La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich y al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Cristian Ritondo, que informe a esta Cámara de Diputados respecto de la grave situación acontecida en la localidad de San Miguel del Monte, que concluyó con el asesinato de los jóvenes Gonzalo Domínguez (14 años), Camila López (13 años), Danilo Sansone (13 años), y Aníbal Suárez (22 años), y las graves lesiones ocasionadas a Rocío Guagiarello (13 años).

A tal fin, se formulan las siguientes preguntas a ser respondidas por las autoridades pertinentes:

1) ¿Por qué se privilegia la versión de la fuerza por sobre la investigación de la justicia?

¿Impera en Provincia de Buenos Aires aquello de "versión de la fuerza versión de verdad" que esta-bleciera la Ministra de Seguridad de la Nación ante el caso Rafael Nahuel?

2) Sus primeras declaraciones en relación al caso fueron "el procedimiento estuvo mal hecho". ¿Con-sidera Ud. que hubo un procedimiento? ¿En qué consistió? ¿Qué información tenía Ud. para fijar esa posición?

3) Ni Ud. ni la gobernadora se presentaron en Monte y recién sólo a 10 días de acaecida la masacre "invitaron" a las familias a la gobernación. Impidieron a las familias Sansone y Zarzolo concurrir con sus abogados.

¿Qué propusieron a las familias que no debiera salir de su privacidad?

4) Ante la profusión de nuevas normativas emanadas de Nación en materia de uso de armas regla-mentarias por parte de las fuerzas de seguridad, y las 26 muertes de ciudadanos en 24 días en todo el país (mayoritariamente en la Provincia de Buenos Aires) bajo circunstancias similares de modali-dad gatillo fácil e instrucción fraguada (caso Martín Coronado), ¿cuáles son las instrucciones concre-tas que se han impartido a la policía bonaerense en el patrullaje, la persecución y el uso del arma de fuego?

5) ¿Cuál es la posición del gobierno de la Provincia de Buenos Aires respecto a la resolución 956/2018 del Ministerio de Seguridad de la Nación? (La que autoriza a disparar sobre vehículos aún en fuga cuando toda la normativa -hasta el momento de su entrada en vigencia- prohibía expresa-mente esa conducta).

6) Se estima en casi un 30% los efectivos de la policía bonaerense sumariados. ¿Cuál es el estado de esas causas, cómo se resuelven y en qué plazo?

7) En lo específicamente vinculado a San Miguel del Monte, la preocupación de la población se cen-tra en la existencia de una relación sospechada de negocios incompatibles entre el poder político y la fuerza policial local. A la luz de las detenciones ocurridas y teniendo en cuenta la posibilidad de una mayor complicidad institucional, ¿Qué medidas se han tomado de cara al futuro inmediato del área de la seguridad en el Pueblo?

8) Frente a la sospecha generalizada de la existencia de un centro de distribución de droga en cerca-nías de "la curva de la Chona" -como se conoce a las proximidades del sitio en el que se produjo el choque final del auto perseguido por la patrulla- ¿Qué antecedentes tiene el ministerio de Seguridad, qué medidas se adoptaron y cuáles se adoptarán?

9) Es conocida en Monte la versión de que al pueblo suele destinarse personal policial de otras juris-dicciones desplazados por diversas situaciones irregulares. De ser así, ¿cuál es el criterio que se em-pleó para destinarlos y qué seguimiento se hizo de ellos?

10) ¿El Ministerio estaba al tanto de los hechos delictivos que se cometían a diario en Monte en el ejercicio de la función policial? ¿Qué medidas se adoptaron?

11) Se registran en el libro de guardia de la comisaría de Monte, varias detenciones de chicos de entre 8 y 14 años de edad en lo que va del año 2019. Uno de esos detenidos resultó ser Danilo San-sone, víctima fatal del accionar policial en los hechos del 20 de Mayo. ¿Qué temperamento se ha adoptado al respecto desde la Jefatura y el Ministerio?

Señor presidente:

El presente pedido de informe se ampara en el artículo 71 de la Constitución Nacional, y se realiza con la premura de necesitar respuestas urgentes ante una situación de extrema gravedad, que tiene lamen-tablemente repliques en distintos puntos del país, y sobre todo en la Provincia de Buenos Aires.

Desde esta banca de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda, junto a otros diputados, comparti-mos los interrogantes formulados y aportados por Correpi y la defensa de las víctimas, y requerimos atento a ello el presente pedido de informe.

El asesinato acontecido en San Miguel del Monte de los jóvenes Gonzalo Domínguez (14 años), Ca-mila López (13 años), Danilo Sansone (13 años), y Aníbal Suárez (22 años), y las graves lesiones ocasionadas a Rocio Guagiarello (13 años), grafican un hecho con numerosos antecedentes, pero también con situaciones que con posterioridad repitieron la escena del accionar de las fuerzas de seguridad interviniendo con violencia letal. Como señaló la Coordinadora Contra la Represión Poli-cial e Institucional (CORREPI), “en mayo, más muertes que días”. Dando cuenta de que a fecha del 24 de mayo se habían producido -según lo publicado en medios de comunicación- 26 muertes entre casos de gatillo fácil y muertes en situaciones de privación de la libertad.

Se ha instalado en la opinión pública y en el propio accionar de las fuerzas de seguridad la idea de una “Doctrina Bullrich” a partir de la cual los efectivos ante situaciones de “amenaza” arremeten contra quienes son señalados como “amenazantes”, sin privarse del uso de armas de fuego y el asesi-nato. Para mayor gravedad, y ya teniendo la sociedad que padecer la pérdida de vidas -en su mayo-ría jóvenes-, las investigaciones rápidamente desmienten la “amenaza” alegada para disparar. Así sucedió en San Miguel del Monte, pero también en la localidad de Martín Coronado, donde Diego Cagliero fue falsamente acusado de haber disparado en un intento de robo en un supermercado y luego asesinado.

Sabemos que la primera respuesta de las autoridades será dar cuenta de la separación de agentes que intervinieron en lo que son eufemísticamente señalados como “operativos mal realizados”. Pero la sistematicidad de los hechos a los que estamos haciendo referencia dan cuenta de que no se trata de errores, sino de una lógica institucional que el ejecutivo nacional ha amparado ante casos de gran visibilidad nacional como el caso Chocobar, o la persecución seguida de muerte de Santiago Maldo-nado, o el caso del asesinato de Rafael Nahuel.

Es por esto que convocamos a los/as señores/as diputados/as a acompañar la siguiente resolución, y avanzar en el pedido de informe sobre los puntos señalados.