La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del organismo que corresponda, informe a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación acerca de los puntos que a continuación se detallan, vinculados con el desarrollo de actividades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA):

1) Si existe un plan de achicamiento del SENASA a nivel nacional y, de ser el caso, explicite su motivación y cómo ha sido planificado.

2) Cuál ha sido el resultado del relevamiento anunciado con relación al número de oficinas en el territorio nacional y el gasto que representa el pago de alquileres de aquéllas.

3) Precise cuántas oficinas en las que desarrollaba actividades el SENASA han sido cerradas desde el 1° de enero de 2017 y si han sido relocalizadas.

4) Señale en qué situación se encuentran los trabajadores de las oficinas que hubieren sido cerradas y, en particular, los de la Provincia del Chubut (afectados por la no renovación de contratos de paratécnicos y administrativos que cumplían funciones en el Plan Sanitario).

5) Si han sido transferidas a entes privados tareas de prevención y de control que efectuaba el SENASA. En su caso, detallar cuáles.

6) Habida cuenta de que, a partir del 4 de diciembre de 2017, el SENASA ha dejado de cobrar el pago del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) en efectivo o con cheque en sus oficinas locales, indique si desde el organismo se ha implementado alguna alternativa para aquellas personas que no pudieran acceder a internet para cumplimentar lo exigido por la autogestión a través del Sistema Integrado de Gestión de Administración (SIGSA), no contaran con una sucursal de las entidades habilitadas para realizar el pago y las oficinas más cercanas del SENASA no tuvieran habilitado el servicio de posnet.

Señor presidente:

Motiva el presente proyecto la preocupación existente respecto del actual desarrollo de actividades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo descentralizado, dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, “encargado de ejecutar las políticas nacionales en materia de sanidad y calidad animal y vegetal e inocuidad de los alimentos de su competencia, así como de verificar el cumplimiento de la normativa vigente en la materia.” (http://www.senasa.gob.ar).

El Poder Ejecutivo ha anunciado una política de desburocratización del Estado y, en este marco, ha dispuesto distintas medidas que afectan al sector agroalimentario. Así, a través del Decreto 27/18, ha derogado 15 leyes y decretos-leyes. El Capítulo I, en su artículo 1° establece: “Deróganse las Leyes Nros. 2.268, 2.793, 3.708, 4.863 y 25.369, los Decretos-Leyes Nros. 15.245 de fecha 22 de agosto de 1956, 2.872 de fecha 13 de marzo de 1958 y 7.845 de fecha 8 de octubre de 1964, los Decretos Nros. 89.048 de fecha 26 de agosto de 1936, 80.297 de fecha 21 de diciembre de 1940, 5.153 de fecha 5 de marzo de 1945, 12.405 de fecha 11 de junio de 1956, 5.514 de fecha 29 de junio de 1961, 647 de fecha 15 de febrero de 1968 y 2.628 de fecha 15 de mayo de 1968.”

Asimismo, el Poder Ejecutivo ha anunciado la implementación de nuevas formas de gestionar trámites, argumentando el compromiso por facilitar la tarea al sector productivo en cuanto a su cumplimiento, sin que sea necesario que concurran personalmente a las oficinas. Una de las medidas consistió en que el SENASA dejó de cobrar el pago del Documento de Tránsito Electrónico (DT-e) en efectivo o con cheque en sus oficinas locales desde el 4 de diciembre de 2017. En la actualidad, el pago puede realizarse a través del débito en cuenta (previa adhesión del CBU al sistema de pago directo Sistema Integrado de Gestión de Administración –SIGAD-), o por Interbanking (adhiriendo la entidad bancaria al sistema). También existe la opción de pago a través de tarjetas de débito y crédito en aquellas oficinas del SENASA que tengan servicio de posnet o con la orden que emite el SIGSA en Pago Fácil, Rapipago o Banco Nación. Sobre este particular, productores han manifestado dificultades para cumplimentar lo requerido, ya sea por falta de conectividad o mala señal de internet, así como por no estar disponible el servicio de posnet en las oficinas cercanas ni encontrarse sucursales habilitadas para realizar el pago. Ello ha generado que productores deban recorrer grandes distancias a efectos de cumplimentar el trámite.

Es de destacar que ha sido de público conocimiento que oficinas del SENASA, destinadas a la gestión de trámites que requieran los productores agropecuarios, exportadores, importadores y otros usuarios en general, han sido cerradas, tras ser informado que la suma de pagos de alquileres era muy elevada. Tal es el caso de la oficina de Alta Gracia, Córdoba. En este sentido, el SENASA ha comunicado que se encuentra en un proceso de mudanza de sus oficinas en el interior del país a sociedades rurales, cooperativas y otras organizaciones vinculadas con el sector, fundado en el ahorro de pago de alquileres. No ha sido informado de manera oficial si las oficinas cerradas han sido relocalizadas, respetando la fuente laboral de sus trabajadores.

Con relación a la situación particular de los empleados del SENASA en la Provincia del Chubut, la Federación de Sociedades Rurales del Chubut ha expresado su preocupación ante la no renovación de contratos de paratécnicos y administrativos a partir del 31 de marzo de 2018, quienes prestaban servicio en el Plan Sanitario provincial, principalmente, en zonas alejadas, cuya presencia resultaba indispensable para asegurar los logros del sistema de sanidad animal, que ha permitido tener una provincia libre sarna ovina, anemia infecciosa equina y otras enfermedades. Lo anterior constituyó una reiteratoria de lo manifestado por dicha Federación en la reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), sin que las autoridades hubieran accedido a reconsiderar la medida. En igual sentido se expresó la Dirección de Sanidad Animal de la provincia, la cual destacó que los empleados poseían una antigüedad promedio de doce años y que habían recibido capacitación técnica específica, siendo los profesionales idóneos para desarrollar esas tareas.

Finalmente, existe preocupación ante una posible transferencia de funciones de control zoofitosanitarios a entes privados. No debe soslayarse que, mediante Resolución N° 37/2017 del SENASA de fecha 26 de enero de 2017, éste se ha retirado del control de productos y subproductos de granos en puertos, el que ha pasado a quedar en manos de las propias empresas privadas.

Por los motivos expuestos, dada la importancia de la labor del SENASA para garantizar los procesos para la obtención de alimentos inocuos que consume la República Argentina y la comunidad internacional a quien se exporta, solicito a mis pares el acompañamiento de este Proyecto de Resolución.