La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo, a los efectos de solicitarle a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la Agencia Nacional de Armas y Materiales Controlados (ANMac), informe sobre diversas cuestiones relacionadas con la tenencia y portación de armas y materiales controlados. A saber:

1) Cantidad de trabas registrales impuestas a personas denunciadas por violencia de género y cantidad de solicitudes rechazadas por la existencia de una denuncia por violencia de género en el marco de los convenios entre la ANMAC, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales y el Consejo Federal de Política Criminal.

2) Cantidad de armas incautadas con motivo de que su tenedor o poseedor hayan recibido una denuncia por violencia de género.

3) Cantidad de credenciales de legítimo usuario revocadas con motivo de que su titular haya recibido una denuncia por violencia de género.

Señor presidente:

Este pedido de informes se enmarca en una problemática que no desaparece: la necesidad de reducir la violencia social por el uso y acceso a las armas de fuego.

El Registro Nacional de Armas, ex autoridad de aplicación que coordinaba el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, describía que el 64% de los homicidios dolosos en Argentina no se da en ocasión de robo ni delito; en el 54% de los homicidios se utiliza un arma de fuego; y que el 27,2% de los homicidios, accidentes o suicidios ocasionados con armas de fuego ocurren en la vivienda.

Es conocido que las armas de fuego en manos de civiles aumentan el circulante de armas ilegales, en buena medida provenientes del robo y hurto de armas registradas en casas particulares. Además, aumenta el riesgo de resultar herido/a o morir, ya sea ocasión de delito o en la resolución violenta de conflictos interpersonales, problemática que afecta principalmente a las mujeres.

En otras palabras el riesgo es que ocurran accidentes dentro del hogar o que las armas sean utilizadas en contextos de violencia familiar o de género. Mujeres, niñas, niños y adolescentes son las potenciales víctimas de situaciones donde el arma es un instrumento para amenazar o agredir.

Un estudio de 2017 (1) del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) sostiene que “en Argentina, la sociedad civil –principalmente a través de la Red Argentina para el Desarme-, lleva más de una década de trabajo intentando instalar en la agenda pública la discusión y la necesidad de avanzar con políticas en torno al control de las armas de fuego. Por otro lado, a través de otros actores sociales en el último tiempo nucleados en el colectivo Ni Una Menos-, también se ha logrado incorporar en la agenda pública la importancia de la lucha contra todas las formas de violencia de género. Sin embargo, no ha habido hasta el momento una articulación relevante entre ambos temas, ni en la producción académica, ni en materia de políticas públicas”.

El informe presenta además los siguientes datos sobre el caso argentino:

En materia de armas, Argentina es uno de los países de la región con una política pública de Control de Armas y Desarme instalada en la agenda política nacional hace más de 10 años. Esta política comenzó con la puesta en marcha del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego -Ley 26.216- y continuó con varias reformas institucionales que culminaron con la sanción de la Ley 27.192 en octubre de 2015, que creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

En esta línea, la ley orgánica de la ANMaC ubica entre sus funciones el establecimiento de sistemas de control ciudadano para las autorizaciones que la agencia otorgue, contemplando especialmente mecanismos que contribuyan a la prevención de la violencia de género.

Al respecto, dos resoluciones avanzaron en materia de control ciudadano. La primera, Resolución 373/13 del Ministerio de Justicia, estableció el Procedimiento de Participación Ciudadana por Oposición para la Autorización de Tenencia o Portación de Armas de Fuego; y luego se aprobó la Resolución ANMaC 9/16 que en reemplazo de la anterior implementó el “Sistema de Control Ciudadano para Autorizaciones que otorgue la Agencia Nacional de Materiales Controlados”. El procedimiento consiste en que la Agencia debe publicar en su web oficial todas las solicitudes de obtención de la condición de legítimo usuario individual de armas y las solicitudes de portación de armas de fuego. Esas solicitudes podrán recibir oposiciones por parte de cualquier ciudadano siempre que se dé alguna de las causales previstas en la resolución; entre ellas, “la existencia de causa o causas penales en los que se investigue o se hubieren sancionado (…) hechos de violencia intrafamiliar o de género, que tengan como autor al solicitante, con prescindencia que en los mismos se hubiere utilizado arma de fuego alguna”.

Para INECIP si bien ambas resoluciones persiguen un buen objetivo, “es realmente dudoso que el mecanismo resulte apropiado, debido a que sólo opera en el periodo previo al otorgamiento del permiso y por un breve lapso de tiempo. Se desconocen, además, los resultados de la implementación de esta medida”.

Asimismo, entre 2016 y 2017 la Agencia ha celebrado convenios con el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, el Consejo Federal de Política Criminal y con distintos Ministerios Públicos provinciales. Estos acuerdos tuvieron como objeto que las fiscalías notifiquen periódicamente a la ANMaC acerca de las causas que involucren delitos vinculados a violencia de género, a los fines de que la Agencia revoque las autorizaciones de tenencia o portación que las personas investigadas posean, o bien implemente una traba registral para aquellos que no sean usuarios y quisieran iniciar un trámite ante el organismo para obtener el permiso.

En función de este contexto es que presento este pedido de informes, a la espera de obtener información oportuna para mejorar y desarrollar políticas públicas que efectivamente problematicen la relación entre la tenencia, portación y uso de armas de fuego y la violencia de género.