La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar el más profundo repudio y la más seria preocupación, por los allanamientos llevado adelante el día 6 de mayo del 2019 sobre el Sindicato de Choferes de Camiones a los pocos días de una medida de fuerza, con cuestionables antecedentes donde tomaron intervención los organismos de inteligencia; que resultan lesivos y contrarios a las normas internacionales y la autonomía de las organizaciones gremiales.

Señor presidente:

En el día de ayer el Poder Ejecutivo Nacional ha avanzado en su desembozada búsqueda de disciplinamiento a los adversarios políticos a su programa socioeconómico de ajuste y sometimiento al Fondo Monetario Internacional.-

En el marco de una causa amañada, con la reciente sustitución de actores judiciales que resultaban independientes y no permeables a las operaciones de inteligencia impulsadas desde el Poder Ejecutivo Nacional, y –ahora- con nuevos impulsos para poder afectar a los dirigentes gremiales Hugo Antonio y Pablo Moyano; se dispuso la realización de numerosos allanamientos a distintas sedes del Sindicato de Choferes de Camiones. En las mismas participaron más de 150 efectivos de la Gendarmería Nacional, un despropósito –costoso e innecesario- a todas luces.

Los hechos señalan la grave violación a la libertad sindical que significan a la luz de la normativa internacional. Pero esto no debe sorprendernos, pues este gobierno ha sido constante en violentar los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales.-

Estos actos procesales ilícitos, se pueden entender claramente a la luz de otros tantos hechos –grave-s que vienen rodeando a esta causa judicial. Hace algunos meses el Dr. Luis Carzoglio, Juez de Garantías de Avellaneda, que llevaba adelante las actuaciones, fue objeto de una operación ilegal instrumentada desde el seno del organismo de inteligencia dependiente del Poder Ejecutivo Nacional. El magistrado denunció que dos agentes pertenecientes a la Agencia Federal de Inteligencia (Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascual) lo visitaron en su despacho oficial para pedirle la detención del dirigente sindical Pablo Moyano. La impunidad con la que actuaron los agentes es tal, que hasta confeccionaron y le entregaron para su uso los borradores de los escritos que debía firmar el magistrado. En la reunión llevada adelante, invocaron–además- que el propio Presidente de la República, estaba interesado en la detención del dirigente sindical.

En esta reunión se intentó lograr el encarcelamiento Pablo Moyano, quién es objeto de una manifiesta persecución política por parte del gobierno. Con posterioridad a que el Juez haya dictado la resolución que no hizo lugar a la detención del sindicalista, la familia del funcionario judicial fue objeto de amenaza de muerte. Además, y como castigo al Juez independiente –y díscolo del poder- , se le activo un viejo pedido de jury que se encontraba sin ninguna actividad hasta ese momento.

Expresamos en esa oportunidad, que : “Decir que esto que se narra es vergonzoso, es poco. Lo que debe alarmarnos es que estas operaciones fuera del orden constitucional se promueven y amparan desde el propio PEN. Son operaciones fuera del estado de derecho que transitan el país paralelo de los servicios de información, donde un ciudadano no es una persona con derechos sino un objeto mas que debe hacer o soportar lo que los que mandan en ese país paralelo han decidido. Reitero, lo grave es que ese espacio paralelo, es conducido desde un organismo dependiente del propio PEN”.

El día 4 de abril próximo pasado, concurrieron a la Comisión Bicameral de control de los organismos del Escribano Gustavo Arribas y la ex Diputada Silvia Majdalani , que son los máximos responsables de la Agencia Federal de Inteligencia , y ante la requisitoria relacionada a la presencia de los agentes en el despacho oficial del Juez Carzoglio, el máximo responsable reconoció la concurrencia de aquellos en el Juzgado.Las máximas autoridades de la AFI, dependiente del PEN, reconocieron formalmente que realizan visitas a Jueces y se les solicitaban la anticipación de las medidas judiciales que se van a tomar.-

En otros momentos ya hemos puesto en conocimiento de actuaciones judiciales donde se investiga la posible existencia de un plan sistemático que tiene por objeto influenciar por medio de distintos mecanismos, a aquellos funcionarios judiciales que tienen bajo su competencia causas judiciales contra dirigentes sindicales, para perjudicarlos. Se han presentado a la justicia múltiples elementos que permiten apreciar la existencia de justificadas sospechas por las que numerosos funcionarios del Gobierno Nacional han tenido reuniones con Magistrados y/o Fiscales intervinientes en causas vinculadas a representantes sindicales y sociales que son adversarios políticos del PEN.

Los allanamientos de ayer, lesivos y contrarios al orden internacional , son un paso más en esta escalada que se denuncia.

También debemos tener presentes las razones que impulsan estas decisiones. La persecución contra el dirigente - al igual que con otros tantos del ámbito sindical, social y político - se ha profundizado a partir de la firme oposición ejercida al paquete de reformas legislativas impulsada por el Gobierno nacional, destacándose como uno de los momentos más simbólicos de esta oposición, las declaraciones públicas del dirigente en las que expresó que debía movilizarse contra el paquete de reformas laborales para que en nuestro país no se produjera otra ley Banelco, aludiendo a la bochornosa ley 25.250 aprobada durante el Gobierno del ex presidente Fernando De La Rúa y el escandaloso debido a las denuncias de coimas en el senado de la Nación.

Reiteramos aquí lo dicho en otras oportunidades, “debemos advertir que la persecución mediática y política que se está llevando adelante -realizando conductas delictivas en desmedro de funcionarios del poder judicial, afectando su independencia, y erosionando a la república- son otro intento más para logar el debilitamiento del movimiento obrero. El motivo real que las impulsa todo esta ingeniería de aprietes mediáticos e institucionales es claro, sacar del escenario político a los actores sociales que los enfrentan y ponen en serio riesgo sus políticas de ajuste”.

Estos actos que se denuncian y rechazan , violenta los principios más elementales que sostienen a un estado republicano y a los tratados internacionales que ha firmado el estado nacional. Las consecuencias lesivas que han inevitablemente de caer sobre las instituciones y nuestra población, deben ser evitadas a tiempo. En razón a todo lo expuesto, es que solicito al resto de los legisladores para que acompañen la presente iniciativa.-