La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo implemente las medidas necesarias para establecer un sistema efectivo de control y sanciones sobre las Escuelas de Gestión Social (EGS) que autoricen el adoctrinamiento político con su alumnado y que no se ajusten al cumplimiento del artículo tercero de la Ley de Educación Nacional 26.206 donde se establece que la educación constituye una política de Estado prioritaria que debe reafirmar la soberanía e identidad nacional y profundizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetando los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Señor presidente:

El surgimiento de las EPGS data de mediados del siglo XX, cobrando mayor visibilidad tras la crisis económica del 2001, momento en que el contexto social y económico exigió que las instituciones educativas organizadas en cooperativas, asociaciones civiles y fundaciones tuvieran un rol más preponderante en términos de complementación y colaboración dentro del sistema educativo de la Nación.

En el año 2006 estas escuelas de gestión social son reconocidas por la Ley Nacional de Educación N°26.206 en sus Artículos 13 y14 como una de las modalidades de gestión que conforman la escuela pública, junto a la educación de gestión estatal y a la educación de gestión privada.

En el año 2007 se constituye formalmente la Federación de Cooperativas y Entidades Afines de Enseñanza de Buenos Aires (FECEABA) con la finalidad de nuclear a las EGS, aunando criterios mediante una plataforma de trabajo conjunto. A partir de este momento comienzan a organizarse encuentros de estas escuelas tanto a nivel provincial como nacional.

Durante el III Encuentro Nacional de Educación de Gestión Social realizado en 2009 en la Provincia de Mendoza se crea formalmente la Asociación Civil de Educación de Gestión Social (ACEGS) para nuclear a las diferentes escuelas de gestión social (EGS) del país.

Estas escuelas son heterogéneas, de acuerdo a la complejidad del contexto social en que desarrollan sus actividades y a las diferentes iniciativas que les dieron su origen. Algunas de ellas surgen por iniciativa de los mismos padres, otras son promovidas por organizaciones sociales, por autogestión de los vecinos de un barrio, por asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro o por cooperativas. En este sentido es importante señalar que, a pesar de su heterogeneidad, comparten valores como la solidaridad, la cooperación y el respeto por las diferencias.

Comprendemos la sana intencionalidad y el aporte positivo que puede significar la existencia de las EGS dentro del sistema educativo nacional, sin embargo, nos preocupa la posible utilización de las mismas para el adoctrinamiento político. Durante los últimos días se han proyectado públicamente imágenes que manifiestan de forma explícita la intencionalidad política de quienes dirigen algunas de estas escuelas de gestión social. Un ejemplo claro de esta situación es la Escuela Pública N°2 del Barrio Emerenciano en Resistencia, Provincia del Chaco, donde se realizó un homenaje al Che Guevara durante la ceremonia del Día de la Bandera Nacional, utilizando un atril con la imagen del Che Guevara e izando en forma simultánea la bandera de Cuba, país donde rige una dictadura comunista desde hace ya más de medio siglo, bajo el dominio de la familia Castro. Cabe señalar que en esta escuela es de uso obligatorio el uniforme de color rojo, color que simboliza al comunismo asociado en forma particular con la izquierda revolucionaria.

En nuestro país el adoctrinamiento político es anticonstitucional y se contradice con los lineamientos y valores centrales del sistema educativo nacional.

La Ley Nacional de Educación establece en su Artículo 92 Inciso c) que será parte de los contenidos curriculares lo siguiente:

El ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633.

Por los motivos expuestos solicito la aprobación del presente proyecto de Resolución