La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su más enérgico repudio ante la violencia física e institucional ejercida por la policía de la Provincia de Córdoba en el procedimiento de desalojo llevado a cabo el día viernes 1° de junio contra los vecinos del “Barrio Comunitario Parque Esperanza” ubicado en la localidad de Estación Juárez Celman, departamento de Colón, Provincia de Córdoba.

Señor presidente:

El derecho a la Vivienda constituye en los Estados modernos democráticos un derecho fundamental de los ciudadanos, en contra de lo que ocurrió durante otras épocas históricas, así está proclamado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU en su artículo 25.1 que reza:

“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Asimismo se expresa en el Pacto Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, artículo 11:

“Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas y una mejora continuada de las condiciones de existencia, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.”

Nuestra Constitución Nacional, la ley suprema por la cual se rige el funcionamiento institucional de nuestro país, en su artículo 14 bis dice:

“El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.”

El viernes 1° de junio de 2018 la Fuerza Policial de la Provincia de Córdoba por orden del Juez Julio Guerrero Marín rodeó y atacó salvajemente el “Barrio Comunitario Parque Esperanza” ubicado en la localidad de Estación Juárez Celman, departamento de Colón, provincia de Córdoba, donde habitan 120 familias, las cuales vienen realizando un proceso de organización comunitaria con el único fin de garantizar una vida y una vivienda digna.

Las tierras donde se encuentra este barrio comunitario estaban abandonadas, eran tierras ociosas. La mayoría figuran a nombre de la empresa URBANOR SA que en el año 1992 consigue una aprobación para hacer un desarrollo inmobiliario, sin embargo, el proyecto nunca fue ejecutado; otra parte de las tierras resulta de una herencia familiar que nunca fue reclamada y, la última parte, es un terreno fiscal que pertenece al Gobierno de la Provincia de Córdoba cerca de donde actualmente se está ampliando la ruta Variante Juarez Celman.

Sus actuales pobladores, persiguiendo el sueño y el derecho de una casa digna, vecinos organizados de Barrio Ciudad de los Niños, Villa los Llanos, Remedios de Escalada y Guiñazú dividieron en manzanas el terreno y repartieron lotes para cada familia. Son 23 manzanas, de 28 lotes cada una.

Sin embargo, una vez más la policía reprime sin miramientos ni distinciones: madres, niños, mujeres embarazadas fueron víctimas de esta violenta acción, a tal punto llego la represión que uno de los vecinos del barrio se roció con combustible y estuvo a punto de incendiar su cuerpo para lograr detener el desalojo y la crueldad con la cual se manejó este procedimiento. No conformes con esta situación terrible, las autoridades rodearon el barrio con topadoras para arrasar con todo lo que en el estuviera en pie, viviendas, pertenencias de las familias y hasta un comedor comunitario que alimentaba a los niños que residen en el lugar.

Hasta hace algunas horas el paradero de los once (11) vecinos detenidos era incierto por ello expresamos nuestra preocupación al respecto además de exigirles a las autoridades que den explicaciones acerca de lo sucedido y lo actuado con las familias que viven en el barrio.

Previo a los incidentes el ministro de Desarrollo Social, Sergio Hugo Tocalli, manifestó que desde el Gobierno estaban atendiendo la situación de la gente mientras que la intendenta de Estación Juárez Celman, Miriam Prunotto, dijo que se agotaron las instancias de diálogo con las familias.

Nada más lejos de la verdad, ya que desde el comienzo del tratamiento del proyecto de Regularización Dominial, 1919-D-2018 de Cambiemos, uno de los representantes de los vecinos de este barrio, Andres Ezequiel Villalba, expuso y participo de ambas reuniones conjuntas realizadas por Asuntos Constitucionales, Vivienda, Legislación General y Presupuesto y Hacienda, presididas por el Diputado Nacional Pablo Tonelli. Lamentablemente Andres, es uno de los detenidos de los cuales aún no se conoce paradero.

En mi carácter de Diputada Nacional denuncio estas prácticas anti democráticas que tienen como fin imponer, a como dé lugar, una decisión nefasta que viene de un insensible poder político al cual no le interesa ofrecer ningún tipo de remedio, solo reprimir y castigar a quienes menos tienen.

Criminalización de la pobreza, ni más ni menos, mientras el gobierno sigue generando más deuda, el único instrumento que tiene es la brutal represión por medio de la fuerza pública.

La vivienda como derecho fundamental, debe ser resguardada por los gobiernos Nacionales, Provinciales y Comunales, quienes deberían estar tratando de ofrecer soluciones y no profundizar los apremios de quienes más necesitan del Estado.

Es nuestra responsabilidad velar por los intereses de todo el pueblo Argentino, generar las oportunidades y resolver los conflictos sociales por la vía democrática.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución. Muchas gracias.