El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1°- Se anula el decreto N° 683/2018, de modificación del decreto N° 727/2006 de Defensa Nacional, firmado por el Poder Ejecutivo Nacional el 24 de julio del corriente, y publicado en el Boletín Oficial en dicha fecha, y sus modificatorias.

Art. 2°- Comuníquese al Poder Ejecutivo. De forma.

Señor presidente:

Tras los anuncios del presidente Macri en Campo de Mayo, en el día de la fecha se publicó en el Boletín Oficial el decreto N° 683/2018, que modifica al 727 del año 2006 y lleva las firmas de Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el Ministro de Defensa de la Nación Oscar Raúl Aguad. Como sostuvimos ayer en un proyecto de declaración, se trata de una política destinada a “orientar la intervención militar a la represión interior y a un reforzamiento represivo del Estado contra los trabajadores”, que viene a dar continuidad a una orientación que el macrismo sostuvo desde el inicio de su gestión –con el DNU 721/2016 que otorga mayor autonomía y poder a las FFAA, la intención de instalar bases de la DEA norteamericana en la provincia de Misiones o la política de “reconciliación” con los militares genocidas. No se trata, sin embargo, de una política privativa de este gobierno, sino que responde a la orientación de una clase social que encuentra en la represión el fundamento último de su dominación. Uno de los antecedentes más emblemáticos en el pasado reciente es la promulgación de la ley antiterrorista cuando ejercía la presidencia Cristina Fernández de Kirchner, así como la designación de César Milani al frente del ejército o la militarización de los barrios a través de la gendarmería con la excusa de la “ayuda humanitaria”.

En esa línea, el decreto 683 tiene como una finalidad profundizar la injerencia del Ejército y el resto de las armas en la vida política y social en el marco de la enorme ofensiva anti obrera pactada en el memorándum del crédito del FMI, y como materia preventiva ante luchas crecientes por parte de la clase trabajadora –que no asiste de manera pasiva a la destrucción de sus condiciones de vida.

En el Artículo 1° del nuevo decreto se modifica la tipificación de las agresiones de origen externo, que ya no re remiten a aquellos actos perpetrados por Estados extranjeros, ampliando el radio de acción militar de las FFAA con el argumento del combate al “narcotráfico”. Todo lo cual supone que las acciones militares no estarán dirigidas contra otros Estados, sino hacia el interior de las fronteras nacionales. Volvemos al relato del combate contra el “enemigo interno”. No es casual que esta política se nutra de una ofensiva “amnistiadora” para con los militares genocidas -los “viejitos” indefensos de Carrió.

En artículos subsiguientes, se amplían las facultades del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, adecuándolos a esta nueva concepción. Esta definición amplia del “agresor externo” por parte de un gobierno que impulsa una política xenófoba y persecutoria contra los trabajadores inmigrantes –también consagrada por decreto: el DNU N°70/2017- alcanza por sí sola para alarmarse. El gobierno que impulsó sucesivos blanqueos de capitales para los lavadores de dinero que en muchos casos tienen origen en el narcotráfico, no se mete con los “peces gordos” que manejan el negocio, pero dice querer reprimir con toda la potencia militar este delito. En realidad, el pretendido “combate al narcotráfico” es el sambenito con que el imperialismo yanqui viene promoviendo una penetración militar en Latinoamérica y toda la región. La modificación de marras sobre “el agresor externo” nos recuerda incluso a la ley de Residencia de 1902, utilizada por sucesivos gobiernos a principios del siglo pasado para reprimir la organización sindical de los trabajadores –más aún en tiempos de una nueva crisis capitalista, en un cuadro de decadencia del régimen, en los que la burguesía busca imponer una ofensiva de enormes proporciones a los trabajadores, para lo cual se vale de la super-explotación de la clase obrera inmigrante como mecanismo de aleccionamiento y presión sobre las condiciones laborales y de vida del conjunto de la clase obrera del país (sin distinción de nacionalidad).

Esto es más grave en cuanto que en el artículo siguiente del decreto presidencial (Artículo 2°), se elimina toda restricción a que el Sistema de Defensa Nacional intervenga en el ámbito de seguridad interior. Se trata lisa y llanamente de un reforzamiento represivo del Estado contra los trabajadores.

La intervención de las fuerzas militares en materia de seguridad interior, coordinando con las demás fuerzas represivas, está a su vez destacada en los considerandos del decreto: “El ministerio de Defensa considerará como criterio para las previsiones estratégicas, la organización, el equipamiento, la doctrina y el adiestramiento de las Fuerzas Armadas, a la integración operativa de sus funciones de apoyo logístico con las fuerzas de seguridad”.

La maniobra de gran alcance consiste en enviar miles de efectivos del Ejército y la Armada a las fronteras a cumplir las funciones de la Gendarmería, cuyas fuerzas serán volcadas al control social interno, es decir a la represión al movimiento popular como ya las vemos actuar hace tiempo, incluso mucho antes de la gestión Macri, con Berni y con Milani como Comandante en Jefe.

En un nuevo artículo, el decreto sostiene que “El Sistema de Defensa Nacional ejercerá la custodia de los objetivos estratégicos” a través del Ejército, la Fuerza Aérea, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina. Por supuesto que cuáles son esos “objetivos estratégicos” no está explicitado en ningún lado: serán los que definan Aguad y Bullrich. Ya en marzo, desde el Ministerio de Defensa habían informado que los militares serían custodios de “zonas estratégicas políticas y económicas, entre ellas las represas hidroeléctricas y las centrales nucleares”. También las áreas mineras y petroleras son zonas estratégicas de este tipo. Tenemos entonces que los militares custodiarán recursos naturales como Vaca Muerta – una de las “zonas estratégicas” que están siendo saqueadas por parte de grandes grupos capitalistas amparados por el gobierno. Preguntamos entonces: ¿Contra quién van a defenderlo? ¿Contra los mapuches que reclaman el derecho a sus tierras ancestrales y denuncian la expulsión que sufren y la depredación ambiental? ¿Contra los obreros petroleros que luchan por recuperar salarios y conquistas arrebatadas por este gobierno en colusión con una burocracia sindical corrupta? Lo mismo sucede con la minería a cielo abierto, que ha motivado importantes puebladas en regiones como Catamarca y San Juan, contra las terribles consecuencias de esta actividad sobre el medio ambiente y la salud y condiciones de vida de quienes habitan en estas regiones. ¿Tendremos a los militares combatiendo a los lugareños que reclaman por su derecho a una vida saludable y libre de contaminación? ¿Este es el “nuevo enemigo” que enfrentarán las FFAA en defensa de la Barrik Gold, Chevron y otros pulpos monopólicos? Recordemos que Patricia Bullrich calificó a las comunidades mapuches de la Patagonia como terroristas, para justificar la represión que terminó con el asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.

En efecto, el combate al narcotráfrico invocado por el gobierno es en realidad la excusa clásica del Pentágono norteamericano para justificar el emplazamiento de bases militares por toda América latina. Ya conocemos sus resultados en México, país largamente militarizado, donde el narcoestado ha avanzado de la mano de la participación de las FFAA en cuestiones internas hace décadas. Al mismo tiempo hemos conocido las masacres de las rebeliones y movimientos populares como la de los estudiantes de Ayotzinapa o el ahogo en represión de la rebelión de Oaxaca a partir de la huelga general de los maestros de esa provincia en 2006, entre tantas.

Estamos ante un salto cualitativo en la política represiva de Bullrich que ya cobró la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, justamente por parte de la Gendarmería que será volcada por miles al control interno. Por otra parte Clarín.com informó que “se impulsará, entre otros cambios, una ´reestructuración operativa´ de la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeronáutica y la Prefectura para sacar más efectivos de las oficinas y ponerlos en las calles de la Capital, el Gran Buenos Aires y otros populosos centros urbanos del país”.

No se trata solo de una cuestión de DDHH, que sin dudas lo es, sino de la preparación de un régimen para descargar su fracaso sobre la mayoría trabajadora nacional, que de eso se trata la letra grande y la letra chica del pacto con el FMI. Es un aspecto de la garantía de su aplicación y por lo tanto la anulación de todas estas medidas será parte de una campaña política de las organizaciones obreras y populares. La CGT en lugar de pedir reuniones con el FMI debería llamar a un congreso de todos los sindicatos argentinos con mandato de sus bases, para enfrentarlos con la huelga general y la movilización popular.

Por todos estos motivos, solicitamos a los legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.