El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1: Se dispone una partida presupuestaria extraordinaria para el incremento del 50% del presupuesto destinado a la provisión de alimentos a todos los comedores populares, comunitarios y escolares en todo el territorio nacional.

Artículo 2: Se establece la actualización trimestral de las partidas presupuestarias referidas en el Artículo 1, tomando como referencias mínimas el aumento de la variación porcentual del rubro “alimentos y bebidas no alcohólicas” del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica Alimentaria que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Artículo 3: Se dispone la duplicación de los montos percibidos por cada programa social y plan de empleo, y su actualización trimestral de acuerdo con la variación de la Canasta Básica Alimentaria y de la Canasta Básica Total – la que resulte mayor- calculada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Artículo 4: Se dispone la inmediata apertura de los programas sociales y planes de empleo, ampliando su cobertura a toda persona que lo solicite y no se encuentre formalmente empleada.

Artículo 5: Las nuevas partidas presupuestarias extraordinarias para el financiamiento de las disposiciones de la presente ley son independientes del presupuesto votado por el Congreso Nacional, y no podrán realizarse con la reducción del presupuesto correspondiente a otras áreas sociales (educación, salud, etc.).

Artículo 6: De forma.

Señor presidente:

El hambre y la desocupación se han convertido en un problema de primerísimo orden en nuestro país. La catástrofe social se agravó a partir de la última devaluación con más carestía y más más cierres de fuentes laborales y, por lo tanto, con mayor caída del poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y planes sociales, y con más desocupación y hambre. El panorama es desolador: 46,8% de los menores de 14 años en la pobreza y al 14,5% de los chicos habiendo pasado hambre en el último año, según el INDEC. Otro relevamiento, de la Universidad Católica Argentina, asegura que cuatro de cada diez niños, niñas y adolescentes bonaerenses se alimentan en comedores escolares o populares.

La creciente movilización del movimiento piquetero y las organizaciones sociales que se mantienen por fuera de la cooptación oficial, la huelga y cortes de ruta de los docentes y estatales neuquinos, los paros de la docencia, entre otras, son la expresión de lucha de un pueblo trabajador al que el gobierno y quienes aspirando a sucederlo sin romper con el FMI pretenden hundir en la miseria, haciéndole pagar los costos de la bancarrota económica que provocaron los capitalistas.

Cuando el gobierno de Macri declaró la quiebra de la Argentina (llamándole reperfilamiento) aseguró que nunca hubiera querido llegar a ese punto. Lo cierto es que el gobierno ha venido aplicando junto a los gobernadores un feroz ajuste contra los trabajadores, lo cual no le alcanzó para evitar un nuevo default pero sí para sumir a 14 millones de personas en la pobreza.

En este cuadro, el gobierno continúa negándose a atender las demandas más urgentes del sector más golpeado por la crisis: los trabajadores desocupados –que día a día se multiplican en nuestro país al calor de los cierres de fábrica y pérdidas de puestos laborales en todos los rubros. Pese a los masivos acampes y movilizaciones que colocaron esta situación desesperante en el centro de la escena política nacional, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley, sigue sin dar soluciones para los tres reclamos que motivaron el extraordinario acampe de 30 mil compañeros de la última semana, y el aún más contundente acampe del día de hoy que tuvo como única respuesta una brutal represión. Estos reclamos son muy sencillos y no requieren de ningún trámite parlamentario ni exigen ninguna ley para su satisfacción: la apertura de los programas sociales, el aumento de sus montos de acuerdo a los índices de inflación, y el incremento de la asistencia a los comedores populares. Actualmente hay 450 mil planes sociales (cifra muy por debajo de los 2 millones que había en el 2000, con los planes “jefes y jefas de hogar”), que permanezcan cerrados resulta absurdo en medio del crecimiento de la pobreza y la desocupación.

El costo de financiamiento de las medidas establecidas en esta ley está muy por detrás de lo que le cuesta al país la fuga de capitales diaria que están desangrando a la economía nacional. Cuando el oficialismo dice que no es necesaria una ley para atender la problemática alimentaria tiene razón, pero oculta que es una decisión política rescatar a los banqueros, fondos especulativos y fugadores seriales a costa del hambre popular. Por el lado de la oposición peronista, han consensuado una ley denominada de “emergencia alimentaria” que deja por fuera reclamos tan sensibles como el aumento de los planes y la reapertura de los programas –que establecemos en este proyecto-, y el aumento del seguro al desocupado y la prohibición de despidos y suspensiones. La “emergencia” que proponen es concebida como el complemento del pacto social reaccionario que pregona Alberto Fernández, congelando salarios y consagrando el “default” de las familias trabajadoras. Por eso recibe el apoyo de la CGT que a esta altura es una pata más del ajuste y trabaja para bloquear el reclamo imperioso de una urgente reapertura de las paritarias. Incluso le planteó ahora a Stanley que pondrá “a disposición la territorialidad de los gremios para canalizar asistencia” (Clarín, 10/9). Es la CGT que nunca organizó a los desocupados ni enfrentó los despidos, y que no tiene una política para unir ocupados y desocupados (reparto de horas sin afectar el salario). En estas condiciones, su planteo es sólo un intento de debilitar las organizaciones piqueteras.

La nueva prórroga de la Emergencia Alimentaria Nacional -establecida por decreto en el año 2002, en pleno desarrollo de la Argentina piquetera- que quieren hacer votar en el Congreso, no significa otra cosa que facultar al Poder Ejecutivo (es decir, al día de hoy, al propio Macri), a redirigir partidas del presupuesto de ajuste del FMI que todos los bloques políticos mayoritarias de este Congreso aprobaron para el año en curso. El citado decreto también establece la creación de un “Consejo Consultivo integrado por dos representantes del Gobierno Nacional dos de cada Gobierno Provincial y dos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pertenecientes a sus administraciones y a organizaciones sociales o confesionales” –reforzando una política de cooptación estatal y de reforzamiento de la injerencia de las Iglesias para que jueguen el papel de bomberos de la lucha popular, a costa de predicar la resignación ante el hambre y un mayor oscurantismo contra las mujeres. Es una política reaccionaria de disciplinamiento y sometimiento social para hacer pasar el plan de guerra del FMI contra las y los trabajadores.

Un proyecto similar de Emergencia Social ya fue aprobado por este Congreso en el año 2016, lo cual evidencia el carácter inocuo de estas medidas, que no dan respuesta al problema que dicen postular. En aquella oportunidad, a cambio de su aprobación, las organizaciones sociales alineadas con el Vaticano, firmaron un acta con el gobierno que, con el aval de la CGT, que estableció una “paz social” por tres años, donde figuraba que las organizaciones “se abstendrán de cualquier situación conflictiva, cualquiera sea su naturaleza”. ¡Es lo mismo que ahora reclama Alberto Fernández!

Como puede apreciarse, el problema no reside en la ausencia de una norma legal. El Poder Ejecutivo tiene todos los resortes y facultades en sus manos para responder a las demandas. Estamos frente a una maniobra dilatoria y distraccionista para sacar de la calle al movimiento piquetero que acaba de ganar nuevamente las calles.

Condicionar la satisfacción de las demandas a la redistribución de partidas- que es el eje del proyecto de emergencia- es una trampa pues los recursos no tienen por qué quedar atados a un presupuesto mutilado en función del déficit cero establecido con el FMI. No es la vara que se viene utilizando el gobierno con los reclamos de la clase capitalista. El estado acaba de devolver 2300 millones de dólares a los bancos en momentos que el país está en default y de otorgar un subsidio a las petroleras en compensación por el congelamiento de las naftas sin proceder a ninguna reasignación de partidas.

Esta “emergencia” en realidad busca ser el taparrabos de lo que se viene de la mano del FMI y el “pacto social” de Alberto Fernández que, con el concurso de la burocracia sindical y las cámaras empresarias, busca imponer un dique de contención a los reclamos populares empezando por los salarios, suspendiendo la vigencia de las paritarias y avanzando en la flexibilización laboral y reforma jubilatoria, que es la agenda que reclama el FMI y el gran capital.

La alternativa al hambre y la degradación de los trabajadores no vendrá de la mano de este parlamento, sino que requiere de la lucha y la intervención activa de la clase obrera. Por eso luchamos por un paro activo de 36 horas y un congreso de bases de trabajadores ocupados y desocupados para poner en pie de lucha al conjunto del movimiento obrero y discutir un programa de salida a la crisis nacional.

Por todos estos motivos, solicitamos a las y los diputados nacionales el acompañamiento de este proyecto de ley.