La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su preocupación y rechazo ante las reiteradas manifestaciones de altas autoridades del gobierno nacional referidas a su voluntad de modificar el actual marco legal que rige el desenvolvimiento de las funciones estatales de defensa, seguridad interior e inteligencia. Tales modificaciones normativas afectarían la correcta delimitación de las antedichas funciones; alterarían la misión principal de las Fuerzas Armadas, desviándolas de la finalidad para las que fueron creadas y para la cual –más allá de las dificultades que todos creemos necesario superar- se alistan y adiestran diariamente.

Señor presidente:

Hemos tomado conocimiento, a partir del discurso pronunciado por el presidente de la Nación, Ingeniero Mauricio Macri, con motivo del Día del Ejército Argentino, sobre la intención del Gobierno Nacional de modificar las delimitaciones, funciones y ámbitos de competencia establecidos por la legislación para el funcionamiento de las Fuerzas Armadas (Leyes de Defensa Nacional, Seguridad Interior e Inteligencia, y Decreto 727/2006, reglamentario de la primera).

Según el presidente Macri, y otros funcionarios que fueron entrevistados por distintos medios de comunicación, resulta necesario realizar modificaciones en el rol que las Fuerzas Armadas han tenido durante esta etapa democrática y que fue perfectamente delimitado por el presidente Néstor Kirchner a partir del dictado del Decreto 717/2006 que dispuso que las Fuerzas Armadas serán empleadas “ante agresiones de origen externo perpetradas por ejércitos de otros Estados”.

Resulta claro, por cuestiones normativas y de reglamentación, los militares no pueden ocuparse de la seguridad interior, solo podrían hacerlo, con carácter de excepcionalidad y por un tiempo limitado en caso de una agresión armada dentro de la propia jurisdicción militar, la petición de apoyo logístico por parte del Comité de Crisis y ante la conmoción del sistema de seguridad interior con previa declaración del estado de sitio por parte del Congreso.

El marco normativo actual, contiene adecuadas previsiones referidas a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, tanto de las condiciones sociales y políticas a partir de las cuales podrían ser desempeñadas como los instrumentos legales que la legitimarían. Además, se contempla la actuación de órganos colectivos como el Comité de Crisis y el Consejo de Defensa Nacional que incluyen a las Fuerzas Armadas.

Por lo tanto, el desarrollo de las narcoactividades como la eventual amenaza del terrorismo internacional, que ya se encuentran dentro de las capacidades de otras agencias estatales aplicadas a estos temas, no son argumentos que habiliten la participación de las Fuerzas Armadas ya que se podrían presentar riesgos y situaciones conflictivas que ni la sociedad ni las propias Fuerzas Armadas estarían dispuestas a transitar.

Consideramos inconveniente que se modifique el marco normativo vigente relativo a la defensa, la seguridad pública y la inteligencia. Hacemos presente que las leyes y el decreto mencionados arriba –dictados a lo largo de cuatro presidencias diferentes- constituyen el consenso multipartidario más importante alcanzado por nuestra sociedad desde la recuperación de la democracia, en 1983. Y es, por lo tanto, un patrimonio republicano que se debe respetar y resguardar rigurosamente.

Por todo lo expuesto previamente, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.