La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su preocupación y su repudio por la decisión de las autoridades de la Sociedad del Estado Casa de Moneda, dependiente del Ministerio de Hacienda de la Nación, a cargo del licenciado Nicolás Dujovne, de despedir a, al menos, quinientos trabajadores y trabajadoras de la empresa, varios de ellos de planta permanente, e incluso algunos con discapacidades, en tres tandas desde comienzos de diciembre del año 2017.

Manifestar su solidaridad con los trabajadores y las trabajadoras y advertir que este acto forma parte de una estrategia de eliminación masiva y sistemática de empleo público en el marco de una política definida de vaciamiento del Estado en beneficio de sectores empresariales privados.

Señor presidente:

A comienzos del corriente año 2018 ha trascendido la preocupante situación que se atraviesa en la Sociedad del Estado Casa de Moneda, en la que, desde principios de diciembre del año 2017, se iniciara una serie de despidos, que, a la fecha, y en tres tandas distintas, llegan a la cifra de quinientos. Fuentes internas de la empresa hablan de mil cien trabajadores y trabajadoras menos en su plantilla, entre esos despidos y un programa de retiros voluntarios abierto desde la asunción presidencial del ingeniero Mauricio Macri.

En efecto, se sabe que el gobierno asumido en diciembre de 2015 tiene por objeto, en sus propias palabras, reducir el peso del Estado, lo que en realidad significa privatizar funciones públicas que debieran ser indelegables. Casos como el del INTI y el reciente dictado del DNU 27/2018, conocido popularmente como mega-DNU, dan cuenta de esto. Se trata de abrir oportunidades de negocios para el empresariado privado con, por caso, y en su mayoría, procedimientos de control que ejecutaba o ejecuta el Estado como único garante posible del interés común.

Ello supone peligros enormes para la ciudadanía, por la atribución de tareas sensibles para el bien común a privados, que no se condicen con los criterios de rentabilidad que por naturaleza guían a estos últimos. El correcto ejercicio de la función pública no se mide por esos criterios, que podrían llevar a descartar acciones que, sin embargo, resultan imprescindibles.

En el caso de la Sociedad del Estado Casa de Moneda hablamos nada menos que de, entre otras cosas, la emisión y acuñación de nuestro signo monetario nacional, uno de los rasgos distintivos para cualquier Estado de su condición de tales. El ingreso de privados a dicha operatoria ha sido fuente de problemas graves en el pasado y de seguro volvería a serlo si se incurriera de nuevo en ello.

De hecho, desde adentro de la misma empresa ya se cuenta de las cesiones a otras empresas del rubro gráfico de algunas de las impresiones que realizaba Casa de Moneda y de traslado de personal hacia otras dependencias.

No puede interpretarse de otra manera la ola de despidos que se está registrando en dicha empresa pública. En el contexto, además, de miles de otras reducciones de personal en incontable cantidad de dependencias estatales que incluso están diseñadas programáticamente a los fines del achicamiento arriba mencionado a partir de la creación especial para la tarea de un ministerio específico, como lo es el de Modernización, cuyo objeto básico es planificar el desguace del Estado más allá del loable postulado de su denominación. Tal la costumbre de la actual administración, que suele titular de un modo aplaudible como forma de intento de ocultamiento de legislaciones inconstitucionales, injustificables y vergonzantes.

Los despedidos, además, dan cuenta de un marco persecutorio que se traduce en “aconsejar” a los propios trabajadores o a sus delegados de aceptar los retiros que de ese modo dejan de ser voluntarios, lo que luego redunda en debilitamiento de las luchas gremiales en defensa de los cesanteados porque se teme a que las medidas sean aún más gravosas para quienes logran evitar la mala noticia. Otra de las excusas que suele dar el gobierno nacional a la hora de deshacerse de empleo público es que se encarga sólo de quienes habrían sido ocupados de modo supuestamente ficticio por el anterior Poder Ejecutivo en sus últimos días. No es el caso del que hablamos aquí, en que los despidos han afectado a gente con hasta una década de servicio.

Por último, resulta especialmente elocuente en función de lo hasta aquí expuesto que la vicepresidencia de Casa de Moneda sea ocupada hoy por el ingeniero José Luis Lacoste, hermano de Pedro Lacoste, ex secretario de Política Económica de la actual administración. José Luis Lacoste fue parte del directorio de la ex Donnelley, otra gráfica, liquidada recientemente, proceso en el que se le atribuyen responsabilidades al ahora funcionario (durante ese período hubo una política de tercerización y subcontratación de empleados, cual ahora sucede en Casa de Moneda), a quien se caracteriza como especialista en vaciamiento y liquidación de firmas.

Además, Lacoste ya ha estado involucrado en cuestiones polémicas en su actual función, en lo relativo a la impresión de los padrones electorales del año 2017 (http://www.lapoliticaonline.com/nota/103828/).

En suma, una serie de hechos que dan cuenta de una situación preocupante.

Por los motivos expuestos, y por los que desarrollaremos oportunamente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución..-