PROYECTO DE RESOLUCION


Expediente 3367-D-2018
Sumario: EXPRESAR REPUDIO POR EL VETO DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL AL PROYECTO DE LEY 27443, SOBRE DECLARAR LA EMERGENCIA TARIFARIA HASTA 2019.
Fecha: 31/05/2018
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Su más enérgico repudio frente al veto del Poder Ejecutivo Nacional presidido por el Ing. Mauricio Macri sobre el Proyecto de Ley aprobado en este recinto y en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación con el objetivo de retrotraer los aumentos en las tarifas de los servicios públicos al 1° de noviembre de 2017 y declarar la emergencia tarifaria hasta 2019 inclusive, entendiendo que dicha medida se realizó de manera infundada, arbitraria, ilegítima y que perjudica la calidad institucional de ambas Cámaras y del Estado en general, violando la división de poderes.

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


El proyecto de la oposición aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación primero, y luego en la Cámara de Senadores, se basa principalmente en los siguientes puntos:
• Retrotraer el valor de los servicios al 01/11/2017 y declarar la Emergencia Tarifaria hasta el 2019 incluido.
• Que la revisión tarifaria sea cada 12 meses y esté vinculad a la variación del Coeficiente de Variación de Salarial elaborado por el INDEC. Es decir, que los incrementos estén atados a la variación promedio de salarios del sector público y privado estimados por dicha entidad.
• Que, para el caso de la MiPyMES, cooperativas de trabajo y empresas recuperadas, la revisión sea cada 9 meses y que su variación de sea través del Índice de Precios al por Mayor (IPIM), ligado a los costos que tiene el productor para colocar sus productos y servicios en el mercado.
• Que los saldos favorables que se generaron desde el 01/11/2017 a la fecha por la aplicación retroactiva de esta fórmula, sea acreditada como saldo a favor del usuario para futuros consumos.
• Ampliar la base de beneficiarios de lo que hoy conocemos como ‘’Tarifa Social Federal’’ a, por ejemplo, jubilados y jubiladas que cobren hasta 3 veces la mínima. En la actualidad sólo cubre es hasta 2 veces ese valor.
• Que la bonificación sea del 80% y la alícuota de IVA sea del 0% para los servicios de luz, agua y gas para los beneficiarios incluidos en el grupo anterior mientras esté vigente la Emergencia Tarifaria.
Con respecto al costo fiscal hay varias conjeturas, pero aquí nos basamos sobre la estimación hecha por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).
Dice: ”Durante el año 2017 los subsidios económicos iniciaron un proceso de reducción nominal y por ende real. Los destinados a la energía pasaron de $210.000 millones en 2016 a $125.000 millones a fines de 2017. Es decir que disminuyeron un 40% en términos nominales. Por su parte, los subsidios destinados al transporte pasaron de $80.000 millones a $90.000 millones. Esto implicó un aumento nominal del 13%. Esta combinación derivó en una baja del peso de los subsidios económicos en el PIB del orden de 1,5 puntos porcentuales. Se redujeron del 3,7% del PIB al 2,2% del PIB.”
Continúa con lo proyectado para el 2018, dónde los subsidios a la energía podrían caer un 45% en términos nominales y los de transporte crecer sólo un 5%. Esto implicaría un ahorro aproximado de $ 50.000 M y una caída de 0,9 puntos porcentuales en la participación sobre el PBI.
La contracara de esta caída de subsidios es la suba de tarifas por encima de la inflación. Esto se ve en que la suba de los precios regulados en el período mayo 2017 – abril 2018 fue del 38% mientras que la inflación promedio fue del 25%.
En el caso de retrotraer las tarifas a noviembre de 2017 y vincularlo a la variación salarial promedio del sector formal público y privado, con el supuesto de que para este año los salarios crecerán 20% (y por lo tanto los subsidios y las tarifas), implicaría que de bajar
0,67 puntos porcentuales (pp) del PBI lo haría 0,10 pp para el caso de las tarifas de gas y luz. Para el caso de transporte, pasaría de una caída de 0,18 pp a 0,10 también. En total, los subsidios bajarían 0,7 pp del PBI menos que lo proyectado, y es justo esa diferencia la total proyectada de todo el gasto si comparamos 2017 y 2018. En otras palabras, el déficit del año anterior fue de 3,9% del PBI, la proyectada en el presupuesto para 2018 es de 3,2% del PBI, una diferencia de 0,7 pp. Este análisis fue anterior a la corrida financiera de la semana pasada, luego de la cual esta proyección del déficit para este año pasó del 3,2% del PBI al 2,7%, mostrando que lejos está de haber una decisión política del Gobierno Nacional que vaya en línea con el proyecto de la oposición.
El informe termina con la siguiente conclusión: ”La situación es compleja. Son $90.000 millones en los que disminuye el ingreso disponible de los usuarios de energía si la dinámica no cambia por la baja de subsidios […]. Si se avanza en un cambio como el descripto, ese mismo monto de dinero debe ser financiado de alguna manera por el Fisco. Resulta vital encontrar un camino de equilibrio, considerando la situación de todos los actores en juego”.
Ahora bien, si bien retrotraer tarifas tiene un costo fiscal, no es excusa para fundamentar los injustos montos que llegan a domicilios de familias y PyMEs, y es una decisión política que toma el Gobierno de turno de elegir quién afronta el costo que tienen los servicios públicos. Más abajo aclaramos algunas medidas (de manera activa o pasiva) tomadas por la actual gestión y una aproximación de cuánto dinero significa, y que podría haber sido utilizado para moderar las facturas que tanto agobian a nuestro pueblo:
1. Por los cambios en las retenciones ni bien iniciada la gestión de Cambiemos, Argentina dejó de recaudar $70.000 M en 2016, $50.000 M en 2017 y $60.000 M para 2018.
La suma de los fondos que el Estado dejó de recaudar supera, aún en la más benévola de las estimaciones, los $150.000 M.
2. Con respecto a la toma de deuda de la actual gestión y su destino, si bien es cuestionable endeudarse para afrontar gastos corrientes, podemos pensar que parte de esa deuda puede ser utilizada para realizar las obras de infraestructura que, en teoría, contiene el aumento tarifario sufrido por los usuarios de los servicios públicos. La deuda tomada por el Gobierno de Cambiemos asciende a la fecha, a unos U$S 105.000 millones aproximadamente, y que casi en su totalidad se ha ido del país como fuga de capitales.
Con respecto al uso del veto como herramienta del Poder Ejecutivo Nacional, si bien es legal, hacerlo de manera desmedida y crónica pone en discusión su legitimidad.
Durante su mandato el Presidente Mauricio Macri utilizó el veto en seis oportunidades (Ley de Emergencia Ocupacional, Doble Jubilación Mínima para ex Combatientes de Malvinas, Salario Mínimo Profesional y Detección Precoz de la Trombofilia, Expropiación del Hotel Bahuen, Ley de Honorario de Abogados de la Justicia y Régimen de Incentivo para la Industria Naval), además de la mencionada en este texto.
Los datos anteriores pueden no parecer concluyentes, pero utilizando este mismo criterio de análisis y remontándonos a la gestión del actual Presidente de la Nación al frente
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, observamos que hizo uso de esa herramienta en ciento veintiocho veces en tan sólo ocho años, vetando a veces leyes impulsadas por su propio espacio político.
Lo que denunciamos es que el uso indiscriminado de dicho instrumento violenta claramente la división de poderes, por afectar de manera sustantiva la función que es exclusiva de ambas Cámaras Legislativas.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente Proyecto de Resolución.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
GROSSO, LEONARDO BUENOS AIRES PERONISMO PARA LA VICTORIA
DE PONTI, LUCILA MARIA SANTA FE PERONISMO PARA LA VICTORIA
HORNE, SILVIA RENEE RIO NEGRO PERONISMO PARA LA VICTORIA
FERREYRA, ARACELI CORRIENTES PERONISMO PARA LA VICTORIA
DONDA PEREZ, VICTORIA ANALIA CIUDAD de BUENOS AIRES LIBRES DEL SUR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
ASUNTOS CONSTITUCIONALES (Primera Competencia)

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