La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar preocupación ante lo resuelto por el Equipo Fiscal N°14 de Resistencia, Chaco en relación al Expediente N° 1399/2019-1, respecto de los procesamientos a Débora Páez, Federico Talamona y Viviana Robles en la causa iniciada a raíz del hecho ocurrido el 21 de enero del 2019, durante una marcha en repudio por la no aplicación de la interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 12 años en Jujuy, violada por un hombre de 60 años.

Señor presidente:

El siguiente proyecto se formula a partir de la preocupación ente el procesamiento de Débora Páez, Federico Talamona y Viviana Robles. Dicha medida es tomada por el Equipo Fiscal N°14 en el marco de una causa iniciada luego de la movilización y pañuelazo del 21 de enero del 2019 en la Ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.

En el recorrido de la marcha el grupo de manifestantes pasó por el frente de la Iglesia “Centro de Avivamiento Cristiano” con total tranquilidad hasta que fueron increpados por varios miembros de la iglesia mencionada que salieron a expresarse de manera violenta hacia el grupo de manifestantes.

Luego del hecho el pastor de la iglesia Robert Acosta presentó denuncia ante el INADI y la Fiscalía Penal N ° 14 de la Ciudad de Resistencia contra Páez, Talamona y Robles bajo acusaciones infundadas de “odio religioso” y de “daños e instigación a la violencia”.

El procesamiento de Débora Páez, Federico Talamona y Viviana Robles constituye una cruzada contra quienes luchan por el cumplimiento de la legislación vigente en materia de interrupción legal del embarazo (ILE) y la legalización y despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en nuestro país. Si este hecho es juzgado constituirá un precedente que permitiría legitimar la persecución y el encarcelamiento de las organizaciones que trabajan por terminar con tantas muertes a causas de abortos clandestinos.

En nuestro país, la palabra “criminalización” de la protesta social se usa cada vez con mayor preferencia y es un abanico de opciones cada vez más amplio. La criminalización del activismo social se caracteriza por la aplicación del código penal a modalidades del activismo y de la protesta social, con el fin de debilitarla o desorganizarla. Esto corroe y tensiona el debate que debe darse en la sociedad.

La criminalización a los movimientos de mujeres que luchan por el cumplimiento de la interrupción legal del embarazo y la legalización voluntaria del mismo es una forma más de acallar las voces y estigmatizar a una gran cantidad de la población. La criminalización y la judicialización son tomadas como herramientas por las organizaciones antiderechos para obstaculizar el acceso al aborto legal lo que impide en mayor o menor medida el acceso de miles de mujeres a prácticas esenciales de servicio de salud.

Amnistía Internacional sostiene que a pesar de la clarificación del derecho aplicable, han sido numerosos los actores que continuaron recurriendo al Poder Judicial como una herramienta para obstaculizar el acceso al aborto legal. Ya sea en casos concretos de aborto legal que llegaron a la justicia porque el protocolo de atención (contrariando lo que la ordenó la CSJN) incorpora la necesidad de intervención de asesorías y éstas se encargan de judicializar el caso, o bien porque trasciende al conocimiento público por diversos motivos y organizaciones que buscan obstaculizar el derecho al aborto acuden a la justicia. Revelan también que entre los actores que impulsaron casos judiciales con fines obstructores se encuentran, en primer lugar, organizaciones anti-derechos; luego profesionales de la medicina y funcionarios/as judiciales (defensores y fiscales) y, finalmente, actores políticos partidarios, tales como referentes del partido demócrata cristiano.

Por todo lo anterior mencionado deja expresa mi preocupación y pido a mis pares que acompañen este proyecto.