La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar repudio por el accionar de la Gendarmería Nacional y del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense que, en la madrugada del 16 de mayo, reprimieron duramente a los trabajadores que de Cresta Roja que bloqueaban el ingreso a la Planta 1, en reclamo por salario adeudados y la continuidad en sus puestos de trabajo.

Señor presidente:

La situación de Cresta Roja supo ocupar el centro de escena política y gremial a fines del año 2015, cuando en vísperas de navidad la empresa amenazaba con cerrar sus puertas y dejar a unos 3.000 trabajadores en la calle.

Luego de recibir millonarios subsidios y tras diferentes intentos de salvataje, la empresa se declaró en quiebra, dejando un tendal de salarios adeudados y cheques impagos. El consorcio PROTEINSA se hizo cargo de la empresa, comprometiéndose con el gobierno de la provincia a mantener los puesto de trabajo. Sin embargo, hacia fines de 2017, un nuevo escenario de salarios adeudados, indemnizaciones impagas, reincorporaciones que nunca se llevaron adelante y enormes problemas financieros, llevaron a esta nueva empresa a presentarse a concurso de acreedores. En ese contexto, el control de la empresa volvió a cambiar, quedando en manos de WADE S.A., relacionada al grupo TRES ARROYO, el mayor de pollos del país.

El nuevo pase de manos de la empresa no implicó un cambio en el rumbo de Cresta Roja. Ariel Gaspar De Grazia, director titular de WADE S.A., presentó un plan, homologado por el Ministerio de Trabajo, que pretende reducir el personal en 800 empleados, hacer funcionar la planta con tan sólo 250 operarios durante el primer año e incorporar otros 250 en julio del año que viene.

Por esa razón, unos 300 trabajadores, que desde hace cuatro meses que no perciben sus salarios, venían realizando un acampe y bloqueo en la puerta de la Planta 1, en rechazo al plan de ajuste de la empresa. La situación se tensó aún más cuando en la madrugada del 16 de mayo, luego de que la empresa decidió comenzar la faena de pollos con sólo 200 empleados y dejar a 900 afuera de la planta, más de dos mil efectivos de Gendarmería Nacional y del cuerpo de Infantería de la Policía Bonaerense reprimieron con camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma a los trabajadores que se manifestaban en la puerta.

La historia de Cresta Roja es tristemente ilustrativa del escaso compromiso de los empresarios con los trabajadores y de las dificultades del Estado para direccionar el accionar empresario con políticas y subsidios. A principios de 2016, la planta de Cresta Roja había sido elegida por el Presidente como el escenario para anunciar la decisión de vetar a la ley andidespidos, ya que la empresa se podía mostrar como un ejemplo de que era posible generar y mantener los puestos de trabajo sin necesidad de una ley específica que prohibiera los despidos. Sin embargo, dos años después, las amenazas de reestructuración y ajuste vuelven a llenar de incertidumbre a los trabajadores y sus familias, que la única respuesta que encuentran por parte del gobierno es la represión.

Es necesario que se tome en serio el problema del empleo en la Argentina, que se protejan las fuentes de empleo, y que los conflictos laborales se encaucen por otras vías que no sean la violencia y la represión. Por eso, solicito a los señores diputados que acompañen el presente proyecto de resolución.