La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación frente al incremento en el precio de los combustibles durante el primer semestre de 2018.

Señor presidente:

A raíz de una nueva disposición de la A.F.I.P. se determinó un nuevo incremento del precio de los combustibles. Nuevamente el bolsillo y el poder adquisitivo de los trabajadores es golpeado y afectado por un rumbo económico desacertado.

Desde el Ejecutivo Nacional intentan justificar estos aumentos a raíz del mecanismo automático del ITC (Impuesto a los Combustibles) que en forma trimestral varían desde la reforma tributaria incorporada a la Ley 23.966 y reglamentada posteriormente a través del Decreto PEN 501/2018. De igual manera y desconociendo los procedimientos administrativos propios y sistémicos, es que salieron a través de distintos medios de comunicación para informar sobre la “suspensión” ya que dicha ley sigue en vigencia. Este tipo de hechos genera incertidumbre y no brinda claridad alguna, ya que a través de la Resolución 4257/2018 no contempla ninguna suspensión, sino todo lo contrario, contempla el aumento para el periodo Junio y Agosto 2018 (incrementando el 6.15% que directamente impacta en el precio final para los consumidores de combustible en un 1.3%).

Este tipo de acciones desafortunadas no se comprenden ya que previo a la renuncia del Sr. Ministro Aranguren, se había hecho un pacto y un acuerdo expreso para el congelamiento tarifario, como así también, una suspensión en los aumentos de los precios de combustibles por un plazo de 60 días, finalizando en Julio del corriente. Sin embargo, se ha implementado la aplicación inmediata del aumento desde el primero de julio desde el Ministerio de Hacienda como resultante de lo dispuesto por la Ley de Reforma Tributaria. Como observaciones y disertaciones planteadas en el recinto el día que se dio la media sanción de diputados, se manifestó que dicha reforma tendría efectos neutros o en el peor de los casos, negativos para el bolsillo del consumidor, ya que esta reforma no previa intención real de sacrificio fiscal.

Todo este tipo de acciones y disposiciones por parte del Poder Ejecutivo, correctas o no, generan un espiral inflacionario que directamente incidirá en el precio de la mayoría de los productos y servicios de consumo general. Es cierto que dos de las variables que componen la modificación de los precios están fuera del alcance del Ejecutivo Nacional, como lo son, el precio del petróleo y las tasas del bono del tesoro de los Estados Unidos. Dichas variables inciden directamente en la formación de precios y cadenas de valor en la producción Argentina.

La única solución real que puede beneficiar al bolsillo de los consumidores luego de tantos vaivenes y desaciertos económicos, consiste en el alivio fiscal bajando los impuestos sobre todos los hidrocarburos, en vez de recurrir a mecanismos automáticos y jurídicamente viables que terminan siendo obsoletos, o inclusive peor, perjudiciales para la sociedad en general.

La implementación de la libertad de mercados y sus fluctuaciones derivadas del normal ejercicio de la economía anunciada por el Ejecutivo Nacional a partir de su asunción en diciembre de 2015 se ve ahora contrariada por la intención que pretende la intervención directa por parte del Gobierno en el precio de las Naftas. Una cuestión de Estado que ha tenido tratamiento errático.

Por todos los motivos expuestos es que solicito a mis pares el acompañamiento de este proyecto.