La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su profunda preocupación y el más enérgico repudio a las políticas de ajuste que el Poder Ejecutivo lleva adelante en los organismos nacionales del INTA, INTI, SENASA y empresas públicas como TÉLAM y solicitar el cese de los despidos, la persecución laboral y las suspensiones a los trabajadores y trabajadoras sin justa causa.

Señor presidente:

En diciembre de 2015, el Gobierno despidió a cerca de 4500 trabajadores de empresas del Estado. La primera mitad, en los dos primeros años de gestión, la otra en el último año y medio, mientras que desde 2017 el proceso de expulsión se aceleró, empujado por sucesivas politicas de ajustes. Los datos surgen de un relevamiento realizado por el Centro de Economía Política (CEPA).

Esta política de despidos en los últimos días redujo al 40 por ciento la planta de la Agencia estatal de Noticias Télam, con 357 despedidos y el cierre de corresponsalías, tal fue el caso de la provincia de Chubut, anticipada hace poco más de un año, en mayo de 2017, en un documento oficial titulado “Carta de Jefatura de Gabinete: empresas públicas para el crecimiento”, que adelantaba la decisión del Gobierno de reducir las transferencias a las empresas públicas.

De acuerdo con las estimaciones de CEPA, esto supone prescindir de 10 mil puestos de trabajo en la mayoría de las empresas del Estado.

A fines de enero de 2018, el INTI informó a través de un comunicado oficial que "se decidió desvincular a 254 trabajadores. Las causales que adujeron fueron, ausentismo reiterado, incumplimiento de horarios laborales y de desempeños". Estos argumentos son falsos, lo que quedó ampliamente demostrado a partir de la documentación que facilitaron los propios despedidos.

El comunicado indicó, además, que la medida apuntó a "ordenar a la institución, en concordancia con el resto de los organismos del Estado".

En el mes de mayo el ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevere, confirmo el despido de 543 trabajadores y trabajadoras. Entre los cesantes están 330 empleados del ministerio y 213 contratados del Senasa.

En la misma línea, el acuerdo con el FMI exige llevar a cero las transferencias a este sector del Estado para el año 2021, lo que hace prever que el desmantelamiento de las empresas públicas sufrirá un aceleramiento. En el memorándum de entendimiento técnico con el organismo internacional, el Gobierno expresa su voluntad de reducir “las transferencias asociadas con el déficit operativo de las empresas públicas que no están relacionadas con las tarifas de servicios públicos desde su nivel actual de 0,1 por ciento del PBI en 2017 hasta casi cero en 2021”.

Estas medidas se ven agudizadas por una inflación que va en aumento, una fuerte devaluación del peso y la pérdida del poder adquisitivo del salario.

Frente a esto, el Gobierno insiste con que el objetivo final de su plan económico es “dinamizar la actividad económica, crear nuevos empleos, hacer más atractivo invertir en nuestra economía, reducir la pobreza, mejorar la cohesión social y elevar los estándares de vida de todos los argentinos”, sin embargo, las reformas aplicadas hasta el momento van en desmedro de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables de la economía, generando más pobreza y exclusión social.

Por los motivos expuestos, y reiterando mi preocupación ante la situación que les toca vivir a los trabajadores y trabajadoras del país, solicito el acompañamiento de mis pares a la presente iniciativa.