La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara sobre los siguientes puntos vinculados a la implementación del Plan Nacional de Primera Infancia, ejecutado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación:

1) ¿Qué montos se han ejecutado de las partidas correspondientes a los ejercicios presupuestarios de los años 2016, 2017 y 2018 del Plan Nacional de Primera Infancia?

2) ¿Cuáles fueron los montos originalmente presupuestados?, y en caso de observarse sub ejecución se informe sobre los motivos que llevaron a tal situación.

3) ¿Cuál es la cantidad de Centros de Primera Infancia financiados desde el inicio de la implementación del Plan, y cuál es su distribución geográfica?

4) ¿Cuál son a la fecha las modalidades y montos específicos establecidos para ser transferidos a los centros de primera infancia, y si se han definido mecanismos de actualización de estos montos de acuerdo al incremento inflacionario de los costos que deben afrontar los CPI de acuerdo al convenio firmado?

5) ¿Cuáles son los montos transferidos a cada uno de los Centros de Primera Infancia, tanto en la partida inicial, como en las transferencias periódicas?

6) ¿Se han cumplido, por parte de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia en tiempo y forma, las transferencias correspondientes a cada uno de los convenios específicamente establecidos para la implementación del Plan?; si no ha sido así, ¿cuáles han sido los motivos de los retrasos en la ejecución de las partidas?

7) ¿Cuántos de estos Centros están vinculados a la Fundación CONIN o a los Centros CONIN, y en cuantos CPI la mencionada Fundación realiza tareas de apoyo, capacitación o atención a niñas y niños?.

8) ¿Se han realizado evaluaciones de impacto que determinen la efectividad o no de la política de transferencias a los Centros de Primera Infancia?, ¿se ha evaluado de alguna manera si la política implementada ha logrado mejorar los indicadores nutricionales, de crecimiento y de salud de las niñas y los niños?; ¿se ha realizado algún tipo de evaluación sobre el impacto de esta política en el fortalecimiento de los Centros de Primera Infancia, tanto los provinciales o municipales, como los de origen comunitario?. En caso de existir este tipo de evaluaciones o informes, se solicita poder acceder a los mismos.

9) Dado el compromiso asumido en la Campaña Electoal de 2015 por el actual Presidente de la Nación, de crear 4000 Centros de Primera Infancia en todo el país durante su mandato, ¿cuáles son los mecanismos establecidos presupuestaria, técnica y administrativamente para dar cumplimiento al mencionado propósito, que ha sido convalidado mediante el Decreto 574/2016 de fecha 11/04/2016?

Señor presidente:

Con fecha 11/04/2016, el Poder Ejecutivo Nacional, decretó la aprobación del “PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA”, como herramienta para garantizar el desarrollo integral de niños y niñas de CUARENTA Y CINCO (45) días a CUATRO (4) años de edad inclusive, en situación de vulnerabilidad social. El mencionado Plan debía ser instrumentado en el ámbito del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y su ejecución en el marco de la SECRETARIA NACIONAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.

A los fines de la implementación del Plan Nacional de Primera Infancia, el Poder Ejecutivo señalaba la necesidad de promover y fortalecer los espacios de cuidado de niñas y niños en su primera infancia. Espacios que debían garantizar una adecuada y saludable nutrición, así como la estimulación temprana y promoción de la salud, propiciando condiciones de participación activa en el ámbito familiar y comunitario que faciliten el proceso de crianza y desarrollo de niños y niñas, promoviendo el fortalecimiento intrafamiliar y comunitario.

Para tal fin la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia estableció un mecanismo de firma de convenios con gobiernos provinciales, municipales y organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, con el fin de transferir recursos que permitiera alcanzar el mencionado apoyo y fortalecimiento. Estos convenios definían un monto inicial y pagos semestrales, cuyo total se establecía a partir de la cantidad de niños y niñas atendidos en cada Centro.

Es reconocido que en nuestro país se han desarrollado una destacada cantidad de espacios no vinculados al sistema educativo formal, dependiente de los Ministerios de Educación de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que atienden a miles de niños y niñas.

El actual Presidente de la Nación, en su campaña electoral del año 2015, había mencionado el compromiso de crear 4.000 Centros de Primera Infancia, haciendo de esa promesa uno de los ejes de su promesa de “pobreza cero”.

No solo la pobreza se ha incrementado sustancialmente desde que el gobierno de la Alianza Cambiemos ha asumido el Poder Ejecutivo nacional, sino que ha desmantelado la mayoría de los programas de tipo compensatorio que desarrollaban los Ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social, que se ejecutaban en los territorios provinciales y municipales.

La estrategia económica del gobierno nacional ha generado en las familias argentinas profundas dificultades para abastecer de alimento, salud y educación a sus hijos e hijas. La caída del empleo, la creciente inflación, la baja de las asignaciones familiares, la pérdida de capacidad de poder adquisitivo de la AUH y de los diferentes formatos de transferencias por motivos sociales que implementa el Ministerio de Desarrollo Social, han generado nuevos e inéditos problemas para los hogares donde viven los niños y niñas de menos de cuatro años de edad.

En ese marco, también se reconoce un fuerte atraso en el cumplimiento del Plan Nacional de Primera Infancia. Se puede observar una distribución de CPI financiados sin una lógica territorial determinada; se recoge en las provincias y en los municipios un profundo malestar por el incumplimiento por parte de las autoridades nacionales de los plazos para la realización de las transferencias, lo que motiva un gran desorden en la disponibilidad de los fondos comprometidos para su trabajo cotidiano. Pero, y fundamentalmente, se comprueba un incumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno nacional en la cantidad de CPI a ser fortalecidos. Habiéndose cumplido ya casi un tercio del mandato presidencial, según la información recogida, no se ha alcanzado ni siquiera a una cuarta parte de los Centros que debían ser fortalecidos, lo que supone una sub ejecución presupuestaria de gran envergadura, ya que los fondos figuran en las partidas correspondientes.

Si las medidas de la macro economía generan pobreza y mayor desigualdad, es inconcebible que los fondos que figuran en el presupuesto nacional, aprobado por este parlamento, que están destinados a disminuir esta situación no se ejecuten.

Es un deber de primer orden el mandato constitucional que existe sobre el Congreso garantizar el cumplimiento con los compromisos internacionales de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, incorporados en la Constitución Nacional y las normas que garantizan los derechos de la niñez como la 26.061 y de la primera infancia como la 26.233, sancionadas por unanimidad en ambas Cámaras de este parlamento.

Sin otro motivo solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de resolución.