La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que informe, a través del Ministerio de Agroindustria de la Nación y su organismo descentralizado Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), diversas cuestiones relacionadas con información, controles y aplicación de agroquímicos en Argentina:

1. Informe estadísticas oficiales y actualizadas sobre los resultados de los controles del SENASA efectuados en relación a los agroquímicos en frutas, verduras y hortalizas comercializadas en Argentina.

2. Detalle la cantidad de controles efectuados (lugar, fecha, alcance de las muestras) y resultados de esos controles, especificando niveles de agroquímicos detectados en frutas, verduras y hortalizas.

3. Medidas implementadas para regular y controlar la comercialización, distribución y venta de frutas, verduras y hortalizas que superan los límites máximos de residuos (LMR) establecidos.

4. Detalle acciones realizadas para mejorar la sistematización del Registro de Empresas Aplicadoras de Agroquímicos Terrestres y Aéreas, y cumplimentar la condición de obligatoriedad.

5. Indique si se han aplicado sanciones, de qué tipo y a qué empresas, por incumplimiento de empresas que no estén registradas pero igualmente operen en territorio nacional.

6. Explique las tareas de promoción de la salud para las personas expuestas al uso de sustancias agroquímicas, con propósito de promover la salud pública.

7. Especifique cantidad de hectáreas de cultivos transgénicos fumigadas, y cuántas provincias abarca. Al respecto, indicar cómo han resuelto la aplicabilidad de las normas y controles con legislaciones municipales dispares.

Señor presidente:

Los agroquímicos, denominados plaguicidas, son sustancias que tienen la finalidad de controlar, prevenir o destruir cualquier plaga, incluyendo aquellos transmisores de enfermedades humanas. Pueden ser insecticidas, fungicidas, avicidas, acaricidas, nematicidas, vermicidas y herbicidas.

El plaguicida que se esparce por el campo termina incorporándose al ciclo de la naturaleza. Cuando los niveles de toxicidad son altos, los químicos no se disuelven naturalmente y son el alimento de otras especies que pueden ser consumidas por otros animales o el hombre o incorporarse a las plantas.

En Argentina, las modalidades de uso -y abuso- de estos productos, especialmente aquellos vinculados a la agricultura, están asociados también a diversos efectos adversos en la salud humana y en el ambiente.

Promover las condiciones de uso seguro y controlado de estos productos es una responsabilidad estatal, y un compromiso internacional asumido en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara al año 2030. Como Nación, debemos arbitrar los medios para garantizar la gestión adecuada de los productos químicos y los residuos, meta específica dentro del ODS Nº 12, que persigue la “Producción y Consumo responsable”. Este objetivo establece que el crecimiento económico debe entenderse de la mano de un desarrollo sostenible, que permita reducir la huella ecológica “mediante un cambio en los métodos de producción y consumo de bienes y recursos”. De igual forma, este ODS indica claramente que “la gestión eficiente de los recursos naturales compartidos y la forma en que se eliminan los desechos tóxicos y los contaminantes son vitales para lograr este objetivo” y que para ello “es importante instar a las industrias, los negocios y los consumidores a reciclar y reducir los desechos”.

En relación a los productos químicos y agroquímicos, la meta 12.4 del ODS antes mencionado nos compromete a “lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente”. De modo que, en lugar de continuar aumentando los niveles y límites máximos de residuos en los productos y subproductos agropecuarios para consumo interno, esto debiera controlarse y reducirse gradualmente.

La gestión adecuada de los productos químicos y residuos también está relacionada con todos los aspectos de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible, se refleja explícitamente en el ODS Nº12, pero se relaciona de forma implícita con los demás objetivos: como la erradicación de la pobreza, la agricultura, los océanos, el trabajo decente y el cambio climático.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ratificó la relación entre el uso de agroquímicos, plaguicidas, herbicidas, insecticidas y fungicidas con efectos tóxicos, agudos o crónicos en la salud humana. Según la OMS, “el uso extendido de estos productos ha causado problemas de salud y muertes en muchas partes del mundo, por lo general como consecuencia de la exposición laboral y la intoxicación accidental o deliberada”.

Pese a los pronunciamientos y advertencias de la OMS, en los últimos años en Argentina aumentó el uso de agroquímicos, y específicamente del glifosato. Justamente, uno de los herbicidas señalados como "probable cancerígeno para los seres humanos" por esta Organización.

En 2012, la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó una auditoría a la SENASA, organismo encargado ejecutar políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal, vegetal e inocuidad de los alimentos, de registrar y autorizar los principios activos y productos agroquímicos utilizados en la actividad agropecuaria, de clasificarlos según su toxicidad y llevar registros de empresas productoras y aplicadoras de los mismos.

El informe, aprobado por Resolución Nº85, tuvo como objeto analizar la gestión en el registro, autorización y restricciones en el uso de agroquímicos. El período analizado fue enero 2008 a junio de 2011. Las tareas de campo se desarrollaron entre junio de 2011 y enero de 2012.

En aquel momento, el informe de la AGN indicó que los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren “22 millones de hectáreas” pertenecientes a las “provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes”. En esa región viven 12 millones de habitantes, sin contar la población de las grandes ciudades de cada provincia.

En ese momento, el organismo auditado no pudo refutar las observaciones que hizo el organismo de control. El informe fue lapidario. Entre sus observaciones, la AGN señaló que:

1. El Registro de Empresas Aplicadoras de Agroquímicos terrestres y aéreas “es incompleto y parcial” ya que pese a que la inscripción es obligatoria en la práctica opera como voluntaria.

2. “No hay una base de datos integrada, completa y sistematizada” con la información de todas las empresas registradas. “Solo cuentan con tres listados separados y con diseños diferentes” explicaron los auditores.

3. A su vez, las empresas no cumplen con todos los requisitos legales exigidos para la inscripción y “tampoco existe una notificación de la Administración requiriendo su cumplimiento”. Tampoco se aplican sanciones a empresas incumplidoras.

4. Además, se indicó que “No hay control cruzado entre este registro nacional y los registros provinciales en la materia. La AGN notó la “ausencia de coordinación con las autoridades provinciales y/o municipales”.

Desde ese informe, la AGN no volvió a auditar la SENASA. Sin embargo, vemos las consecuencias sociales de la aplicación desmedida y descontrolada de productos que han sido prohibidos en otros países, pero continúan utilizándose en nuestro país. Sabemos también de decisiones en forma de resoluciones que se toman desde Agroindustria, y se retrocede por la presión social, pero solo por un año: como fue el caso de la Resolución Nº 246/18 de la Provincia de Buenos Aires que habilitaba las fumigaciones cercanas a escuelas rurales, bancos de agua y pueblos. Por mencionar un ejemplo.

También, podemos hablar de la provincia de Mendoza, que el año pasado sufrió la pérdida de fauna y flora por envenenamiento con carbofuran. O en Jujuy, donde en 2017 19 cóndores murieron por la misma causa.

La contaminación por agroquímicos es una intoxicación silenciosa y mortal. La exposición repetida y crónica a sustancias tóxicas produce daños irreversibles, y si no existe un control articulado y consistente sobre los intereses comerciales se vulnera y perjudica el derecho humano a la salud, de las generaciones presentes y de las futuras.

Por este motivo y los argumentos desarrollados, pido a mis pares que me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.