La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de Capital Federal mediante el cual se condenó a prisión perpetua a uno de los asesinos de Amancay Diana Sacayán por homicidio calificado por odio a la identidad de género travesti y por ser causado por un hombre contra una mujer mediando violencia de género. Este veredicto es un precedente fundamental para el colectivo travesti y trans y el movimiento de Derechos Humanos en nuestro país.

Señor presidente:

El 18 de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 de Capital Federal condenó por unanimidad a Gabriel David Marino a prisión perpetua por el crimen de la activista travesti de Derechos Humanos Amancay Diana Sacayán. En el fallo, el tribunal consideró que se trató de un crimen de odio y que medió la violencia de género (artículos 4° y 11° del Código Penal). Es un fallo inédito e histórico ya que es la primera vez que se pronuncia la palabra “travesticidio” en los expedientes.

En el juicio, que empezó el 12 de marzo, quedó probado que Diana Sacayán fue asesinada a puñaladas en la madrugada del 11 de octubre de 2015 en el departamento del barrio de Flores. Su cuerpo tenía más de veinte cortes dos días después y según el perito Roberto Cohen – que realizó su autopsia- fue asesinada “con ferocidad”. La escena del crimen fue descrita por los primeros testigos como “una película de terror”. La habían maniatado y después de asesinada la taparon con su colchón.

Sacayán tenía 39 años y durante la mitad de su vida había trabajado en la conquista de derechos para el colectivo trans y travesti, de los más violentados y criminalizados. Fue una de las impulsoras de la Ley 26.743 de identidad de género, la promotora del cupo laboral trans y travesti en la Provincia de Buenos Aires, integrante del Programa de Diversidad Sexual del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, militante de los Derechos Humanos de las personas trans, secretaria de Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina (ILGA-LAC) y líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (M.A.L).

Gabriel David Marino, de 25 años, llegó al juicio acusado por “homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género, por odio a la identidad de género y con alevosía, en concurso ideal por robo”. Los investigadores creen que hubo una segunda persona que participó del asesinato de Sacayán, pero aún no ha sido identificada. Ese tramo sigue en etapa de instrucción.

La querella encabezada por Luciana Sánchez -en representación de Say Sacayán, hermano de Diana y coordinador de MAL - había pedido condenar a prisión perpetua a Marino como autor penalmente responsable del delito de travesticidio. Esto es, el homicidio agravado por odio a la

identidad de género travesti de Amancay Diana Sacayán (artículo 80°, inciso 4° del Código Penal), en concurso ideal con el artículo 80° inciso 11°, por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género (femicidio), en concurso ideal por haber sido cometido con alevosía y en concurso real con robo simple, por haber sido apropiados 20 mil pesos de Sacayán. La abogada reconoció el trabajo de la Unidad Fiscal Especializada en violencias contra Mujeres y personas LGBTIQ+ (UFEM) y la Comisión de Justicia por Diana en la recolección de evidencias que permitieron llegar a esta condena.

La querella del INADI, a cargo de Juan Kassargian, también había pedido prisión perpetua para Marino. Kassargian urgió al Tribunal a que tomara en cuenta los agravantes por odio, violencia de género y ensañamiento y alevosía.

El Ministerio Público Fiscal -Ariel Yapur por la fiscalía nro. 9 y Mariela Labozzetta de la UFEM- había pedido condenar a Marino prisión perpetua por homicidio triplemente agravado: por haber sido cometido por prejuicio de género, mediando violencia de género y por el vínculo con la víctima. En su alegato, les fiscales enfatizaron la importancia de que el homicidio fuera enmarcado en una “calificación correcta”: que “se llame al crimen por su nombre: un crimen por prejuicio y travesticidio, para comenzar a desandar el camino de invisibilidad e impunidad de este colectivo”. La fiscalía dijo que en el juicio el robo no había podido probarse y desistió de esa acusación.

La abogada y la fiscalía también solicitaron al tribunal una serie de medidas reparatorias para el colectivo de mujeres trans y travestis. A lo largo de 12 audiencias, el tribunal –integrado por Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio César Báez- escuchó a casi 30 testigos. Entre ellos peritos, forenses, científicos y una gran cantidad de travestis y trans. A lo largo de las audiencias las voces de travestis y trans que dejaron constancia no sólo de la pérdida que significó el asesinato de Sacayán para el colectivo sino también de la violencia estructural con la que conviven a diario.

Las personas trans y travestis de Argentina tienen una expectativa de vida de entre 32 y 40 años. En lo que va de 2018, ya han sucedido 36 travesticidios y transfemicidios en nuestro país, los cuales siguen impunes. La violencia hacia las personas trans y travestis alcanza estas tristes estadísticas en un contexto marcado por la exclusión sistemática de este grupo social del sistema de educación y salud y del mercado laboral formal. Razón por la cual las organizaciones trans y travestis vienen exigiendo la implementación de la Ley 14.783 de la Provincia de Buenos Aires y el tratamiento de los proyectos de Ley sobre cupo laboral trans y travesti que descansan en el Congreso de la Nación.

Por todas las razones expuestas solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de resolución. Muchas gracias.