La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Repudiar el aberrante accionar de la policía bonaerense en la localidad de San Miguel del Monte que concluyó con el asesinato de los jóvenes Gonzalo Domínguez (14 años), Camila López (13 años), Danilo Sansone (13 años), y Aníbal Suárez (22 años), y las graves lesiones ocasionadas a Rocio Guagiarello (13 años). Un hecho más del llamado gatillo fácil.

Exigimos cárcel para todos los autores materiales y que se juzgue y castigue a los autores intelectuales y políticos del mismo, en especial a la ministra Patricia Bullrich, que viene fomentando la “libertad” policial para asesinar, impulsando políticas que amparan la práctica de las ejecuciones sumarias por parte de las fuerzas represivas con la “Doctrina Chocobar”, la resolución 956/18 y la felicitación ante cada efectivo que balea por la espalda.

Por último, la HCDN se pronuncia por la completa solidaridad con las familias de las víctimas y su reclamo de justicia.

Señor presidente:

Gonzalo Domínguez (14 años), Camila López (13 años), Danilo Sansone (13 años), y Aníbal Suárez (22 años), deberían estar hoy con sus familias y amigos, jugando, rapeando, viviendo la vida que llevaban en San Miguel del Monte. Rocio Guagiarello (13 años) no debería estar -como lo está al momento que escribimos este proyecto- enfrentando heridas gravísimas sobre su cuerpo. Pero un nuevo crimen policial arremetió contra sus vidas el lunes 20 de mayo en San Miguel del Monte.

La masacre de San Miguel del Monte les arrebató la vida a cuatro jóvenes como resultado del accionar de la Policía Bonaerense. Una persecución y tiroteo sobre el auto Fiat 147 concluyó con un choque en el que perdieron la vida en el kilómetro 11 de la colectora 9 de Julio, en la entrada de la Ruta 3.

Este nuevo hecho ratifica que en nuestro país las víctimas del gatillo fácil son cada vez más, y cada vez más contra los jóvenes. Cada 23 horas en el país se pierde una vida por el gatillo fácil, y el 51% de los casos acontece en la Provincia de Buenos Aires.

La masacre de San Miguel del Monte intentó primero ser cubierta como un accidente de tránsito, pero aparecieron los casquillos de balas y el testimonio de los vecinos que escucharon los zumbidos de los disparos. Luego se intentó hacer pasar como persecución a un auto de delincuentes. Eso intentó instalar la policía local a través de sus propios testimonios y de informes que se demostraron falsos. La intendenta, Sandra Mayol, se hizo eco de esas versiones. Pero los primeros pasos de la investigación dieron por tierra con ese relato: se trató liza y llanamente del asesinato de 4 jóvenes que no habían cometido delito alguno.

La masacre de San Miguel del Monte, una vez que se posó la atención pública sobre ella, fue tan atroz y explícita, que acá la ministra de Seguridad Patricia Bullrich no se atrevió a decir “no vamos a tirar un efectivo por la ventana”, como lo hizo ante la persecución que culminó con la muerte del joven Santiago Maldonado en el sur del país. El ministro de Seguridad bonaerense reconoció los disparos y habló de un “procedimiento muy mal hecho” ante el insistente reclamo de justicia del pueblo. Al día de hoy han sido detenidos más de una decena de efectivos y el secretario de seguridad de la comuna.

La masacre de San Miguel del Monte no fue un crimen aislado. Según consta en medios gráficos, y a partir de los testimonios de los abogados de algunas de las víctimas, el crimen se enlaza con otros relacionados con el llamado “narcomenudeo”. Se estaría fortaleciendo la versión de que la persecución tuvo como desencadenante que las víctimas habrían presenciado algún hecho que los efectivos intentaron acallar a como dé lugar (Página12 27/7/19). Y de que las víctimas habrían sido coimeadas por la policía. Una vez más, las fuerzas “de seguridad” se ven enlodadas con el narcotráfico y la corrupción, apañados por los políticos de turno y la justicia.

La masacre de San Miguel del Monte, no fue un crimen aislado, también en un segundo sentido. La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ha lanzado en los últimos tiempos una campaña de defensa de las ejecuciones sumarias. La llamada “Doctrina Chocobar”, la celebración por parte de la ministra a distintos efectivos que tomaron por método disparar por la espalda a sus víctimas (como el caso de Rafael Nahuel, simulando un enfrentamiento armado cuando quedó demostrado que un prefecto lo asesinó por la espalda) y la resolución 956/18 que dispone la reglamentación de la autorización a disparar sin dar la voz de alto y sin que medie “agresión previa”, son todos elementos que sirven de paraguas a crímenes como el que se cobró la vida de estos cuatro jóvenes. La Cámara de Diputados tiene que tomar este hecho como detonante para pronunciarse por el fin de este apañamiento gubernamental al gatillo fácil.

La masacre de San Miguel del Monte fue eso, una masacre. Y como tal merece una respuesta de justicia, merecen castigo a sus responsables materiales y políticos, en este caso, contra la juventud y las barriadas populares.