La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su más enérgico repudio a los hechos de violencia acaecidos en la madrugada del día 4 de julio de 2016 en las instalaciones del diario Tiempo Argentino, cuando una patota de hombres encapuchados y encabezados por quien dice ser dueño de la empresa irrumpió en las instalaciones del periódico, actualmente explotado por sus trabajadores y trabajadoras bajo la figura de una cooperativa, destrozando el edificio, su mobiliario, equipamiento y pertenencias del personal, todo ello ante una inexplicable pasividad de las autoridades y de las fuerzas de seguridad. Un hecho de semejante gravedad, que atenta contra la libertad de expresión y el derecho al trabajo pero también contra las más elementales reglas de la vida democrática, nos obligan a repudiarlo y a instar a las autoridades nacionales para que desistan de provocar un clima de violencia entre los argentinos que sólo sirve para empujarnos a un pasado oprobioso al cual la sociedad entera ha dicho “nunca más”.

Señor presidente:

Una patota de encapuchados entrando en las instalaciones de un medio de comunicación, golpeando a quienes están dentro, rompiendo todo lo que encuentran a su paso, construyendo barricadas para impedir el acceso de los trabajadores y amenazar abiertamente a los periodistas, todo ello bajo la mirada pasiva de la policía y las autoridades, bien podría ser una postal de los años de la nefasta dictadura militar que azotó a nuestro país desde 1976.

Sin embargo es lo que vivieron los trabajadores y trabajadoras del diario Tiempo Argentino, que luego del retiro de su ex dueño con la consiguiente posibilidad de perder sus empleos, se organizaron como cooperativa y comenzaron a explotar el diario por sus propios medios, con el apoyo de vastos sectores sociales, políticos, académicos y periodísticos.

La irrupción de este grupo de choque estuvo comandada por el señor Juan Mariano Martínez Rojas, supuesto empresario correntino que en enero de este año afirmó haber adquirido las licencias y los activos pertenecientes a los medios de comunicación hasta entonces en manos del Grupo Veintitrés, entre ellos el diario Tiempo Argentino y Radio América.

Hace menos de un mes Martínez Rojas ya había protagonizado un lamentable episodio cuando cortó intempestivamente la transmisión de Radio América, sostenida por sus trabajadores y trabajadoras. Este hecho, que le valió una condena generalizada por ser violatoria de la libertad de expresión -incluyendo el repudio de FOPEA, asociación de la patronal periodística que supo militar fervientemente en contra de la ley de servicios de comunicación audiovisual- puso en evidencia que, hasta la fecha, dicho empresario no ha presentado la documentación relativa a la compra del grupo y que, por ende, no consta que sea su titular.

A la violencia, la usurpación y los daños, sobre lo cual deberá dar cuentas Martínez Rojas y su patota ante la justicia, se suma la situación irregular de estos medios de comunicación, que merece un abordaje urgente por parte de las autoridades y una solución que implique ineludiblemente la prestación del servicio y el sostenimiento de las fuentes de trabajo.

No puedo concluir sin hacer mención a que hechos como este empiezan a darse en un clima de violencia social y política animado desde la persecución ideológica que encabeza el gobierno nacional contra todos aquellos que piensan distinto y se oponen a sus políticas de ajuste. La estigmatización y discriminación, montada articuladamente por el poder político, mediático y judicial, son el caldo de cultivo necesario para que conductas como las de Martínez Rojas vuelvan a aparecer en nuestro país, siendo que parecían ya superadas.

Los argentinos y las argentinas no merecemos volver a ese pasado oprobioso. Merecemos la democracia que supimos conseguir, con el esfuerzo, la lucha y el sufrimiento del pueblo entero.

Por todos estos motivos solicito a los Señores Diputados y las Señoras Diputadas la aprobación de este proyecto.

Por todos estos motivos solicito la aprobación del presente proyecto.