La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Citar, para su interpelación -de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Nacional y los artículos 204, 205, 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados de la Nación- al Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Oscar Finocchiaro, y al jefe de Gabinete, Marcos Peña, en una sesión plenaria de la Cámara de Diputados, a fin de que informen públicamente y respondan las inquietudes de los legisladores nacionales, acerca de la situación de los institutos de formación docente en todo el país y la política que están impulsando en varias jurisdicciones (CABA, Mendoza, Jujuy, Tierra Del Fuego) para cerrar los mismos y reemplazarlos por universidades nacionales, como parte de una orientación que apunta a degradar la carrera docente, con carreras más cortas y la privatización de contenidos que pasarían a ser accesibles solo en instancias pagas (postítulos).

Señor presidente:

La formación docente en todo el país está atravesando una reforma profunda en su estructura, contenidos, titulaciones y trabajo docente. A partir de acuerdos federales y resoluciones del Consejo Federal de Educación se está avanzando de hecho en la aplicación del denominado Plan Maestr@ - 108 metas educativas- que lanzó el gobierno nacional durante el año 2017, en medio de una gran huelga docente en varias provincias del país.

Los anuncios contenidos en esta reforma acerca de la formación docente registran sus antecedentes en la presentación de proyectos en el Congreso – proyecto del Senador E. Aguilar-, aunque los verdaderos fundamentos están expresados en los documentos de los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial -Profesores excelentes-, y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La finalidad de los mismos es precarizar la formación docente, la descalificación de los contenidos de la educación, la eliminación del Estatuto del Docente al que identifican con un privilegio corporativo, e introducir cláusulas de ‘productividad’ y ‘mérito’ para determinar el salario docente. El presidente Macri se pronunció en ese sentido cuando, en su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, propuso la creación de un ranking de colegios en el país. Los resultados de las evaluaciones Enseñar 2017 y del Aprender 2017 son los insumos para dicho ranking.

Por otra parte, esta política constituye un ajuste presupuestario cerrando institutos, cursos, carreras para concentrar en pocas unidades y puntos del país la oferta de institutos de nivel superior.

Hay varios casos ilustrativos de esta política de avance contra la formación docente y los actuales institutos superiores.

La Ciudad de Buenos Aires está siendo conmovida por una gran resistencia estudiantil- docente contra la sanción de una ley que permite fusionar 29 instituciones de larga trayectoria académica, para remplazarlos por una universidad de carácter jurisdiccional. Lo que implicará, entre otras cosas, la eliminación de cientos de puestos de trabajo, el ataque a los contenidos del nivel y planes de estudio. A su vez, se generalizaría el negocio de los postítulos y progrados pagos, hoy gratuitos en el nivel terciario, cuya legislación prohíbe su arancelamiento.

En la provincia de Mendoza, por medio de decretos, se está aplicando esta misma política mediante cierres en institutos. En Alvear, por ejemplo, cerraron dos profesorados sin respetar la territorialidad y casi más de una docena de carreras en San Rafael, Gral. Alvear y Malargüe, corren riesgo de ser cerradas. Ligado a los cierres y a la quita de presupuesto se quiere implementar la evaluación educativa diagnóstica en los ingresos de los IES, que al igual que las pruebas estandarizadas Enseñar y Aprender, quiere crear la falacia de que el rendimiento de los alumnos es consecuencia de los docentes cuando en realidad es producto de las políticas educativas que se vienen aplicando desde hace años y que incluyen entre otros ajustes la falta de inversión en los institutos, la precarización laboral y particularmente el recorte de contenidos específicos de cada especialidad, mediante constantes reformas de los planes de estudio.

En el caso de la provincia de Jujuy, se puede apreciar con claridad la política de ajuste. Sobre la base de las resoluciones 7239/17 se procedió a cerrar las matriculaciones de varios institutos para el ciclo 2018, disponiendo de forma unilateral la reconversión de tecnicaturas en otras disciplinas.

Otro caso que resulta útil citar son los cierres en la provincia de Tierra del Fuego, que a partir de abril dieron de baja horas institucionales y horas a cuatrimestre en los IPES Florentino Ameghino y Paulo Freire, afectando de manera directa a docentes y las ofertas académicas de la institución.

En la Argentina existen 589 Institutos Superiores de Formación Docente, de los cuales 313 son privados. Muchos de ellos se ubican en regiones alejadas de las ciudades capitales y son la única oferta académica para que la juventud continúe sus estudios, ofreciendo diversas carreras. La comparación que establece el gobierno con los países de la región “Argentina tiene cerca de 30 instituciones cada millón de habitantes, que Chile tiene cuatro instituciones por cada millón de habitantes, Brasil seis, Colombia cuatro”, no repara en el alto nivel de privatización y fragmentación del sistema educativo de esos países latinoamericanos, que excluyen a la mayoría de la población de la educación pública. (Documento “Formación Docente en la Pcia. de Mendoza: desafíos para una política integral) .

El reciente acuerdo denominado “Marco referencial de capacidades profesionales de la formación docente inicial” (Resolución 337/18)), firmado por los 24 ministros de educación, junto al Ministro de Educación Nacional Alejandro Finocchiaro, que estipulan 6 capacidades desagregadas en 30 específicas, sobre la formación docente inicial nos hablan de la existencia de un plan organizado para llevar adelante una reforma en todo el territorio, cuyos resultados están movilizando a toda la comunidad educativa.

Ajuste, acreditación de los institutos que no reúnan “condiciones institucionales”, descalificación de los contenidos, reforma del régimen laboral docente, parecen ser la vía para atacar la educación pública de nivel superior.

Esta política es un eslabón más de las políticas que se vienen aplicando gobierno tras gobierno, que han degradado la educación en su conjunto. Por esa razón, consideramos que este avance sobre la educación constituye un capítulo de las reformas que se están impulsando en nuestro país, junto a la reforma previsional, laboral, y en la salud pública, y que como parte del movimiento en lucha debemos enfrentar.

El presente proyecto pretende colaborar con este movimiento en defensa de la educación pública, la formación docente y la lucha de los/as estudiantes y docentes en todo el país.

Por estos motivos, solicitamos a los diputados y diputadas nacionales el acompañamiento del presente pedido de interpelación.