La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio y rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional - a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación - de imponer una ilegal y exorbitante multa de casi 810 millones de pesos a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, medida que obedece exclusivamente a propósitos persecutorios sindicales y políticos, en represalia por los legítimos reclamos salariales que la misma lleva adelante, y por la postura de oposición pública al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno Nacional que ha adoptado la organización sindical en los últimos meses; resultando la conducta del Estado, violatoria de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo suscriptos por nuestro país, y nuestra Constitución Nacional.-

Señor presidente:

Ha tomado estado público esta decisión sin precedentes del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación de multar a la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios, por una sideral suma de pesos ochocientos nueve millones setecientos noventa mil setecientos diez ($809.790.710). La exorbitante sanción impuesta por la cartera laboral pretende fundarse en la supuesta y falsa realización de medidas de acción directa durante la vigencia de una conciliación obligatoria dictada por la autoridad, ello en el marco de la negociación del bono anual que la organización ininterrumpidamente viene acordando desde hace más de diez años. Por primera vez, a finales del mes de diciembre de 2017, la parte empresaria y la parte sindical ni siquiera podían comenzar la discusión del referido bono compensatorio debido a la actitud de injerencia asumida por el Ministerio de Trabajo de la Nación, quien pretendía condicionar la firma y eventual homologación del mismo a una gran cantidad de reformas convencionales a la baja que exigía al sector empleador, ello originó la realización de algunas asambleas informativas en ciertas empresas en la que trabajadores tomaron conocimiento de la situación que se atravesaba. Sin embargo, más allá de la presión que el Gobierno ejerció sobre la cámara empresaria, esta última y la organización sindical, finalmente acordaron el correspondiente bono anual, no obstante, a la fecha no ha sido homologado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.

Transcurridos estos hechos no se tuvo novedades administrativas por parte del Ministerio, sino hasta más de 6 meses después.

El día 14 de junio de 2018, la Federación de Camioneros, en el marco de la negociación paritaria de la actividad, realizó una medida de acción sindical debido a la reticencia del sector empresario a acordar una suba salarial acorde con el nivel inflacionario, en esta oportunidad nuevamente existieron presiones del Gobierno, como resulta habitual, ejercidas a través del Ministerio de Trabajo para que no se superara la pauta salarial del 15%, la cual finalmente, y más allá de las presiones, fue superada por más de 10 puntos.

Es como represalia a esta actitud de permanente reclamo que el día 15 de junio, “un día después del paro”, el Ministerio de Trabajo, en modo manifiestamente persecutorio, activa un sumario administrativo para la aplicación de una multa multimillonaria sin precedentes en la historia de nuestro país, y pocas veces visto en el mundo semejante actitud antisindical.

La inédita medida adoptada por el gobierno de Mauricio Macri comparte un claro sesgo ideológico con las políticas liberales y antisindicales desplegadas durante el mandato de la Primer Ministra y líder del Partido Conservador del Reino Unido, Margaret Thatcher, quien en un prolongado conflicto mantenido con trabajadores mineros en huelga durante los años 1984 y 1985, atacó sin tregua a los trabajadores y a la organización que los representaba, Sindicato Nacional de Mineros (National Union of Mineworkers o NUM) produciendo un grave daño al movimiento de trabajadores en general. Similar actitud asumió el gobierno del ex- presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan quien durante una huelga desarrollada por controladores aéreos en el año 1981, declaró su ilegalidad despidiendo alrededor de 11.350 controladores que participaban de la misma, sancionando a la Organización de Controladores Profesionales del Tráfico Aéreo (Professional Air Traffic Controllers Organization) (PATCO). Los conflictos mencionados incluyendo al que se repudia mediante esta iniciativa - como otros producidos en el mundo por gobiernos liberales y anti-trabajador -, no sólo afectan a la actividad involucrada sino que configuran un peligroso ataque, y un claro mensaje al movimiento obrero y a la sociedad en su conjunto.

En este sentido, no resulta casual que absurda multa sea impuesta un día antes de la visita de la titular del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde a nuestro país. ¿Será una forma de demostrarle al organismo internacional que este Gobierno sigue obedientemente sus recetas y castiga a quienes se oponen a sus designios, como por ejemplo a la reforma laboral? ¿Será una forma de demostrarle que están haciendo los deberes?

La grosera suma de ochocientos nueve millones setecientos noventa mil setecientos diez ($809.790.710) se origina en imponer una multa de pesos cuatro mil cuatrocientos treinta ($4.430 pesos) que corresponde a la mitad del Salario Mínimo Vital y Móvil - vigente a diciembre de 2017- por cada uno de los 182.797 afiliados que integrarían los Sindicatos adheridos a la Federación de Camioneros, y que según pretenden forzar desde la cartera laboral, habrían participado en medidas de acción directa.

Sin perjuicio de las palmarias razones políticas del caso, vale aclarar que la norma invocada para el cálculo (25.212) refiere a los “trabajadores afectados” por la infracción, y las deficientes inspecciones realizadas por la autoridad de aplicación sólo corresponden a un número reducido de 6 empresas, sin individualización de trabajadores y sin siquiera haber podido constatar la efectiva realización de asambleas informativas en el marco del reclamo por el bono anual. Considerando estas circunstancias parecería que el Ministerio realizó inspecciones de manera simbólica para tratar de extenderlas nada menos que a 182.797 trabajadores afiliados que se utilizaron como base de cálculo para la aplicación de la irracional y desproporcionada sanción, cuya eventual ejecución no sólo haría peligrar a la organización sindical, sino también la sustentabilidad de la obra social sindical – que debido al constante desfinanciamiento que el Estado produce sobre las mismas, al no reintegrarle las sumas que le corresponden – queda en serio riesgo de interrumpir las prestaciones de salud para los beneficiarios y su grupo familiar.

Las acciones que motivaron las actuaciones administrativas por parte del MTESS, carecen de fundamento fáctico y jurídico; pero además, son abiertamente extemporáneas, lo que las vicia de nulidad. En efecto, lejos de la información que hace trascender el PEN, los hechos que originan la injustificada reacción gubernamental, son la supuesta realización de asambleas impulsadas por trabajadores del sector en los finales del mes de diciembre del año 2017. El hecho es que seis (6) meses después de la supuesta existencia de esos hechos, el Ministerio de Trabajo el día 15 de junio del corriente año vuelve a impulsar las actuaciones administrativas ya anquilosadas en los escritorios, e insta lejos en el tiempo, a sancionar a la Federación. ¿Qué es lo que en realidad sucedió? Sucede lo grosero del acto de la administración que aquí se denuncia y condena; se muestra que el acto administrativo de nuevo impulso, se produce vergonzosamente al otro día en que La Federación dispuso un paro en medio de una disputa negocial con el sector empresario.

En razón a todo lo expuesto es que solicito al resto de los legisladores para que acompañen la presente iniciativa.-