La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar el repudio de esta Honorable Cámara ante los actos realizados por las organizaciones sociales “Movimiento de Acción Popular” (MAP) y “Organización de Desocupados en Lucha” (ODEL) quienes ha destrozado en reiteradas oportunidades las instalaciones del CDR en la Ciudad de General Roca, en la Provincia de Rio Negro, amenazando a la Sra. Miriam Saigg, coordinadora de los Centros de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Rio Negro, a su familia y quemando su auto. El pasado 23 de septiembre del corriente año, las organizaciones sociales anteriormente mentadas dirigieron su accionar contra el domicilio particular de la Sra. Saigg, lo cual terminó provocando la renuncia de la funcionaria al cargo de coordinadora.

Señor presidente:

Tras casi 12 horas de manifestaciones, tirando basura, huevos, manzanar y quemando neumáticos ante el domicilio particular de la Sra. Miriam Saigg, volvieron a ganar los violentos, volvieron a ganar los prepotentes.

La escalada de este conflicto en particular se suscito por la negativa de la funcionaria a abonar salarios complementarios a aquellas agrupaciones que no habían demostrado la existencia de los comedores barriales que aducían. Por lo cual resulta sustancialmente inaceptable el reclamo de las organizaciones sociales “Movimiento de Acción Popular” (MAP) y “Organización de Desocupados en Lucha” (ODEL) en cuanto al fondo de la cuestión; las formas del reclamo que emprendieron no deberían ni ponerse a consideración .

En la actualidad el Ministerio de Desarrollo Social de Nación esta trabajando y cumpliendo con otras organizaciones que han podido demostrar la existencia de comedores barriales.

Cuando un grupo minoritario se atribuye potestades ilegitimas y busca por medio de la violencia obtener prerrogativas que no les corresponden salteando los procedimientos legales preestablecidos, nos encontramos ante el delito de sedición. La Constitución es muy clara al respecto, nuestro país es una Republica Democrática y el pueblo como delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por la constitución y las leyes.

El Código Penal reglamenta como se debe actuar ante la existencia del delito de sedición mientras que el Código Procesal Penal pone en cabeza del Ministerio Público Fiscal el ejercicio de la ejecución de la pena. Legamente también establecimos que en caso de no actuar de oficio el funcionario debería ser acusado de delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos. Sin embargo la Sra. Miriam Saigg en su carta de renuncia sostiene y cito: “la justicia y la policía dicen que no se puede hacer nada”.

Podemos ver fácilmente una falla estructural del Estado. Tenemos más de 200 años de historia como país independiente, tenemos más de 27.000 leyes sancionadas por este Congreso buscando consagrar derechos para todos los habitantes de la nación. Sin embargo, ante estos hechos parece que volvemos a “fojas cero” y nuevamente a 1816.

El Estado de Derecho tiene una característica intrínseca, la vigencia de la ley. Si un grupo minoritario se saltea mecanismos legales, si los funcionarios públicos no cumplen con sus obligaciones jurídicas, entonces nos encontramos fuera del Estado de Derecho, lejos de cualquier idea de seguridad jurídica y completamente alejados de un sistema institucional. Es por ello que como Congreso de la Nación debemos repudiar estos actos sea cual sea el partido político que gobierna, porque estos actos atentan contra la Republica.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyectó de resolución.