de la Ley N° 24.557 y sus modificaciones” que tomaba como base el promedio de la remuneración sujeta a cotización del último año previo a la manifestación invalidante, multiplicándolo por 30,4 (en base a la tasa activa del Banco Nación)- “por la de variación del índice Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE)”: un cálculo que da por resultado un monto a cobrar por el trabajador sensiblemente menor. Queda claro que la “razonabilidad” para el gobierno está pautada por las ganancias de las aseguradoras que han montado un enorme negocio capitalista sobre el lucro en torno a la salud y la vida de los propios trabajadores.

En los fundamentos del decreto, se habla de respetar “los objetivos de certidumbre, proporcionalidad y razonabilidad de las indemnizaciones, que hacen a los equilibrios financieros del sistema”. La perversidad no puede ser mayor, en un país donde los accidentes laborales se incrementan al ritmo en que aumenta la tasa de explotación laboral y se agudiza la violación de las normas más elementales de seguridad e higiene por parte de las patronales, al gobierno le preocupa que se respete el “equilibrio financiero del sistema” –eufemismo para referirse al beneficio millonario que amasan las empresas ART, y no quieren soltar. El texto del DNU no tiene pruritos en reconocerlo cuando sostiene que buscan con esta nueva disposición brindar “garantías técnicas” que eviten “un posible deterioro de la situación patrimonial de las Aseguradoras”. A menos de una semana del accidente en el aeropuerto de Ezeiza que se llevó la vida de un operario e hirió otra docena, este decreto pinta de cuerpo entero las prioridades de la clase capitalista, ¡a costa de la propia vida de los trabajadores!

Hasta ahora el índice que se tomaba en cuenta para actualizar la indemnización por accidente o muerte laboral era el de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina -como ya hemos señalado, un índice mayor al RIPTE. Por ejemplo, el RIPTE de todo el 2018 fue de 27,72%, contra un 40,63% de la tasa activa del Nación.

Sobre este aspecto, el decreto ahonda del siguiente modo: “el descalce entre el rendimiento financiero de los activos de las Aseguradoras y la ultra utilidad en favor de los beneficiarios resultante de la actualización de sus pasivos, fomenta la litigiosidad (y los costos concomitantes)”. Refiere asimismo a que los “incrementos desmedidos” (nos preguntamos cómo se “mide” el daño en la salud obrera o la pérdida incluso de una vida para el gobierno) de las indemnizaciones “son perjudiciales para la necesaria solvencia del sistema”. Toda esta retórica no es más que una forma descarada de culpar a las víctimas de lucrar con la tragedia de sufrir un accidente laboral –lo que en los más de los casos es consecuencia de las condiciones ultra precarias e inseguras de trabajo. Lo que la clase capitalista no está dispuesta a admitir es que la única manera de poner un coto a la “litigiosidad” en esta materia, es terminar con los accidentes laborales garantizando condiciones seguras de trabajo. El decreto invierte la ecuación conscientemente, porque lo que tienen en agenda es reforzar la precarización laboral – y con ello la inseguridad y la insalubridad, a costa de multiplicar la ruina de la salud y la pérdida de vidas obreras- de la mano de la reforma anti laboral que reclama el FMI. En este punto, Macri adelanta el trabajo que tiene previsto Aníbal Fernández si se consagra como nuevo presidente –no es por otro motivo que adelantó que su modelo laboral es el de Vaca Muerta, ¡donde la flexibilización del convenio ya se cobró ocho muertes obreras!

Los fundamentos del DNU demuestran que todo lo que le importa al gobierno es el “rendimiento financiero” de las aseguradoras, ni una palabra sobre cómo prevenir los accidentes laborales que tan caro pagan los trabajadores.

Otro punto alarmante es que esta medida tendrá vigencia retroactivamente, ya que en el artículo 3 establece que "se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante".

Además de todo lo que ya hemos expuesto, es menester resaltar el carácter anticonstitucional del decreto, toda vez que no se puede legislar de manera regresiva en materia laboral y, en general, de manera retroactiva.

Por supuesto que la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo expresó de entrada su conformidad. “Las empresas celebran el DNU” tituló muy ilustrativamente Ámbito Financiero (30/9). Mientras tanto, el consejo directivo de la CGT –que se ha comprometido a fondo con el “pacto social” para hacer pasar el ajuste y la reforma laboral- se han limitado a sacar un comunicado que rechaza el decreto en abstracto, y “las políticas de hambre, miseria y exclusión”, pero no dice una sola palabra de qué medidas piensan tomar para impulsar la lucha y la organización obrera contra esta ofensiva contra sus condiciones de vida. En la profundización de esta política de tregua anti obrera se inscribe la unificación de las centrales sindicales.

Cabe señalar que este decreto no es un rayo en cielo sereno. Ya en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner, y con el apoyo de la CGT y la UIA, se aprobó la anulación de la “doble vía”. Un reclamo histórico de las patronales que condiciona el reclamo del trabajador. En 2017, con el viejo latiguillo de desarmar la “industria del juicio”, el macrismo logró con el apoyo de la oposición una nueva reforma. Se incorporaron instancias administrativas, bajo control de las ART, para retrasar y condicionar la instancia judicial. En esa ocasión, el FPV impidió que la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo se pronuncie en contra de la reforma.

Este decreto no tiene nada de “necesidad y urgencia”. Lo único verdaderamente es defender la vida y la salud de los trabajadores –que está verdaderamente en jaque mientras sigan descargando la crisis capitalista sobre las espaldas de la mayoría popular que depende de su trabajo para subsistir. La baja de las indemnizaciones por despido o, en este caso, por accidente o muerte laboral, no es sino un complemento del plan de guerra contra los trabajadores que quienes nos gobiernan ahora y quienes se preparan para gobernar en el próximo período, buscan reforzar. Cuanto más barato es el accidente, menos son los “gastos” en prevención. La mayoría de los mal llamados accidentes laborales son producto de la negligencia patronal. Pero no se circunscribe al área de seguridad e higiene. Los premios por presentismo, por producción, las jornadas laborales extensas, la reducción de los descansos, el resorte de las dotaciones, los salarios de pobreza, el clima carcelario de muchos lugares de trabajo son factores que inciden aumentando la probabilidad de accidentes.

La única salida verdaderamente “razonable” a este problema es establecer el control obrero en los lugares de trabajo, con la puesta en pie de comisiones de seguridad e higiene electas e integradas por trabajadores y con la potestad de detener la producción –tal como establece un proyecto de ley de nuestro bloque sistemáticamente cajoneado en esta cámara.

Ponemos a disposición este programa y estos planteos para la necesaria lucha de la clase obrera por la estabilidad laboral, el salario y las condiciones de trabajo. Más que nunca se impone la movilización de la clase obrera por una salida a la crisis actual que parta de sus reivindicaciones, para que la crisis la paguen los capitalistas y no los trabajadores.

Por estos motivos, solicitamos a las y los diputados el acompañamiento del presente Proyecto de Ley.