El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1°: Establécese un “Haber jubilatorio n° 14” en concepto de gratificación anual complementaria para todos aquellos beneficiarios de jubilaciones y pensiones del Sistema Integral Previsional Argentina (SIPA). El mismo será equivalente al monto de la jubilación mínima vigente y se abonará en diciembre de cada año, junto con el haber mensual y el correspondiente medio aguinaldo.

Artículo 2°: Los gastos o costos fiscales que demanden las disposiciones de esta ley serán satisfechas con las rentas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Facúltase al Jefe de Gabinete de Ministros a efectuar las reasignaciones de partidas presupuestarias que considere para garantizar el efectivo cumplimiento de esta Ley.

Artículo 3°: El pago del haber estará a cargo de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) y a cuenta del FONDO DE GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO (FGS).

Artículo 4°: Esta ley será reglamentada dentro de los 30 días de su entrada en vigencia.

Artículo 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.

Señor presidente:

El presente proyecto tiene como finalidad establecer un haber complementario para los beneficiarios del Sistema Previsional Argentino que habiten en el territorio de la República Argentina.

Como es de público conocimiento, este grupo etario ha sido el más ultrajado por la crisis económica que atraviesa la Argentina, y en particular por las medidas tomadas por el Poder ejecutivo Nacional desde el 10 de diciembre de 2015 en adelante.

Una de las herramientas más importantes de la inclusión de los ciudadanos en de la Seguridad Social es el régimen de jubilaciones y pensiones que integra el Sistema Integrado Previsional Argentino (S.I.P.A.), instituido conforme a los alcances de la Ley 26.425, el cual es financiado a través de un sistema solidario de reparto, en el que Estado Nacional juega un rol preponderante de carácter inclusivo y redistributivo socialmente.

Los momentos de dificultad económica afectan a toda la población, pero lo hacen más duramente sobre los grupos vulnerables, como las personas mayores y los niños.

La inflación, las subas de tarifas de servicios domiciliarios y la baja en el valor real de las jubilaciones y pensiones son una combinación de factores letales para este grupo.

Ante el impacto socio-económico producido por dicho fenómeno, resulta urgente y necesario adoptar las medidas pertinentes para que, con la celeridad del caso, se mantengan los estándares adquisitivos de las remuneraciones.

La inflación impacta a todos los argentinos, pero especialmente a aquellos que dependen de un ingreso fijo que recibe actualizaciones -en el mejor de los casos-, de forma periódica. Por todo esto, y dado que conforme el artículo 75 inciso 23, es función de este Congreso de la Nación “legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”, no podemos permitir que se siga relegando a este sector, con un ingreso que siempre está corriendo atrás de la inflación.

Los datos que nos arroja la realidad cotidiana indican que las personas mayores en Argentina no están gozando de sus derechos humanos fundamentales, lo que les impide llevar una vida digna. Este Congreso tiene el deber de adoptar acciones positivas para revertir esta situación.

Por las razones expuestas, y atendiendo a la grave situación que atraviesan los jubilados y pensionados en Argentina, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.