La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su rechazo a las reformas por decreto de las Fuerzas Armadas y la ley de seguridad interior, anunciadas por el presidente Mauricio Macri, para orientar la intervención militar a la represión interior y a un reforzamiento represivo del Estado contra los trabajadores.

Su denuncia respecto de que las reformas en curso no responden a ninguna política de combate al narcotráfico, sino a los reclamos del imperialismo yanqui para justificar el emplazamiento de bases militares por toda América latina, por un lado, y la intención de profundizar la injerencia del Ejército y el resto de las armas en la vida política y social en un cuadro de ofensiva capitalista y luchas crecientes por parte de la clase obrera.

Señor presidente:

Los anuncios efectuados por Mauricio Macri de reforma a la FF.AA. y de modificación de la ley de seguridad interior y finado el accionar de las Fuerzas Armadas son un claro complemento en materia de reforzamiento represivo del Estado, de la enorme ofensiva contra los trabajadores pactada en el memorándum del crédito del FMI.

El combate al narcotráfrico invocado para la reforma, que verá la luz mediante un decreto, es la excusa clásica del Pentágono norteamericano para justificar el emplazamiento de bases militares por toda América latina. Ya conocemos sus resultados en México, país largamente militarizado, donde el narcoestado ha avanzado de la mano de la participación de las FFAA en cuestiones internas hace décadas. Al mismo tiempo hemos conocido las masacres de las rebeliones y movimientos populares como la de los estudiantes de Ayotzinapa o el ahogo en represión de la rebelión de Oaxaca a partir de la huelga general de los maestros de esa provincia en 2006, entre tantas.

El decreto que conoceremos por el Boletín Oficial modificará la ley de Seguridad Interior que prohíbe la participación de las FFAA en cuestiones internas, lo que es una alteración del régimen político por vía de un decreto. Se valen de un difuso concepto de "agresión de origen externo" que contempla el accionar “contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de nuestro país”.

La maniobra de gran alcance consiste en enviar miles de efectivos del Ejército y la Armada a las fronteras a cumplir las funciones de la Gendarmería, cuyas fuerzas serán volcadas al control social interno, es decir a la represión al movimiento popular como ya las vemos actuar hace tiempo, incluso mucho antes de la gestión Macri, con Berni y con Milani como Comandante en Jefe.

La continuidad entre este gobierno y el anterior está dictada por la adscripción a la política “antiterrorista” que dio origen a la nefasta “ley antiterrorista”, que ciertos “republicanos” macristas cuestionaron en tiempos del kirchnerismo pero de la que jamás volvieron hablar y está vivita y coleando más que nunca con estos anuncios.

El anuncio es una continuidad del Decreto 721 del año 2016, conocido como de “autonomía de las FFAA” que Macri dictó en 2016. Por esa vía se dio autonomía en la designación de mandos y traslados y se dio vía libre a la participación de militares retirados acusados de crímenes de lesa humanidad en la formación de los nuevos cuadros. Toda una concesión estratégica de “reconciliación” que tuvo luego expresión en el “2 x 1” a los genocidas, abortado por la movilización popular que impidió lo que sería una virtual amnistía. El decreto 721 fue denunciado por el Partido Obrero como una medida de “excepción” que refleja una tendencia profunda del Estado y de las democracias capitalistas para descargar la crisis capitalista sobre las masas trabajadoras. En el acto presentamos un proyecto de rechazo, que hoy recobra vigencia y será unido a la acción parlamentaria contra el nuevo decreto por venir.

Estamos ante un salto cualitativo en la política represiva de Bullrich que ya cobró la vida de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, justamente por parte de la Gendarmería que será volcada por miles al control interno. Por otra parte Clarín.com informa que “se impulsará, entre otros cambios, una ´reestructuración operativa´ de la Policía Federal, la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeronáutica y la Prefectura para sacar más efectivos de las oficinas y ponerlos en las calles de la Capital, el Gran Buenos Aires y otros populosos centros urbanos del país”.

No se trata solo de una cuestión de DDHH, que sin dudas lo es, sino de la preparación de un régimen para descargar su fracaso sobre la mayoría trabajadora nacional, que de eso se trata la letra grande y la letra chica del pacto con el FMI. Es un aspecto de la garantía de su aplicación y por lo tanto la anulación de todas estas medidas será parte de una campaña política de las organizaciones obreras y populares. La CGT en lugar de pedir reuniones con el FMI debería llamar a un congreso de todos los sindicatos argentinos con mandato de sus bases, para enfrentarlos con la huelga general y la movilización popular.

Por todo lo expresado, y por las razones que oportunamente expondremos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.