La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar profunda preocupación por la reducción de compra de vacunas para prevenir enfermedades en el territorio nacional.

Señor presidente:

En respuesta a un pedido de informes originado en la comisión de Salud y Acción Social de la Cámara de Diputados de la Nación, la secretaría a cargo de Adolfo Rubinstein entregó a los legisladores un documento que confirma la mayor preocupación de los argentinos en los últimos meses, se compraron menos vacunas de las necesarias para alcanzar las coberturas planificadas.

Según el informe de la Secretaria de Salud y Desarrollo Social de los 7,7 millones de dosis adquiridas en 2016 se pasó a 3 millones en 2018; esto quiere decir que el Estado ha reducido la adquisición de dosis, lo cual produjo una alarma en los profesionales de la salud, ya que advirtieron que no alcanzarían para prevenir las enfermedades.

La ley 27.491 de Control de enfermedades prevenibles por vacunación fue aprobada por unanimidad por las dos Cámaras que integran este Congreso. En enero de 2019, la misma fue promulgada por el Poder ejecutivo Nacional.

Esta normativa declara que la vacunación es un bien social de interés nacional, así como una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva. Asimismo, establece los principios por los que debe regirse la cuestión: Gratuidad de las vacunas y del acceso a los servicios de vacunación, con equidad social para todas las etapas de la vida; Obligatoriedad para los habitantes de aplicarse las vacunas; Prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular; Disponibilidad de vacunas y de servicios de vacunación y Participación de todos los sectores de la salud y otros vinculados con sus determinantes sociales, con el objeto de alcanzar coberturas de vacunación satisfactorias en forma sostenida.

La salud gratuita de acceso universal y la vacunación han sido un orgullo del Estado argentino a lo largo de su historia, teniendo uno de los calendarios de vacunación más completos del mundo, reconocido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Pero lamentablemente el 80% de las vacunas aplicadas a los ciudadanos del país son importadas y hace ya varios meses que se viene denunciando un faltante de las mismas.

En lo que va de los días el Gobierno admitió que redujo la compra de vacunas para prevenir enfermedades tales como la Hepatitis A, meningitis y varicela. Esto genera desmotivación en las madres y padres a volver a los centros de salud para aplicar las vacunas que protegerán a sus hijos, lo que los especialistas denominan como “oportunidades perdidas de vacunación”.

Durante la “Jornada de Fortalecimiento del Derecho a la Salud” organizada por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, se conoció que, ante un requerimiento formulado en mayo de este año por ese organismo, la cartera sanitaria porteña informó que en 2018 recibió sólo 95.040 dosis de la vacuna antimeningocóccica cuadrivalente conjugada, de las 215.261 programadas, lo que equivale a un 44 por ciento de lo planificado.

La no disponibilidad de Menveo (nombre comercial de la vacuna contra la meningitis) es tan crítico que ni siquiera habría suficientes dosis para cubrir a los niños más pequeños y así cumplir con las tres aplicaciones establecidas por el Calendario hasta los 15 meses de edad. El faltante es necesario para cubrir la población objetivo del año en curso, pero no sería el mayor problema ya que según reconocieron varias fuentes estaría en peligro la adquisición del stock de la vacuna para el año 2020.

Los especialistas señalan que no sólo preocupa la falta de vacunas, sino también los insumos para aplicarlas. Para Oscar Trotta, director del Instituto Revisor de Políticas Sociales y Acceso a la Salud de la Defensoría, “las familias sufren una complicación mayor por el cierre de los programas de abordaje territorial, que incluían a los vacunadores que iban a los barrios, los clubes, los lugares de trabajo y vacunaban en esos lugares” “Al desarticular esos programas, y como consecuencia de la situación económica, las familias no cuentan con los recursos para trasladarse y deciden postergar o suspender el esquema de vacunación de sus hijos. Y se necesita el 95 por ciento de la población vacunada para tener un nivel de cobertura óptimo para cualquier sociedad”.

El acceso a las vacunas constituye la política pública más efectiva de salud pública. Cada persona que se vacuna está cuidando su salud y la de toda la comunidad. Por ello es tan importante que los ciudadanos cumplan con el deber obligatorio de aplicarse las vacunas y que el Estado garantice el acceso a las mismas. Lo que el gobierno quiso mostrar inicialmente como un problema puntual ligado a cuestiones de logística es en realidad el resultado de una política restrictiva en materia de inmunizaciones.

Por las razones expuestas y consternados por la gravedad que implica la falta de vacunas, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.