El Senado y Cámara de Diputados...

Art. 1°.- Derógase el Decreto Nacional N° 591/2019, publicado en el Boletín Oficial del 27 de Agosto de 2019, por el que se sustituyen los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5° del Decreto Nº 181/92 y el artículo 3° del Decreto N° 831/93.

Art.2°: De forma

Señor presidente:

La publicación en el Boletín Oficial del Decreto 591/19 , abre una serie de interrogantes y genera una profunda preocupación en diversos sectores de la sociedad en relación a las consecuencias directas e indirectas de los efectos de la implementación de la norma citada.

La importación e ingreso de residuos a nuestro país es una medida que, hasta esta gestión se encontraba regulada por dos Decretos, N° 181/1992 y N° 831/1993.

El Decreto recientemente publicado violaría dos principios esenciales del derecho ambiental: uno es el de no regresión ambiental, por el cual las normas y la jurisprudencia ambiental no deberían ser revisadas si esto implicare retroceder respecto a los niveles de protección alcanzados con anterioridad, y tiene como finalidad evitar la supresión normativa o la reducción de sus exigencias por intereses contrarios que no logren demostrar ser jurídicamente superiores al interés público ambiental, ya que en muchas ocasiones, dichas regresiones pueden llegar a tener como consecuencias daños ambientales irreversibles o de difícil reparación

El otro principio que viola es el de progresividad, porque así como no se puede retroceder, se debe legislar hacia adelante. La ley es estricta y con esto se flexibiliza. Pero más grave aún es la violación a lo establecido en el último párrafo del artículo 41 de la Constitución que prohíbe de manera expresa el ingreso de residuos tóxicos al país cuya norma de aplicación es la Ley 24051, sobre Residuos Peligrosos.

La modificación propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional da cuenta de una flexibilización al debido control ambiental y ecológico. Esto implica que se den una serie de hechos que encuentran sus antecedentes en otros países de América Latina y que bien pueden ser testigo de lo que no queremos para nuestro país.

Las precarias condiciones de vida de la inmensa mayoría de los países de la región amenazan agravarse en el corto plazo ante las masivas exportaciones de millones de toneladas de residuos peligrosos provenientes de países industrializados. Estas exportaciones representan una amenaza sin precedentes para la salud de los habitantes de esos países y su medio ambiente.

La creciente generación de residuos peligrosos es actualmente un problema crítico para los países industrializados. La demanda de estrictos controles legales y técnicos para este tipo de residuos en esas sociedades y el rechazo de las comunidades a aceptar el manejo de los residuos en su territorio (conocido en inglés como “not in my backyard syndrome”), han elevado considerablemente su costo económico, social, político e impulsado su exportación como la solución más barata y menos conflictiva.

Aunque la transferencia de residuos no es un problema privativo de los países en desarrollo, un reciente estudio hecho en Estados Unidos muestra una clara tendencia a concentrar confinamientos de residuos en las comunidades con mayor población de minorías (negros, latinos, asiáticos). En los cinco años más recientes la exportación masiva de residuos hacia las sociedades en desarrollo es un esquema recurrente en los países industrializados -Estados Unidos, Alemania Federal, Francia, Italia y otros países europeos.

Estas exportaciones aprovechan las fuertes deficiencias en la protección del medio ambiente de los países en desarrollo (legislaciones ambientales considerablemente más débiles que las de los países industrializados y mínimos recursos para su vigilancia y puesta en práctica; enorme desconocimiento de los riesgos asociados con el manejo de los residuos peligrosos, así como una grave escasez de recursos humanos, económicos y técnicos para manejarlos), y de las carencias típicas del subdesarrollo (crisis económica, corrupción, enorme necesidad de divisas extranjeras para el pago de su deuda externa). Todo esto se traduce en un enorme diferencial de costos por el manejo de residuos entre países industrializados y en desarrollo.

Es fácil entender por qué la exportación de residuos hacia los países en desarrollo se ha transformado en un negocio muy rentable y generalmente mantenido en secreto. Debido a ello, la invasión de millones de toneladas de residuos ha tomado a los países en desarrollo por sorpresa. No ha sido sino hasta hace dos años en que el esfuerzo combinado de grupos ambientalistas, los medios masivos de comunicación y otras organizaciones denunciando este tipo de exportaciones, han creado una voz de alarma sobre el problema. Gracias a esos esfuerzos, países en vías de desarrollo están canalizando sus acciones para detener este tipo de exportaciones a través de organizaciones regionales.

Sin embargo, persiste aún una gran desinformación sobre la frecuencia de las exportaciones, sobre la cantidad de residuos exportados y sobre su destino final. La desinformación evidencia la escasez de recursos orientados a ejercer un mínimo control sobre el comercio internacional, legal e ilegal, de residuos peligrosos y sobre el pequeño avance logrado hasta ahora en la protección del medio ambiente y la salud de los habitantes de países en desarrollo.

La exportación e importación de residuos comprende en su mayor parte el envío directo (legal o ilegal) de residuos, simplemente para ser confinados en tierra sin las mínimas medidas de seguridad, o para ser tratados por compañías trasnacionales en dudables condiciones de seguridad. No obstante, debe considerarse también un envío indirecto de este tipo de residuos a través de la relocalización de industrias sucias hacia los países en desarrollo procurando evadir restricciones ambientales en su país de origen.

Algunos ejemplos de la transferencia directa de residuos hacia países en desarrollo son los siguientes casos documentados: la exportación de 4 000 toneladas de residuos italianos a Nigeria entre agosto de 1988 y mayo de 1989.

Otro de estos ejemplos es el referente a la jornada que hizo el barco Khian Sea durante 27 meses alrededor del mundo tratando de deshacerse de 14 000 toneladas de cenizas de incinerador provenientes de la ciudad de Filadelfia. Ante el rechazo de diversos países (incluyendo México) en aceptar los residuos, 4 000 toneladas fueron abandonadas en Haití y el resto desapareció misteriosamente en la mitad del Océano Índico.

Otro ejemplo es el referente a cientos de barriles de residuos peligrosos abandonados en la costa de Turquía entre julio y noviembre de 1988. La mayoría de los 342 barriles pertenecían a varias compañías químicas italianas (Cimica Orgánica, ACNA, Fustiplast).

Otro envío de 1 580 toneladas de residuos peligrosos de Alemania Federal a Turquía fue descubierto y detenido antes de su desembarque en 1988.

En otros ejemplos se ha documentado el envío y depósito ilegal de residuos a diversos países de África, América Central y el Caribe (México, República Dominicana, Haití), el Medio Oriente y otros países en desarrollo. En todos estos casos las exportaciones provinieron de países industrializados.

Especial mención debe hacerse del reciente interés de los países industrializados por relocalizar instalaciones para el manejo de residuos (incineradores, recicladoras, y confinamientos) hacia los países en desarrollo. Las instalaciones son construidas, por lo general, por corporaciones extranjeras o a través de inversiones conjuntas con compañías locales (joint ventures). Esta es una estrategia seguida por los países industrializados en los años más recientes, debido al enorme rechazo social a este tipo de instalaciones en su territorio. Casualmente varias organizaciones ambientales expresan su preocupación por la sanción en mayo de 2018 de la Legislatura porteña que aprobó la ley que habilita a la ciudad de Buenos Aires a incinerar los residuos urbanos que se generan en el distrito mediante la técnica de termo valorización energética.

A propósito de esto tomamos algunos otros ejemplos similares a los sucedido en la ciudad de Buenos Aires: la propuesta para construir un incinerador para quemar residuos estadunidenses en Guayana por dos compañías de Estados Unidos (Pott Industriets Corp. y Teixeira Farms International Inc.) en 1988; la propuesta de Global Telesis Corporation de California para construir una planta detoxificadora para residuos peligrosos estadunidenses (más de 600 000 toneladas métricas de la costa oeste cada mes) en Papua, Nueva Guinea; Las Antillas Holandesas rechazaron una propuesta de West Central Inc. de Filadelfia para construir un arrecife de 70 millas de largo en la costa de Saba (el arrecife sería rellenado con basura estadunidense y el gobierno local hubiera recibido 1 dólar por cada tonelada de basura confinada); la negociación entre una compañía alemana de Stuttgart y el gobierno de Mauritania para el confinamiento de 40 000 a 100 000 toneladas de residuos peligrosos del sur de Alemania en 1988; el rey Hassan II de Marruecos rechazó en 1989 la propuesta de un consorcio inglés para construir en ese país el confinamiento de residuos peligrosos más grande del mundo; la compañía estadunidense Admiralty Pacific planea usar basura estadunidense como material de relleno en las islas Marshall (durante los primeros cinco años las islas Marshall recibirían 34 000 libras de residuos sólidos municipales de la costa oeste de Estados Unidos).

Es importante discutir con mayor detalle el interés de los países industrializados por mantener, institucionalizar y legalizar el flujo legal de residuos hacia países en desarrollo. Un aspecto representativo de este interés es la propuesta de corporaciones y organizaciones de transferir el manejo de los residuos peligrosos a los países pobres.

Según este esquema, los países pobres se beneficiarían al contar con una nueva fuente de divisas extranjeras y la creación de algunos empleos.

Algunos académicos, Leonard, (1988), respalda esta propuesta al considerarla un recurso fácilmente accesible a los países pobres sin necesidad de grandes inversiones para mejorar su precaria situación económica.

Estas propuestas presumen, en el mejor de los casos, de buena fe, un adecuado nivel de control en los países en desarrollo para garantizar las mínimas medidas de seguridad en este tipo de operaciones y garantizar la protección de la salud de sus habitantes y su medio ambiente. Presumen también, un mínimo de ética moral de las compañías exportadoras para procurar un manejo seguro de los residuos.

La realidad de los países en desarrollo muestra condiciones totalmente deficientes para poder garantizar la protección de su medio ambiente y la salud de sus habitantes debido a un manejo elevado de residuos peligrosos. La inmensa mayoría de esos países no cuentan con el mínimo de recursos técnicos, económicos y humanos para vigilar y controlar el adecuado manejo de los residuos peligrosos importados. Más aún, el enorme desconocimiento en las sociedades en desarrollo sobre los riesgos para la salud asociados a este tipo de residuos, incrementa exponencialmente el riesgo de exposición para los habitantes de esos países.

Nuestro país cuenta con un área dependiente de Presidencia de la Nación, organizada como Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y en su Programa 63, Control Ambiental, cuenta con un Presupuesto vigente de 360 millones para el año 2019, que representa un 17% del total asignado para el área . Vemos con preocupación que el exiguo presupuesto para hacer frente a estas nuevas situaciones comprometería grave e irreparablemente la calidad de suelo, agua, aire y otros recursos naturales.

Volviendo a situaciones que se dan en otros países, vemos que empresas como Waste Management International, la compañía más grande en el mundo dedicada al manejo de residuos y una de las más importantes en su manejo trasfronterizo, cuenta con un amplio historial en Estados Unidos de violaciones y multas debidas a deficiencias en su operación. Chemical Waste Management, una filial de Waste Management International, ha sido multada por más de 30 millones de dólares por deficiencias en su operación, incluyendo 3 millones de dólares impuestos por la Agencia de Protección Ambiental estadunidense (EPA), por deficiencias en la operación de su incinerador en Chicago (operar sin que el equipo de seguridad esté funcionando) en mayo de 1989. La misma compañía iniciará la operación de un incinerador similar en la ciudad de Tijuana, Baja California (el primero en México) en 1990.

Es de esperar que, la operación de compañías como Waste Management Internacional en los países en desarrollo, será considerablemente más deficiente que en Estados Unidos ante la ausencia del estricto marco legal y administrativo que las regula en ese país. La escasez de recursos para establecer un mínimo control de este tipo de operaciones y en muchas ocasiones la inexistencia de un marco legal y administrativo para reglamentar el manejo de residuos peligrosos, dejará a los países en desarrollo desamparados para proteger su medio ambiente y la salud de sus habitantes.

La relocalización de industrias sucias de países industrializados a países en desarrollo es un patrón seguido por el capital internacional durante los 20 años más recientes. Charles Pearson y otros autores documentan la relocalización de corporaciones multinacionales hacia estos países bajo un estricto interés económico, pero incluyendo un creciente interés para evadir los altos costos de cumplir con la legislación ambiental en su país de origen. Por su parte, Barry Castelman documenta el uso de estándares dobles en la salud del trabajo y la protección del medio ambiente en las plantas de corporaciones multinacionales estadunidenses en países subdesarrollados, respecto a los estándares seguidos en su país de origen. Este autor proporciona una lista de ejemplos de catástrofes causadas por el uso de estándares dobles en las multinacionales en el Tercer Mundo. Entre ellos destacan la manufactura de asbestos en África del Sur, Brasil, India, México y otros países, o la manufactura de pesticidas en Bophal, India por la Unión Carbide.

Dentro de esta misma línea de investigación, Charles Pearson considera a los recursos ambientales un factor adicional de la producción, que en conjunto con los factores tradicionales de capital, mano de obra y recursos naturales, ayudan a determinar el patrón internacional de comercio e inversión. Sin embargo, Pearson no considera a los factores ambientales como determinantes en la relocalización de industrias a países en desarrollo.

La poca atención otorgada al creciente flujo de industrias sucias hacia los países en desarrollo, subraya la necesidad de incluir este tipo de transferencias dentro de la regulación internacional de residuos.

Por todo lo expuesto, que tanto nos preocupa así como a diversos sectores de nuestra sociedad, particularmente quienes dependen laboralmente del reciclaje de residuos, solicito que por la sanción de la presente ley se derogue el Decreto emanado por el Poder Ejecutivo Nacional.