La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Su más enérgico repudio por las torturas seguidas de muerte del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo quien se encontraba bajo custodia de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar del Gobierno de Nicolás Maduro (DGCIM).

Su exigencia para que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela realice una exhaustiva investigación que determine las causas de su muerte.

Su exhortación al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que cese en la permanente persecución a los presos políticos y cumpla con los artículos 2º inciso 3a y del 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Venezuela el 10 de mayo de 1978.

Su pedido al Poder Ejecutivo Nacional que insista con el avance de la denuncia del Nicolás Maduro y otros funcionarios responsables ante la Corte Penal Internacional

Señor presidente:

Este proyecto viene a reforzar las expresiones de repudio y el pedido de investigación de la sistemática violación de Derechos Humanos en Venezuela, reflejados en los OD n° 830 y OD n° 429, y los proyectos presentados bajo los expedientes 6588-D-2018 y 4681-D-2018.

El 29 de junio murió el Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo en Venezuela. Estaba detenido arbitrariamente, sin orden judicial, supuestamente implicado en un intento de magnicidio a Nicolás Maduro y otros integrantes de su gobierno.

El viernes 28 tuvo que presentarse en los tribunales militares dado que fue acusado por el fiscal Tarek William Saab como responsable del plan de intento de homicidio al líder chavista.

En esa ocasión, se presentó muy deteriorado y con evidentes signos de torturas. No podía hablar, pero llego a afirmar, asintiendo con la cabeza, que lo habían torturado sistemáticamente. Enseguida después murió en el hospital.

Este hecho se suma también al episodio sucedido en octubre pasado cuando a Fernando Alberto Albán Salazar lo hallaron muerto luego de haberse tirado desde el décimo piso del edificio del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), ubicado en Plaza Venezuela, una zona de Caracas.

Albán era concejal del área metropolitana de Caracas por el partido opositor Primero Justicia (PJ). Se encontraba detenido desde el viernes 5 de octubre, acusado de haber participado en el intento de atentado contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Según el gobierno venezolano, el concejal fallecido habría sido el responsable de la explosión de dos drones en acto oficial.

Un informe de mayo de 2018 publicado por la Organización de Estados Americanos da cuenta de la “existencia de por lo menos 131 asesinatos cometidos contra personas que participaban en manifestaciones y donde el perpetrador del crimen ha sido identificado como un miembro del aparato de seguridad del Estado y/o de los colectivos, y de por lo menos 8.292 casos de ejecuciones extrajudiciales cometidos como parte de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil, especialmente contra miembros de la oposición o personas identificadas como tales.”

Por otra parte, el Parlamento del Mercosur se hizo eco de este hecho que ha conmovido a Venezuela traspasando sus fronteras nacionales y ha presentado un proyecto de declaración repudiando la muerte dudosa del Concejal y advirtiendo nuevamente sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Venezuela.

El actual gobierno argentino se encuentra especialmente preocupado por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, en particular la persecución a los dirigentes opositores delos gobiernos de Chávez y Maduro. La preocupación es de tal magnitud que el gobierno argentino ha decidido remitir la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para la apertura de una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad de conformidad con el artículo 14 del Estatuto de Roma.

Con este proyecto, vuelvo a llamar la atención de mis colegas sobre el dramático contexto de persecuciones, muertes dudosas, violaciones a los derechos humanos, debilitamiento a las instituciones democráticas que viven los venezolanos. Asimismo, apelo una vez más de manera urgente a la necesidad de exhortar por todos los medios posibles al gobierno venezolano a que dé cumplimiento a los tratados internacionales de protección de los derechos civiles, políticos y humanos de la población y a que sus dirigentes y responsables de dichas violaciones sean juzgados por los crímenes de lesa humanidad que cometen.

No podemos seguir negando la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del estado bolivariano. Debemos calificar sin eufemismos al gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura que debe llegar a su fin.

Por todo lo expresado, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto.