La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar nuestro más profundo repudio y preocupación ante el fallo dictado por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 en el cual se condena a Marian GOMEZ a un año de prisión en suspenso, en orden a los delitos de Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves.

En este fallo, marcadamente discriminador, atenta contra la igualdad de géneros, la libertad de expresión y constituye una afrenta a los tratados de derechos humanos que nuestra democracia debe respetar en todos sus poderes.

Señor presidente:

Queremos expresar nuestra preocupación y repudio ante el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 26 condenando a Marian GOMEZ a un año de prisión en suspenso, en orden a los delitos de Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves.

Claramente la sentencia anunciada el día Internacional de reafirmación de los derechos del colectivo LGBTIQ+, a 50 años de los disturbios de Stonewall, pretende ser un mensaje disciplinador para este colectivo.

El informe titulado “Violencia contra Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales, Trans e Intersex en América” elaborado en 2015 por la COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS describe de manera perfecta todo lo vivido por Marian y su esposa Rocío GIRAT, desde el 2/10/2017 hasta el 28/6/2019.

Primero una situación de abuso policial, discriminador, en este caso lesbofóbico en otros casos homofóbico, y sobre eso un poder judicial que legitima el accionar abusivo de las fuerzas de seguridad generado una causa penal por “delitos menores”, en este caso de Resistencia a la Autoridad y Lesiones Leves, y una condena inusualmente dura (2 años pidió la fiscal, 1 año sentenció la jueza) ampliamente difundida para amedrentar y disciplinar al colectivo de disidencias sexuales.

Desde la derogación de los edictos policiales en 1996 el colectivo LGBTIQ+ viene conquistando derechos en nuestro país, y la condena dictada a Marian el pasado 28/6/2019 es un retroceso que debe alertarnos para evitar que el Estado de Derecho sea degrado a una mera formalidad.

Esto evidencia que resulta urgente la aplicación de la Ley Micaela en el Poder Judicial, y que resulta necesario que las instancias superiores dentro de ese poder, pongan las cosas en su lugar, y corrigiendo la sentencia dictada den a la Causa de Marian una solución justa, dictando su absolución.

Señor presidente, este proyecto de Resolución es una iniciativa propuesta por la Campaña Absolución para Marian Gómez quien ha acercado la idea que receptamos y trabajamos en conjunto.

Por todos estos motivos, solicito a mis pares diputadas y diputados que acompañen el presente Proyecto de Resolución.