La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar el más profundo rechazo a la Resolución N° 589/2019, publicada en el Boletín Oficial del día 16 de julio del corriente, originada en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se crea el “Servicio Cívico Voluntario en Valores”, bajo la órbita de la Gendarmería Nacional, dirigido a adolescentes de dieciséis a dieciocho años y a jóvenes de dieciocho a veinte años, por resultar atentatorio contra los principios universales de los Derechos del Niño, la normativa internacional y nacional, y los avances que en materia de no participación de niñas, niños y adolescentes en actividades vinculadas directamente a las fuerzas de seguridad ha alcanzado nuestro país en las últimas décadas.

Señor presidente:

El día martes 16 de julio de 2019 se ha publicado en el Boletín Oficial la Resolución 598/2019 que crea, a partir de la iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, el Servicio Cívico Voluntario en Valores.

En Octubre de 2010, se firmaba en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, órgano creado por la Ley 26.061, citada en la misma Resolución como Visto de justificación de su implementación, el compromiso por efectuar un minucioso relevamiento, dentro de sus respectivas competencias, sobre la existencia, modalidad y alcance de “policías infantiles” o “gendarmerías infantiles”, como así promover acciones de tipo administrativo y/o legislativo tendientes a la erradicación de dichas prácticas en un plazo razonable. El relevamiento alcanzó 17 provincias, donde se habían detectado y cerrado más de 70 organizaciones de gendarmería infantil, actividades que fueron suplantadas por propuestas culturales, deportivas, educativas, recreativas. Esta iniciativa se concibió y desenvolvió en el marco de la doctrina de la protección integral del niño, soporte conceptual de la Convención sobre los derechos del niño, de rango constitucional, y de toda la normativa vinculada a la protección de la niñez y la adolescencia nacional e internacional.

Se reconocía en ese cuerpo democrático y representativo de todas las provincias y de todas las fuerzas políticas, que este tipo de propuestas acentuaban una mirada discriminatoria sobre los chicos y chicas más humildes, que su fundamentación era ilegal y anticosntitucional, y que lo que correspondía era el fortalecimiento del sistema educativo, y la creación de ofertas de actividades vinculadas a la etapa de la vida en que se encuenra cada niño y adolescente, con un fuerte anclaje territorial y del contexto cultural.

Eran tiempos en que el Congreso Nacional ya discutía la creación de una institución que lleva el mismo nombre que el que se propone instalar ahora: “Servicio Cívico Voluntario”, que ya mencionaba en sus considerandos la ceación en establecimientos de las Fuerzas Armadas espacios de “conteción”, destinado a “jóvenes en riesgo”. Un sesgo profundamente discriminatorio y de marcada ilegalidad. Este proyecto tuvo media sanción en el Senado, pero no fue aprobado en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, esta iniciativa ha sido retomada por un área de Gobierno cuya incumbencia se encuentra lejos de la intervencion en materia de niñez y adolescencia. Solo una necesidad forzada por el interés electoral y profundamente prejuicioso puede justificar una medida administrativa, sin que pase por el Congreso Nacional, juntando en un mismo texto la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes.

La Resolución, además, confunde edades y categorías, justificando con normas destinadas a niños y adolescentes políticas dirigidas a jóvenes mayores de edad.

El Estado, es efectivamente responable de ofrecer oportunidades a los niños, los adolescentes, los jóvenes. Es el Estado el que tiene la obligación y la capacidad de incluir en los sistemas ya existentes y en los circuitos de las políticas públicas ya instaurados a la totalidad de la población. Es la Escuela la institución básica de inclusión social, desde el jardín hasta la Universidad. Es el eje del desarrollo humano y del crecimiento colectivo. Todo el esfuerzo estatal debe estar puesto en garantizar la presencia y permanencia de los niños, niñas y adolescentes en la escuela. Sin embargo, este gobierno ha disminuido el presupuesto educativo, ha permitido que los docentes pierdan el valor de su salario, ha desmantelado las politicas socioeducativas, ha abandonado la construcción de nuevos jardines, escuelas y Universidades, discontinuado el Progresar y el Conectar Igualdad, las orquestas infantiles y juveniles, y cientos de iniciativas que se organizaban alrededor de las ecuelas.

El Estado es el que debe promover el empleo, fundamentalemente el primer empleo, el empleo jóven, el que más cuesta. Y sin embargo, ha generado políticas que han aumentado la desocupación, el cierre de empresas pequeñs, medianas y grendes, ha abandonado el financiamiento de políticas de promoción de empleo en las economías regionales, y ha pulverizado la posibilidad de la cooperativización de la mano de obra juvenil, un camino probado y sostenido en muchos de los países del mundo que este gobierno suele señalar como ejemplo de desarrollo.

El Estado debe sostener y garantizar el derechos al deporte, a la actividad física, al uso creativo del tiempo libre. Sin embargo ha liquidado con su política de tarifas de servicios a la mayoría de los clubes de barrio de las ciudades de todo el país. Espacios que eligen las familias, los niños, las niñas y los jóvenes para desarrollar sus habilidades y sus expectativas deportivas.

El Estado es el responsable de garantizar la inclusión social, imlementar políticas públicas dirigidas a los sectores con más derechos vulnerados. Para eso existe, en el caso de la niñez y la adolescencia, un organismo público específico, autoridad de aplicación de la Ley 26.061, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Sin embargo, ha disminuido su presupuesto considerablemente, ha discontinuado políticas y programas. Y tampoco ha sido consultado para la puesta en marcha de este proyecto alejado de toda lógica y racionalidad.

En síntesis, Sr. Presidente, nos encontramos ante un gobierno que ha sistemáticamente generado exclusión social, particularmente en la niñez y la adolescencia, que ha generado que la mitad de los niños y adolescentes vivan en la pobreza, y la solución que nos proponen es que sea la Gendarmería Nacional la que deba resolver estos problemas?. Institución que tiene misiones y funciones específicamente señaladas en la normativa que la regula, ninguna de ellas relacionada con contenidos educativos o educación en valores, o nada que se la parezca.

Los valores democráticos y republicanos se construyen y aprehenden en las instituciones y bajo las políticas antes mencionadas, y no bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y la Gendarmería Nacional.

Aumento del presupuesto educativo y de ciencia y tecnología, apoyo al primer empleo, creación de miles de espacios en las escuelas, comunidades, clubes, donde los niños, niñas y adolescentes puedan sentirse contenidos, incluidos, escuchados y convocados a construir una sociedad más justa y más democrática. Ese es el camino, no el de segregar, estigmatizar y responsabilizar a instituciones que cumplen otro rol definido, destacado y valorado en esta sociedad.

Por todo lo expuesto corresponde repudiar enérgicamente la Resolución N° 589/2019 del Ministerio de Seguridad de la Nación y solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente Proyecto de Resolución.