La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional instrumente las medidas necesarias a fin de extender el plazo para el reempadronamiento de los trabajadores de la agricultura familiar, el cual vence el día 10 de agosto de corriente año.

Señor presidente:

La presente iniciativa tiene como objetivo que el Poder Ejecutivo Nacional arbitre los medios correspondientes para instrumentar las medidas necesarias, a fin de extender razonablemente el plazo para el reempadronamiento de los trabajadores de la agricultura familiar, el cual vence el día 10 de agosto de corriente año.

Recientemente a través de un comunicado difundido por el Ministerio de Agroindustria; entre el 2 de julio y el 10 de agosto próximo, los actuales beneficiarios del monotributo social agropecuario deben reempadronarse. Quienes lo hagan conservarán el derecho al beneficio actual, de manera gratuita, hasta fin de año. Y desde el primero de enero de 2019 los productores familiares “mantendrán su inclusión en el Registro de Efectores Sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y serán beneficiarios del actual Monotributo Social, manteniéndose así el aporte del 75% del beneficio a cargo del Estado Nacional o podrán optar por darse de baja del régimen”.

De acuerdo a dicho comunicado, el 25% del beneficio ($ 268 por persona) que actualmente es solventado por el Ministerio de Agroindustria, deberá ser pagado por el agricultor familiar, quien también deberá cubrir la proporción del beneficiario adherente (obra social para integrantes de la familia), por lo que la carga para el pequeño productor pasaría a ser mucho mayor, convirtiéndose incluso, en impagable para un considerable número de agricultores, teniendo en cuenta el actual contexto de crisis, inflación y caída estrepitosa de las ventas de sus productos.

Es importante aclarar que el Monotributo Social Agropecuario fue creado en 2009, durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y tiene como finalidad la formalización de la venta de productos y servicios de la agricultura familiar de aquellos trabajadores que se encuentren inscriptos en el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (Renaf), y que facturan hasta 72.000 pesos por año, siendo sus principales beneficiarios pequeños productores caprinos, porcinos, huerteros, apicultores, ganaderos de muy baja escala, entre otros.

Por lo tanto, el monotributo social agropecuario es una herramienta que permite que los productores de la agricultura familiar puedan acceder al derecho de jubilarse, computándose los años de permanencia como años de aporte jubilatorio, sin necesidad de realizar pagos o aportes adicionales y otorga cobertura de obra social bridando acceso a todas las prestaciones de salud contempladas en el Plan Médico Obligatorio (PMO), en una obra social sindical de su preferencia, quedando garantizada para los titulares del MSA y su grupo familiar primario (cónyuge e hijos hasta 18 años).

Por otro lado, resulta importante precisar que la inscripción en el MSA no afecta el derecho de la persona a percibir otros beneficios sociales, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensiones, jubilación mínima, y los beneficios sociales de los programas PROGRESAR, PROCREAR, entre otros.

Por este motivo, y para que no queden dudas, una medida de este tipo que pretende aplicar el Ministerio de Agroindustria, implicará sencillamente que el “Monotributo Social Agropecuario” como tal desaparecerá, perjudicando a decenas de miles de trabajadores.

En este sentido, Agustín Suárez, integrante de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), explicó al diario LA NACION que hoy el monotributo social agropecuario es la única herramienta "que regulariza la actividad del agricultor familiar, además de brindarle derechos, como una obra social y aportes jubilatorios. Este siempre fue un sector condenado a la informalidad, a que toda su cadena de producción fuera en negro, con los perjuicios que ello conlleva". Y agregó que los problemas para acceder al monotributo social agropecuario comenzaron a mediados de 2017. La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) es una organización de agricultores familiares con presencia en 16 provincias e integrada por más de 15.000 productores.

Otra vez, nos encontramos con una medida del Gobierno Nacional que recorta una política pública que desde el Estado impulsaba la formalización del segmento de productores más pobres.

Por los motivos expuestos, y en la lógica que el monotributo social agropecuario es una herramienta vital para los productores de la agricultura familiar, es que solicitó a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto de resolución.